robos, borrachos y poca colaboración con las víctimas de los terremotos

El despliegue de agentes de la Guardia Nacional Bolivariana y de otras fuerzas de seguridad como la temida DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) buscó evitar más saqueos en las zonas afectadas por los terremotos en Venezuela. Pero se volvió un boomerang contra el régimen. Los damnificados por los sismos se enfrentan cada vez más a unas fuerzas de seguridad que no solo no colaboran en los rescates, sino que además aparecen ebrios o son capturados por los vecinos cuando intentan robar pertenencias. Ya hay cuatro agentes detenidos y la viralización de los videos genera bronca entre los sobrevivientes.

Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, intentó dar muestras de que aún controla el territorio. Tras una ola de saqueos horas después de los terremotos en La Guaira, montó un operativo que plagó de uniformados las calles de ese estado costero.

En lugar de solo controlar los comercios, Cabello desplegó a sus hombres a lo largo de avenidas y calles donde había edificios destruidos y personas atrapadas entre placas de hormigón. Fue la primera irritación de los vecinos que vieron uniformados parados cuando ellos desesperados movían escombros.

En las primeras horas posteriores a los sismos, mucha gente viajó desde Caracas a La Guaira para colaborar. Se vieron escenas de avenidas colapsadas y miles de motos y vehículos que obstaculizaban el paso de ambulancias.

Recién 48 horas después de la tragedia Cabello anunció la militarización de La Guaira con dos argumentos: evitar saqueos y reordenar el tránsito. Miles de agentes fueron desparramados a lo largo de la autopista de tres carriles, que une la capital venezolana con la costa.

Con fusiles, y en muchos casos encapuchados, desde el viernes pasado participan de retenes, controles de tránsito, bloqueos. Pero cuando entre los escombros todavía había gente viva -aún hay casos en los que todavía hay señales de vida-, el Estado no llegó para ayudar en la remoción.

“El gobierno nos ha dado la espalda. Muchas personas se murieron por su incapacidad, porque no colaboraron. Debe poner a los militares con una pala en lugar de con un fusil. Tiene armas como si fuéramos a matar a nuestros familiares heridos”, le dice Ana García a Clarín. Habla en la caja de una camioneta en Caraballeda, una de las zonas más afectadas, después de trabajar sobre los cascotes todo el día.

Los testimonios con críticas sobre los tiempos de acción del gobierno se multiplican. Cuando en los barrios hay conflictos entre los vecinos y los operarios de las retroexcavadoras, las máquinas requeridas con urgencia, algunos agentes de la Guardia Nacional no intervienen. Olfatean que hay mucho enojo.

Pero otros, en cambio, cuando se meten es para cometer delitos. En las redes sociales se viralizan videos de uniformados en moto con cajas de electrodomésticos que son escrachados por otros motociclistas.

Son productos de comercios que quedaron destrozados por los terremotos. Tanto en Playa Grande de Catia La Mar como en Caraballeda, algunos de esos locales fueron tapiados. En los frentes se puede leer la leyenda: “Ya fui saqueado”, para ahuyentar a los ladrones, que también pueden ser guardias.

Uno de los videos más viralizados tiene como protagonistas a agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). “Mi nombre es Melisa Páez, estamos en el edificio Vallarta, en Playa Grande, soy periodista. Seis CICPC, buscando plata, no quieren ayudar paralizando la búsqueda”, arranca el video.

Se ve al uniformado rodeado de mujeres que le gritan “sinvergüenza”, mientras le quitan una bolsa con dólares que se quería llevar. Se los rompen y se ve a los billetes tirados en el piso.

Como resultado de la viralización, cuatro agentes quedaron detenidos. “(Estos) funcionarios, desviándose de sus deberes y aprovechándose de las labores de rescate y asistencia humanitaria, actuaron de manera indecorosa al apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros”, señaló Douglas Rico, director del CICPC.

Los videos causan indignación en una población golpeada. No logran reponerse de la tragedia en la que con sus propias manos remueven escombros para buscar a sus familiares. Aún cuando en muchos casos ya saben que están muertos. Desde arriba de los montículos de hormigón y hierros retorcidos ven a los uniformados con fusiles parados en la calle.

Cuando la gente se cansa de remover, hace colas de más de media hora para una bolsa con comida. Lo hacen en medio de un calor irritante y de un olor a putrefacción que invade cada molécula del aire.

“Las tensiones comunitarias van en aumento, ya que el acceso a la ayuda sigue estando limitado”, advirtió el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la agencia de la ONU para los refugiados.

La Guaira pasó a ser un estado de ebullición que por ahora tiene micro estallidos. Son focos aislados, que por ahora no se unifican porque faltan semanas de remoción para que cada residente encuentre los restos de sus familiares.

Sin embargo, el volumen de la tragedia, la llegada de la prensa internacional y la indignación por el accionar de las fuerzas de seguridad, envalentonó a los venezolanos. Ante cada situación de tensión sacan sus celulares, graban y no temen increpar a los agentes de las fuerzas de seguridad, que hasta la caída de Nicolás Maduro, en enero de este año, se imponían y generaban temor.

“Este terremoto vino a demostrar para qué estaban preparadas nuestras fuerzas de seguridad, solo para reprimir, no han colaborado en nada”, resume Ian a Clarín, después de intentar sacar escombros para ver si hay un hombre con vida debajo del edificio La Gabarra, en Caraballeda.