El presidente Pedro Sánchez tendrá que surfear esta semana un tsunami judicial que afecta a su gobierno, a su partido -el PSOE- y a su entorno familiar más íntimo. Este lunes, su esposa, Begoña Gómez, permaneció durante casi cuatro horas en una audiencia preliminar ante el juez instructor Juan Carlos Peinado que la investiga desde hace más de dos años.
El juez sospecha que la mujer de Sánchez pudo haber utilizado su posición de primera dama en beneficio de su propia carrera profesional.
El juez Peinado le informó este lunes que terminó su instrucción y que elevará la causa a juicio. Solicitó que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular, es decir, integrado por ciudadanos elegidos por sorteo.
La decisión final, sin embargo, la tiene la Audiencia Provincial de Madrid.
Peinado le atribuye a la mujer del presidente presuntos delitos de corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y la supuesta apropiación indebida de un software utilizado en la cátedra que Gómez co-dirigía en la Universidad Complutense de Madrid.
El juez analizaba este lunes la aplicación de medidas cautelares como retirarle el pasaporte, impedirle la salida del país o la obligación de presentarse periódicamente en una sede judicial. La medida más extrema sería la prisión provisional.
Finalmente Peinado informó que aún no decidió si aplicará alguna cautelar.
Pena de 24 años
Las acusaciones populares piden una pena de 24 años de prisión para la esposa del presidente Sánchez. Este lunes, además, solicitaron ante el juez la retirada del pasaporte y que cada 15 días se presente en el juzgado.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a su mujer Begoña Gómez a su llegada a la ceremonia de entrega de las condecoraciones al mérito civil en el Palacio Real en Madrid, el año pasado. Foto EFEPeinado había advertido que si la mujer del presidente no comparecía personalmente en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, sería conducida hasta allí “por la fuerza pública”.
Estaban también citados la asesora de la esposa de Sánchez, Cristina Alvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, con quien Begoña Gómez dirigía conjuntamente la cátedra de Transformación Social Competitiva en un máster de la Complutense.
El juez investigó sobre el vínculo entre Gómez y Barrabés, para quien la mujer del presidente escribió cartas de recomendación que lo habrían ayudado a obtener licitaciones públicas con sus empresas.
Sobre la asistente de Gómez, el juez estima que se ocupaba de asuntos personales de la esposa del jefe del gobierno, como las gestiones vinculadas a la cátedra, y que, al estar contratada con dinero público, eso representa malversación.
La de este lunes fue la audiencia previa al juicio oral para el cual Peinado postuló que la mujer de Pedro Sánchez y los otros dos investigados se sienten en el banquillo de los acusados ante un jurado popular.
“Semana negra”
La oposición habla de “semana negra” para el gobierno porque, a la presencia de la esposa de Pedro Sánchez en los tribunales se suma la declaración del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Está citado miércoles y jueves por los indicios que el juez José Luis Calama cree haber descubierto: que Rodríguez Zapatero utilizó su posición de ex presidente para conseguir un préstamo del Estado en favor de una empresa española de capitales venezolanos que habría desviado la plata del préstamo para blanquear dinero del tráfico de oro y de petróleo venezolano.
En una caja fuerte hallada en la oficina de Rodríguez Zapatero, la Guardia Civil encontró documentos, memorias de computadora con información, celulares y joyas valuadas en 1,3 millón de euros.
A los presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y participación en organización criminal, el juez sumará los posibles evasión fiscal y contrabando, si esas joyas ingresaron a España sin haber sido declaradas.
Este lunes, Rodríguez Zapatero solicitó al juez postergar su declaración sobre las joyas halladas en su poder.
Sentencia contra un ex ministro
En estos días, además, es posible que se conozca la sentencia del juicio al ex ministro de Transportes de Pedro Sánchez, José Luis Abalos, acusado de haber cobrado coimas en la compra de barbijos que se autorizaron durante los primeros meses de la pandemia.
“Esta semana al gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional”, dijo Borja Sémper, vocero parlamentario del Partido Popular, el líder de la oposición.
Luego del recreo espiritual que aportó la visita del papa León XIV, el tablero político español vuelve a convertirse en un infierno.
