Más que nunca, el presidente Pedro Sánchez tendrá que apelar esta semana al Manual de resistencia, el libro que publicó en 2019: el miércoles 24 deberá rendir cuentas en el Congreso por las causas judiciales y las investigaciones que están dejando sin aire a su gobierno.
Una vez más, Sánchez tendrá que dar explicaciones ante los grupos parlamentarios que apoyaron su última reelección acerca de la indagatoria al ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por presunto tráfico de influencias y lavado de dinero.
Rodríguez Zapatero, quien declaró ante el juez la semana pasada, no convenció al magistrado acerca de su inocencia. Y se negó, por ahora, a hablar del lote de joyas, tasadas en 1,3 millón de euros, que la Policía secuestró en una caja fuerte de su oficina.
Los llamados “socios del gobierno” llevan semanas reclamando explicaciones a Sánchez quien, como secretario general del PSOE, lidera la fuerza mayoritaria en la coalición de gobierno.
Los “socios” son partidos progresistas, nacionalistas e independentistas vascos y catalanes, de derecha y de izquierda. Para algunos de ellos, como el Partido Nacionalista Vasco o Junts per Catalunya, la Legislatura se agotó con los casos de corrupción que acechan al gobierno y al Partido Socialista.
Otra parte del arco parlamentario que apoya a Pedro Sánchez pone, como línea roja, la financiación ilegal del PSOE, algo que el presidente niega.
A la sentencia de 24 años de prisión para el ex ministro de Transportes y ex secretario de organización del PSOE, José Luis Abalos, se suma la investigación sobre una presunta trama, liderada por el ex secretario de organización nombrado después de Abalos -Santos Cerdán-, quien habría orquestado y solventado con fondos del PSOE, una campaña de descrédito hacia quienes investigaran al gobierno o a los dirigentes socialistas.
Sánchez hará todo lo posible por sostenerse en la Moncloa argumentando que su reacción fue inmediata apartando a quienes cometieron delitos o se sospecha de ellos.
Puertas adentro, en la agenda del secretario general del PSOE figura otra cita áspera: el sábado 27 se celebrará la reunión del comité federal y Sánchez no podrá eludir la autocrítica respecto de los patéticos resultados que su partido obtuvo en las urnas en las últimas cuatro elecciones regionales -Andalucía, Castilla y León, Aragón y Extremadura- y tendrá que poner el pecho a las críticas de los presidentes autonómicos socialistas ante el desgaste que las denuncias por corrupción generan.
Pedro Sánchez, sin embargo, no piensa en un adelanto electoral. Así lo afirma dentro y fuera del Congreso.
Pero a su alrededor reina cada vez más inquietud y agobio. Se espera la sentencia del juicio a su hermano, David Sánchez, por haber sido presuntamente contratado en un puesto creado a su medida en Badajoz.
Y su esposa, Begoña Gómez, tiene prohibido salir del país. Será llevada a juicio oral porque un juez sospecha que se benefició profesionalmente por ser la primera dama.
La estrategia de Sánchez será echar mano a los presupuestos generales del Estado, prorrogados desde 2023. Sánchez piensa presentarlos después del verano y, si el Parlamento no se los aprueba, recién ahí consideraría anticipar los comicios para el primer trimestre de 2027.
Esa maniobra le permitiría basar el adelanto electoral en la falta de apoyos parlamentarios y esquivar que el motivo es la corrupción. A Pedro Sánchez lo espera esta semana una prueba de fuego. ¿Resistirá?
