El gobierno de Chile anunció este miércoles que revisará el listado oficial de los detenidos desaparecidos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), en medio de la polémica por el caso de Bernarda Vera, la opositora que figura como víctima de desaparición forzada y fue ubicada en Argentina.
En una entrevista en Radio Infinita, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, explicó que el objetivo de la revisión del listado es «determinar oficialmente que no contenga errores«.
El Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación (Rettig), realizado durante el Gobierno de Patricio Alywin (1990-1994), identificó un total 1.469 detenidos desaparecidos durante la dictadura, entre ellos Vera.
El caso de Bernarda Vera estalló en septiembre de 2025, cuando medios chilenos publicaron que la militante del extinto Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y hoy de 80 años, había sido localizada por las autoridades chilenas en Miramar, Argentina.
La búsqueda la desarrollaron funcionarios del Plan Nacional de Búsqueda, un inédito programa estatal para esclarecer las circunstancias de desaparición y el destino del más del millar de víctimas que aún siguen en paradero desconocido.
Un examen de ADN ordenado por la Justicia chilena confirmó el pasado 27 de julio, con una probabilidad de identificación «superior al 99,9999%», que Vera es la mujer hallada en Miramar.
Según el Informe Rettig, Vera fue detenida en octubre de 1973, a los 27 años, tras participar en el asalto a un retén policial en Neltume, a 850 kilómetros de Santiago, un sector cordillerano cerca de la frontera con Argentina, donde el MIR intentó levantar un frente guerrillero para resistir al golpe de Estado.
Versiones no oficiales señalan que Vera, cuyo alias clandestino era Anita y al momento de su desaparición tenía una hija de cinco años, permaneció en el monte hasta diciembre de 1973 y escapó hacia Argentina, para posteriormente viajar a Suecia y retornar a Sudamérica a finales de los ’90.
La familia de Vera perdió su rastro el fin de semana previo al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y, tiempo después, fue informada «de que había sido condenada a muerte en rebeldía en el proceso que se habría instruido por el asalto al Retén Neltume«, de acuerdo al informe.
Rabat indicó que se notificará el caso al Consejo de Defensa del Estado para que «adopte las decisiones que corresponden» sobre la pensión que recibió la familia de Vera durante todos estos años en base a la ley de reparación
«No quiero calificar la buena o mala fe de quienes recibieron la pensión porque no me corresponde. Lo que estoy señalando es que (…) no debió haberse pagado esa pensión«, afirmó Rabat, cuyo nombramiento fue muy polémico pues a principios de los 2000 integró el equipo jurídico que defendió a Pinochet en el juicio por la Operación Colombo y en el Caso Riggs.
El funcionario indicó además que «fortalecerá» el Plan Nacional de Búsqueda y se incorporará a más funcionarios para que revisen el listado de detenidos desaparecidos, pese a los recortes ordenados por el presidente chileno, el ultraderechista José Antonio Kast.
Lanzado en 2023 y considerado una de las medidas más importantes en materia de memoria histórica desde el golpe, el Plan Nacional de Búsqueda fue una política impulsada por el Gobierno del expresidente Gabriel Boric (2022-2026) para que el Estado liderara por primera vez la búsqueda del millar de detenidos que aún permanecen desaparecidos.
El régimen de Pinochet duró diecisiete años y dejó más de 40.000 víctimas, entre ejecutados, detenidos desaparecidos, prisioneros políticos y torturados, y más de 3.200 opositores murieron a manos de agentes del Estado, según cifras oficiales.
