El gobierno de Estados Unidos afirmó que congelará más de 2.200 millones de dólares en subvenciones y 60 millones de dólares en contratos a la Universidad de Harvard, después de que la institución declarara que desafiaría las exigencias de la administración Trump de limitar el activismo en el campus.
La suspensión de la financiación de Harvard marca la séptima vez que la administración del presidente Donald Trump toma esta medida en una de las universidades más elitistas del país, en un intento por imponer el cumplimiento de la agenda política de Trump. Seis de las siete universidades pertenecen a la Ivy League (la liga de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos).
En una carta dirigida a Harvard el viernes, la administración de Trump solicitó amplias reformas administrativas y de liderazgo en la universidad, así como cambios en sus políticas de admisión. También exigió que la universidad auditara las perspectivas de diversidad en el campus y dejara de reconocer a algunos clubes estudiantiles.
El gobierno federal afirmó que casi 9.000 millones de dólares en subvenciones y contratos en total estaban en riesgo si Harvard no cumplía.
El lunes, el presidente de Harvard, Alan Garber, afirmó que la universidad no cederá ante las exigencias del gobierno.
“La Universidad no renunciará a su independencia ni a sus derechos constitucionales”, declaró Garber en una carta a la comunidad de Harvard. “Ningún gobierno, independientemente del partido en el poder, debería dictar qué pueden enseñar las universidades privadas, a quiénes pueden admitir y contratar, y qué áreas de estudio e investigación pueden desarrollar”.
Horas después, el gobierno congeló miles de millones de dólares de la financiación federal de Harvard.
La primera universidad en la mira de la administración Trump fue Columbia, que accedió a las exigencias del gobierno bajo la amenaza de miles de millones de dólares en recortes. La administración también suspendió la financiación federal para las universidades de Pensilvania, Brown, Princeton, Cornell y Northwestern.
La administración Trump ha normalizado la medida extraordinaria de retener fondos federales para presionar a importantes instituciones académicas a que cumplan con la agenda política del presidente e influyan en las políticas universitarias. La administración ha argumentado que las universidades permitieron que el antisemitismo no se controlara en las protestas del campus el año pasado contra la guerra de Israel en Gaza.
Harvard, según Garber, ya ha implementado reformas exhaustivas para abordar el antisemitismo. Añadió que muchas de las exigencias del gobierno no se relacionan con el antisemitismo, sino que buscan regular las condiciones intelectuales en Harvard.
Retener la financiación federal a Harvard, una de las principales universidades de investigación del país en ciencias y medicina, «pone en riesgo no solo la salud y el bienestar de millones de personas, sino también la seguridad económica y la vitalidad de nuestra nación». Además, viola los derechos de la universidad amparados por la Primera Enmienda y excede la autoridad del gobierno bajo el Título VI, que prohíbe la discriminación de estudiantes por motivos de raza, color u origen nacional, afirmó Garber.
Las exigencias del gobierno incluían que Harvard instituyera lo que denominó políticas de admisión y contratación «basadas en el mérito» y que realizara una auditoría del cuerpo docente, el profesorado y la dirección sobre sus opiniones sobre la diversidad. La administración también pidió la prohibición de las mascarillas en Harvard —un aparente objetivo de los manifestantes pro palestinos en el campus— y presionó a la universidad para que dejara de reconocer o financiar a “cualquier grupo o club estudiantil que respalde o promueva actividades delictivas, violencia ilegal o acoso ilegal”.
