Trump quiere encarcelar a estadounidenses en El Salvador; eso podría ser ilegal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró el lunes que le gustaría enviar a prisión en El Salvador a los ciudadanos estadounidenses que cometan delitos violentos, y le dijo al mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, que quizá tenga «que construir cinco lugares más» para albergar a más reclusos.

El gobierno de Trump ya ha deportado migrantes a la notoria prisión CECOT de El Salvador, la cual es conocida por sus duras condiciones. Trump también ha dicho que su gobierno está tratando de encontrar formas «legales» de enviar allá a ciudadanos estadounidenses.

Trump insistió el lunes en que sólo serían «personas violentas», insinuando que serían aquellos ya condenados por delitos en Estados Unidos, aunque también lo ha planteado como un castigo para quienes ataquen concesionarios de Tesla para protestar contra el gobierno y su patrocinador, el multimillonario Elon Musk. Sin embargo, si el gobierno enviara a cualquier ciudadano nacido en el país a una prisión en el extranjero muy probablemente violaría la Constitución de Estados Unidos. De hecho, incluso violaría una cláusula de una ley que Trump promulgó durante su primer mandato.

A continuación, una mirada a la noción de enviar a ciudadanos estadounidenses a prisión en el extranjero, por qué probablemente no es legal y algunos posibles vacíos legales.

Si es legal hacerlo con extranjeros, ¿por qué no con estadounidenses? Los extranjeros pueden ser deportados de Estados Unidos, mientras que los ciudadanos no. La deportación está cubierta por la ley de inmigración, que no se aplica a los ciudadanos estadounidenses. Parte de ser ciudadano de Estados Unidos significa que no se puede ser enviado forzosamente a otro país.

El Salvador está recibiendo tanto a sus propios ciudadanos que Estados Unidos está enviando como a aquellos de Venezuela y potencialmente otros países que no acepten a sus propios ciudadanos de regreso. Los venezolanos enviados allá el mes pasado no tuvieron oportunidad de responder a las pruebas en su contra ni de comparecer ante un juez.

Ese es el acuerdo que el gobierno de Trump firmó con Bukele. Estados Unidos ha enviado personas a El Salvador, Costa Rica, Panamá y otros lugares aun cuando no son ciudadanos de esos países. Pero, bajo acuerdos internacionales, las personas no pueden ser enviadas a países donde es probable que sean perseguidas o torturadas.

¿Por qué el gobierno de EE.UU. quiere enviar personas a El Salvador? Bukele se autodenomina «el dictador más cool del mundo» y ha restringido los derechos humanos durante su gobierno. También ha convertido a El Salvador de uno de los países más violentos del mundo en uno bastante seguro. Trump ha acogido ese ejemplo, incluso durante la visita al Despacho Oval el lunes.

Enviar inmigrantes de países como Venezuela a El Salvador envía un mensaje a los posibles migrantes en otros lugares sobre los riesgos de intentar llegar a —o quedarse en— Estados Unidos.

Hay un segundo beneficio para el gobierno estadounidense: las personas enviadas a El Salvador están fuera de la jurisdicción de los tribunales de Estados Unidos. Los jueces, argumenta el gobierno de Trump, no pueden ordenar que alguien enviado a El Salvador sea liberado o devuelto a Estados Unidos porque el gobierno de Estados Unidos ya no tiene control sobre ellos.

Es un posible vacío legal que hizo que la jueza Sonia Sotomayor emitiera una advertencia en su opinión en un fallo de 9-0 de la Corte Suprema de Estados Unidos de que el gobierno no podía enviar presuntos miembros de pandillas venezolanas a El Salvador sin una audiencia judicial, incluso después de que Trump invocara una ley del siglo XVIII utilizada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial para reclamar poderes de guerra.

«La implicación de la posición del Gobierno es que no sólo los no ciudadanos, sino también los ciudadanos de Estados Unidos, podrían ser sacados de las calles, forzados a subir a aviones y confinados en prisiones extranjeras sin oportunidad de desagravio», advirtió Sotomayor. La magistrada escribió un disenso en el caso del juez federal que inicialmente había prohibido al gobierno cualquier deportación y había ordenado que los aviones en ruta a El Salvador dieran la vuelta, una orden que el gobierno aparentemente no acató.

Un segundo caso pone de relieve los riesgos de enviar personas a El Salvador. El gobierno estadounidense admite que envió erróneamente a un hombre de Maryland —Kilmar Ábrego García—, a El Salvador. Abrego García, de origen salvadoreño y quien no ha sido acusado de delito alguno, tenía una orden contra la deportación, pero fue enviado al CECOT de todos modos. El lunes, Bukele y Trump se burlaron de la idea de enviarlo de vuelta, a pesar de que la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó al gobierno «facilitar» su regreso.

Entonces, ¿EE.UU. puede enviar estadounidenses a El Salvador? Nada como esto ha sido contemplado en la historia del país, pero parece poco probable. Hay otras barreras legales además del hecho de que Estados Unidos no puede deportar a ciudadanos estadounidenses.

Estados Unidos tiene tratados de extradición con varios países a donde enviaría a un ciudadano acusado de un delito en ese país para enfrentar juicio allí. Esa parece ser la única forma existente en que un ciudadano estadounidense puede ser removido forzosamente del país bajo la ley actual.

La Constitución también prohíbe «castigos crueles e inusuales», y uno de los argumentos con lo que se promociona el CECOT es que las condiciones allí son mucho más duras que en las prisiones de Estados Unidos. Como se señaló anteriormente, los tribunales federales no tienen jurisdicción allí, y eso puede privar a las personas enviadas allí de la garantía constitucional del debido proceso legal.

«Es ilegal expatriar a ciudadanos estadounidenses por un delito», escribió Lauren-Brooke Eisen, del Centro Brennan para la Justicia Social, en Nueva York.

Señaló que incluso si el gobierno intenta transferir prisioneros federales allí, argumentando que ya están encarcelados, podría violar la Ley del Primer Paso que Trump mismo promovió y firmó en 2018.

La disposición requiere que el gobierno aloje a los reclusos federales lo más cerca posible de sus hogares para que sus familias puedan visitarlos, e incluso transfiera a cualquier persona alojada a más de 800 kilómetros (500 millas) de su hogar a una instalación más cercana.

Hay un posible vacío legal que el gobierno podría usar para enviar a un pequeño grupo de ciudadanos estadounidenses a El Salvador. Puede intentar despojar de la ciudadanía a las personas que la obtuvieron después de inmigrar a Estados Unidos.

Las personas que se convirtieron en ciudadanos estadounidenses después del nacimiento pueden perder ese estatus por ciertos delitos, como financiar organizaciones terroristas o mentir en formularios de naturalización. Entonces se convertirían en residentes permanentes y potencialmente serían elegibles para la deportación si son condenados por otros delitos graves.

Ese es un grupo pequeño, aunque real, de personas. Quizás lo más significativo de esto es que requeriría la pérdida de la ciudadanía primero. En otras palabras, todavía probablemente no hay una forma legal de forzar a un ciudadano a salir del país. Pero algunos podrían terminar en problemas legales de todos modos.