El Gobierno de Estados Unidos celebró este sábado la decisión de Venezuela de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI) y aprovechó el anuncio para intensificar su campaña contra el tribunal, al que volvió a calificar de «corrupto«, «sin valor» y carente de legitimidad.
En un comunicado, el Departamento de Estado dio la bienvenida a la decisión anunciada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y aseguró que el nuevo Gobierno venezolano se suma a los esfuerzos encabezados por Washington para «desmantelar» la Corte.
«La CPI ha estado ‘investigando’ a Nicolás Maduro desde 2018 sin ningún resultado«, afirmó el Departamento de Estado, que acusó al tribunal de destinar recursos a investigar y acusar a ciudadanos de países con sistemas judiciales «competentes e independientes» que nunca aceptaron su jurisdicción.
Según Washington, esa actuación constituye una muestra de «extralimitación», «sesgo político» y «aplicación selectiva de la justicia«.
The U.S. welcomes the decision by interim President Delcy Rodriguez and Venezuela to withdraw from the ICC and the new Venezuelan government’s partnership on American-led efforts to dismantle the corrupt and worthless ICC.
The so-called court has been «investigating» Nicolas…
— Department of State (@StateDept) July 25, 2026
El Gobierno estadounidense sostuvo además que la Corte «no es creíble, independiente ni legítima».
La Administración del presidente Donald Trump destacó que Maduro, detenido en Estados Unidos, enfrenta ahora a la justicia estadounidense por los delitos que presuntamente cometió y concluyó el comunicado con un llamamiento para que todos los Estados parte abandonen el Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI.
La reacción estadounidense llegó un día después de que el Gobierno venezolano anunciara su decisión «firme e irrevocable» de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar el proceso de retirada de la Corte.
Por qué Venezuela dejó la CPI y el pedido de dos ONG para rever la situación
El canciller venezolano, Félix Plasencia, sostuvo que el tribunal internacional ha concentrado de forma «desproporcionada» sus investigaciones en países africanos y latinoamericanos y acusó al tribunal de actuar con un sesgo que responde a intereses ajenos a la justicia.
Según explicó, por instrucciones de Rodríguez, la decisión ya fue comunicada al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.
La presidenta encargada también acusó a la Corte de haber acumulado un historial de actuaciones dirigidas contra los países del llamado «sur global» y defendió que Venezuela apuesta por una justicia internacional basada en el respeto de la soberanía y el derecho internacional.
El edificio de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya (Países Bajos).
Por su parte, la CPI lamentó la decisión venezolana y recordó que la retirada no tendrá efecto inmediato.
El tribunal señaló que, conforme al Estatuto de Roma, Venezuela seguirá siendo Estado parte durante un año desde la notificación formal y deberá continuar cooperando con las investigaciones y procedimientos ya iniciados.
La investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela permanece abierta desde 2018, tras una remisión presentada por varios Estados, y se centra en hechos ocurridos desde 2017.
Aunque el entonces gobierno de Nicolás Maduro trató de frenar el proceso alegando que la justicia venezolana investigaba esos delitos, la Corte autorizó en 2023 la reanudación de las pesquisas.
Tras los anuncios del gobierno de Delcy Rodríguez, dos ONG se mostraron en desacuerdo con la decisión oficial.
A través de un comunicado, difundido este sábado, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos exigió a la Fiscalía de la CPI que continúe «sin dilación» la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país suramericano desde 2017 y preservarla durante un año, hasta que se formalice la salida de Venezuela de la entidad.
COMUNICADO | Retirarse de la CPI no borra los crímenes ni extingue los derechos de las víctimas.
El retiro tarda un año en surtir efecto y no interrumpe las investigaciones ya iniciadas.
Rechazamos la decisión del Estado venezolano de retirarse de la Corte Penal Internacional.… pic.twitter.com/KcAXcVTOkG
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) July 25, 2026
En tanto, PROVEA, una ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos, rechazó la determinación del gobierno de Delcy Rodríguez.
Desde esa organización mencionaron que el Estatuto de Roma establece que la retirada «no afectará la cooperación con la Corte en relación con las investigaciones y los procedimientos penales respecto de los cuales el Estado que se retira tenía el deber de cooperar y que se iniciaron con anterioridad a la fecha en que la retirada surtió efecto».
«Se mantienen las obligaciones de cooperación del Estado venezolano, incluido el cumplimiento de órdenes de captura que puedan hacerse públicas en el futuro», señaló la organización.
Rechazamos el «retiro» de la Administración de Delcy Rodríguez de la Corte Penal Internacional.
Le recordamos que Venezuela seguirá siendo parte del Estatuto de Roma al menos un año más.
Los crímenes cometidos dentro de ese año podrán ser investigados y sus responsables… https://t.co/l3gFErZpHu
— PROVEA (@_Provea) July 25, 2026
La relación de Estados Unidos con la Corte Penal Internacional
La posición estadounidense respecto a la CPI ha sido históricamente tensa. Estados Unidos nunca ratificó el Estatuto de Roma y mantiene que el tribunal carece de jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses.
Durante su primer mandato, Trump impuso sanciones contra funcionarios de la Corte por investigar posibles crímenes de guerra cometidos por fuerzas estadounidenses en Afganistán.
Aunque esas medidas fueron levantadas posteriormente por el presidente Joe Biden, Washington siguió rechazando cualquier intento de la CPI de ejercer jurisdicción sobre ciudadanos de países que no forman parte del tribunal.
En su segundo mandato, Trump ha retomado una postura de confrontación con la Corte, especialmente tras las actuaciones relacionadas con Israel, y ha insistido en que la institución actúa con motivaciones políticas y excede el mandato para el que fue creada.
