La legislatura de Venezuela avanzó el jueves en un proyecto de ley para flexibilizar el control estatal sobre el vasto sector petrolero del país, en la primera gran reforma desde que el fallecido líder socialista Hugo Chávez nacionalizó partes de la industria en 2007.
La legislación rompería formalmente con décadas de mando estatal sobre algunas de las reservas de petróleo más grandes del mundo, crearía nuevas oportunidades para que las empresas privadas inviertan y establecería el arbitraje internacional para disputas de inversión.
Tras la captura por parte de Estados Unidos del expresidente Nicolás Maduro a principios de este mes, la administración Trump ha aumentado la presión sobre la presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, y otros aliados del líder derrocado para que inviten a una mayor inversión de las empresas energéticas estadounidenses en la debilitada industria petrolera de Venezuela.
Un borrador de la legislación propuesta, del cual The Associated Press obtuvo una copia, representa un marcado retroceso del nacionalismo de recursos que fue el corazón de la revolución de inspiración socialista en Venezuela.
Reflejando las demandas de Estados Unidos, la propuesta permitiría a las empresas privadas operar campos petroleros de manera independiente, comercializar su propia producción de crudo y recaudar los ingresos en efectivo a través de contratos con Petróleos de Venezuela, la compañía estatal y durante mucho tiempo piedra angular de la economía venezolana.
“La empresa operadora asumirá la gestión integral de la ejecución de las actividades, a su único costo, gasto y riesgo”, dice el borrador, añadiendo que porciones de los volúmenes de producción “podrán ser comercializadas directamente por la empresa operadora, una vez cumplidas las obligaciones gubernamentales”.
Crucialmente, el proyecto de ley ofrece a las empresas la opción de resolver disputas legales a través de arbitrajes en tribunales internacionales en lugar de solo en tribunales locales.
También permite al gobierno reducir las regalías del 30% actual hasta un mínimo del 15% y recortar los impuestos de extracción para persuadir a las empresas de comprometerse con proyectos difíciles en campos subdesarrollados.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, dijo a los legisladores al inicio del debate del jueves que el proyecto busca “permitir un aumento acelerado de la producción” de petróleo en Venezuela.
“El petróleo bajo tierra no sirve de nada”, afirmó, refiriéndose a la necesidad de impulsar la producción petrolera y abrir oportunidades de exploración.
Impulsado por Delcy Rodríguez, se espera que el proyecto de ley avance rápidamente a través de la legislatura dominada por el partido gobernante.
Después de unas dos horas de discusión, los legisladores dieron la aprobación inicial al proyecto de ley el jueves y lo enviaron a una segunda ronda de debate, aún por programar.
Durante la sesión, Orlando Camacho, legislador y jefe de la asociación empresarial nacional Fedeindustria, dijo que el proyecto asegura “que el petróleo siga siendo el motor del desarrollo de nuestro país”.
Las garantías legales propuestas —asegurar que las empresas extranjeras puedan presentar reclamaciones contra Venezuela ante organismos internacionales— son necesarias para atraer la inversión privada, señaló, agregando: “Es un paso audaz”.
Incluso mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca atraer a las empresas estadounidenses para reactivar el sector petrolero de Venezuela, muchos siguen preocupados por los riesgos financieros y legales de invertir miles de millones de dólares en el país. Muchos inversores ya se han visto perjudicados anteriormente, con sus activos confiscados cuando Chávez nacionalizó partes de la lucrativa industria petrolera de Venezuela en 2007.
Empresas como Exxon han intentado desde entonces, sin éxito, que el gobierno venezolano las compense por sus miles de millones de dólares en pérdidas.
La incertidumbre política actual también preocupa a los inversores. No hay un cronograma para la celebración de elecciones democráticas en Venezuela mientras Rodríguez, quien fuera durante mucho tiempo la segunda al mando de Maduro, busca consolidar el control.
Trump tampoco ha dicho cuándo levantará Estados Unidos las devastadoras sanciones que impuso en su primer mandato para debilitar al gobierno de Maduro, lo que complica aún más las operaciones extranjeras en el sector petrolero del país.
