Tras 25 años de fuerte control oficial sobre la prensa y el espacio público, los medios de comunicación en Venezuela comenzaron a mostrar en las últimas semanas señales incipientes de una posible apertura, en sintonía con el discurso de la nueva «presidenta delegada», Delcy Rodríguez, quien llamó a la “unidad nacional” y al “diálogo político”, luego de la detención de Nicolás Maduro y su traslado para ser juzgado en los Estados Unidos.
El giro no implica una ruptura con la narrativa histórica del chavismo, pero sí movimientos que hasta hace poco resultaban impensables en el ecosistema mediático local. Canales privados y estatales ensayan gestos de distensión, mientras conviven llamados a la cohesión interna con viejos alineamientos geopolíticos y un discurso duro frente a actores externos.
Uno de los hechos más llamativos ocurrió este jueves a la tarde, cuando el canal chavista estatal Telesur transmitió en directo un extenso debate en el Congreso para modificar la Ley de Hidrocarburos, que permitirá el ingreso de inversiones privadas y extranjeras en el sector petrolero, hasta ahora bajo monopolio estatal. Un tema que se dio en el marco de las conversaciones entre los gobiernos de Rodríguez y de Donald Trump, aunque eso no lo mencionaron en Telesur.
Se trató de una iniciativa que fue acompañada por una movilización de trabajadores petroleros, en respaldo a los cambios en el sector. Y se escucharon algunas voces opositoras dentro del recinto del Congreso, que se transmitieron en directo por Telesur, uno de los cuales reclamó por las expropiaciones realizadas durante los gobiernos chavistas. El proyecto fue aprobado por unanimidad y lo condujo el hermano de la Presidenta, Jorge Rodríguez, titular de la Asamblea Nacional de Venezuela.
De este modo, el canal del Estado venezolano (donde también participan los gobiernos de Cuba y Nicaragua) comenzó a incorporar un discurso moderadamente distinto, con llamados a la unidad nacional que incluyen a sectores que «no respaldan la revolución bolivariana»; aunque el canal mantiene su línea editorial histórica a nivel internacional, con críticas constantes a Estados Unidos y a Donald Trump, ataques contra Israel y un alineamiento explícito con China, Rusia e Irán.
Sin embargo, en esta nueva etapa aparece un lenguaje menos confrontativo hacia los actores internos de Venezuela, que durante el gobierno de Nicolás Maduro eran señalados sistemáticamente como responsables de conspiraciones y, en muchos casos, detenidos. El énfasis en el «diálogo político» convive así con una narrativa internacional que no muestra cambios sustanciales.
En simultáneo, el principal canal privado del país, Venevisión, emitió el miércoles fragmentos de un discurso de la líder opositora María Corina Machado, a su salida de una reunión en Estados Unidos con el secretario Marco Rubio. Allí dijo que «Venezuela necesita una transición democrática en paz, con justicia y con la liberación de todos los presos políticos».
Fue algo que no sucedía en la televisión venezolana desde 2018, tras años de censura y presión gubernamental. La aparición de Machado fue interpretada por analistas y dirigentes opositores como una señal de apertura informativa, aunque muy limitada.
La reacción oficial no tardó en llegar. Diosdado Cabello cuestionó públicamente a Venevisión por emitir el mensaje opositor y advirtió que, «sin estridencia mediática, esa figura se diluye; sin titulares, simplemente desaparece», en una recriminación al aire que volvió a exponer los límites de la apertura informativa, mientras organizaciones periodísticas advirtieron que este tipo de recriminaciones refuerzan la autocensura y muestran la fragilidad de cualquier apertura que intente el régimen chavista.
Periodistas liberados y reclamos a Delcy Rodríguez
En este contexto se inscribe también la liberación de periodistas que permanecían detenidos por motivos políticos, una de las principales demandas de organismos internacionales y gremios de prensa.
Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF), casi 20 periodistas y trabajadores de medios fueron excarcelados desde mediados de enero, como parte de un proceso más amplio de liberación de presos políticos.
Los casos más conocidos son los de Roland Carreño, periodista y dirigente político detenido desde 2020; Carlos Julio Rojas, comunicador comunitario arrestado en 2024; y los de Nakary Mena Ramos y su pareja el camarógrafo Gianni González, del portal Impacto Venezuela, que estaban detenidos desde abril de este año.
Las organizaciones de prensa celebraron las liberaciones, aunque remarcaron que muchos de los periodistas continúan bajo regímenes de presentación judicial, con causas abiertas o restricciones para expresarse, lo que limita el alcance real de la medida y mantiene un clima de restricciones a la libertad de prensa.
El nuevo clima político también comenzó a reflejarse en el espacio público. En los últimos días, la propia Delcy Rodríguez fue cuestionada en la calle por un grupo de estudiantes universitarios, que le exigieron la liberación de todos los presos políticos durante una actividad oficial.
Ese tenso intercambio fue registrado en video y circuló masivamente en redes sociales, un fenómeno poco frecuente en un país donde este tipo de interpelaciones públicas solían ser reprimidas o invisibilizadas.
El episodio fue leído por analistas como otra señal de distensión relativa, aunque la mandataria evitó compromisos concretos y defendió la actuación del Estado. Aun así, el hecho de que el reclamo se produjera sin una reacción inmediata de fuerzas de seguridad marcó un contraste con etapas anteriores.
Pese a estos gestos, la apertura mediática sigue siendo limitada y reversible. El control del discurso público continúa siendo muy fuerte, especialmente desde los medios estatales, y las advertencias a canales privados funcionan como recordatorios de los límites impuestos por el poder político, luego de 25 años de cierre de medios, persecución a periodistas y restricciones estatales a la libertad de expresión.
Venezuela atraviesa así una etapa de transición marcada por señales contradictorias: liberaciones selectivas, cambios discursivos y un tenue circulación de contenidos críticos, combinados con presiones políticas y un aparato comunicacional que aún no habilita el pluralismo político, aunque se cuelan discursos como el de Corina Machado y las escasas voces opositoras del Congreso, que esta semana pudieron verse en Venevisión y Telesur.
Reorganización en Comunicación del gobierno
En medio de estos movimientos, la nueva gestión de Rodríguez también realizó una reorganización en el área de Comunicación, con nombramientos que buscan fortalecer la estrategia oficial en el nuevo contexto político. La Presidenta designó al filósofo y comunicador Miguel Ángel Pérez Pirela como ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, un espacio clave para la línea mediática del gobierno.
Además, se anunciaron tres nuevos vice-ministros, que el gobierno presenta como parte de un esfuerzo por renovar y dinamizar la estructura comunicacional: Johan Briceño Bermúdez, Gustavo Villapol Ríos y Alberto Alvarado Galiz, los tres a cargo de «viceministerios estratégicos» para una «nueva comunicación» que, según las autoridades, requiere el país en estos momentos.
Estas designaciones fueron celebradas por el propio ministro Pérez Pirela como un paso para fortalecer la «narrativa estratégica de la Nación».
