Con la vivienda convertida en una incómoda patata caliente, el Gobierno ha decidido mover ficha en uno de los puntos más problemáticos del mercado del arrendamiento: los «alquileres de corta estancia», una etiqueta que agrupa tanto los pisos que se arrendan a turistas como los que se ofrecen por habitaciones o en temporada. El objetivo del Ejecutivo es «perseguir el fraude» en esas modalidades. Y para ello se apoyará en tres grandes patas: una ventanilla única, un sistema de códigos que identificará a cada propiedad alquilada y sobre todo las plataformas que les dan visibilidad, como Booking, Airbnb, Fotocasa o Idealista.
En el nuevo sistema jugarán un papel crucial.
¿Qué ha pasado? Que el Gobierno quiere que los alquileres de corta estancia dejen de servir de lucrativos atajos para esquivar la ley. O lo que es lo mismo, en palabras de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, «perseguir el fraude» en los alquileres de temporada y «poner coto a los alojamientos turísticos ilegales». Con ese propósito el Gobierno ha puesto en marcha la maquinaria para sacar adelante un Real Decreto con el que de paso acelera su adaptación a las pautas de la UE.
¿Por qué ahora? No es casualidad. Aunque el Gobierno ya había dejado claro antes su deseo de que los alquileres de temporada dejen de ser atajos para burlar ciertas obligaciones de la ley, ahora se enfrenta a un escenario delicado. Tras el 13-O suenan tambores de huelga de alquileres, un término que no sonaba con tanta fuerza en España desde los le años 30, y la propia ministra ha reconocido que la vivienda está en el centro de una «emergencia social» que necesita respuestas.
Como explicaba Rodríguez el martes, garantizar que los alquileres de temporada son realmente alquileres de temporada y combatir los pisos turísticos ilegales es una forma de «priorizar» los arrendamientos para vivienda habitual. Por lo pronto el Gobierno ha sacado ya a audiencia pública su proyecto de decreto, que puede consultarse ya íntegro en su web oficial y entrará en vigor en enero de 2025.
¿Qué propone el Gobierno? Varias cuestiones. La primera, crear una Ventanilla Única Digital de Arrendamientos y regular la recogida e intercambio de datos de los alquileres de «corta duración», lo que incluye tanto apartamentos para turistas como los arrendamientos de temporada o por habitaciones. En resumen, crear un registro de alquileres que no se destinan a vivienda habitual bien porque se dedican a viajeros, estudiantes o pacientes, por citar solo tres casuísticas.
¿Y cómo identificarlos? Mediante un código especial. Algo así como la matrícula que tienen los vehículos. Cada alquiler de corta duración necesitará «un número de identificación» que obtendrá a través de la Ventanilla Única y deberá renovar de forma periódica. El Gobierno aclara que los caseros estarán «obligados» a obtener ese número, además de entregar la información necesaria para tramitar su alta o renovación. Para pedirlo deben acudir al Colegio de Registradores.
¿Por qué es importante? Por varias razones. Para obtener su código el propietario debe aportar toda la información sobre el inmueble, lo que incluye el número máximo de inquilinos, la licencia turística o autorización, aclarar el tipo de arrendamiento… El Registro de la Propiedad certificará además que la vivienda cumple todos los requisitos necesarios, incluido que no hay ninguna traba en los estatutos de la comunidad de vecinos. Además el código durará solo 12 meses.
Pasado ese tiempo podrá renovarse, pero con letra pequeña. «En caso de que se trate de arrendamientos de temporada, se tiene que recoger en el listado contratos suscritos la causa de la necesidad de vivienda no permanente», aclara el Gobierno. En otras palabras, debe quedar negro sobre blanco qué justifica que ese inmueble se alquile en estancias cortas y no en el mercado de residencia permanente.
¿Qué pintan Fotocasa o Airbnb? Otra de las patas del sistema son las plataformas online, como Idealista, Enalquiler, Fotocasa o, en el caso de los apartamentos turísticos, Booking o Airbnb. Los caseros o anfitriones deberán comunicarles el número de registro que han asignado a cada vivienda en alquiler, pero es que los propios portales tienen a su vez la obligación de que esos códigos sean «visibles» en los anuncios. Es más, La Vanguardia asegura que las apps serán responsables de que se incluyan esas «matrículas» bajo riesgo de sanción
«En el caso de que se retire o suspensa el número de registro, la Ventanilla trasladará orden a las plataformas para que eliminen posibles anuncios asociados a ese número», precisan desde el ministerio. Es una medida clave porque privaría a ese casero de uno de los principales escaparates del sector: las webs especializadas.
¿Y tendrá un coste? El Gobierno no lo aclara en el comunicado en el que informa del Real Decreto, pero El Periódico precisa que el código tendrá un coste. Para no bloquear el mercado los caseros reciben de forma automática un código de carácter provisional una vez solicitan su identificación. Pasados unos 15 días, se le confirmará o denegará. El objetivo, sigue siendo el mismo: que las viviendas que se ofrecen en el mercado del alquiler de corta estancia cumplan los requisitos para estar en él y, en caso contrario, puedan pasar al mercado convencional.
«Es previsible que gracias a esta regulación salgan del mercado viviendas actualmente ofertadas de manera irregular, lo que permitirá una mayor oferta de otras fórmulas de arrendamiento como las de larga duración», reconoce.
Imágenes | La Moncloa 1 y 2 y Lucas Camarero (Unsplash)
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