A falta de políticas efectivas, ruegos. Ante el irrefrenable encarecimiento de los alquileres y con la amenaza de una huelga de inquilinos en el horizonte cercano, el Gobierno ha optado por dirigirse directamente a los caseros para que se replanteen sus precios. Lo ha hecho apelando a la «solidaridad» y por boca de la ministra del ramo, Isabel Rodríguez García, quien ayer defendió en la cadena SER que las rentas se ajusten a lo que pueden soportar los bolsillos de los inquilinos.
Es el último intento del Ejecutivo por atajar el gran reto de la vivienda, convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza de los españoles, ante el pinchazo de su sistema de «tope de precios», aplicado solo en un puñado de regiones.
La gran pregunta es… ¿Surtirá efecto la petición?
Un mensaje para los caseros. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, dejó ayer una demostración clara de hasta qué punto el encarecimiento de la vivienda se ha convertido en un problema de primera magnitud en España, algo que ya refleja incluso las encuestas demoscópicas del CIS. Durante una entrevista en el programa ‘La Ventana’, de la cadena SER, la dirigente socialista apeló a los caseros para pedirles que se replanteen los alquileres que cobran a sus inquilinos.
El mensaje fue claro. Y se centró en dos ideas principales. Primera, la «solidaridad». Segunda, en centrar el foco en los pequeños propietarios, un colectivo menos mediático que los fondos buitre o grandes inversores, pero que aglutinan la inmensa mayoría de la oferta de vivienda alquilada en España.
¿Qué dijo exactamente? Que ante los límites con los que se ha encontrado el sistema de tope de precios diseñado por el Gobierno, cuya implantación depende en gran medida de las comunidades autónomas, hay otra solución para suavizar los alquileres: pedírselo directamente a los caseros. «Creo que España es un país solidario y, en su mayor parte, el parque de vivienda de alquiler pertenece a los pequeños propietarios», arrancó Rodríguez durante la entrevista.
«Yo lo que les pido es que se hagan cargo también de esta causa, de esta necesidad social, y que valoremos las rentabilidades en términos sociales, que valoremos que esos precios estén de acuerdo con las capacidades de los españoles —reflexionó la titular de Vivienda— y desde luego creo que hay que protegerles, hay que cuidarles porque en sus manos está la mayor parte del parque de vivienda en alquiler».
Con recado incluido. No fue el único mensaje que dejó sobre el precio de los alquileres. Rodríguez mostró también su malestar ante el hecho de que Madrid no aplique el índice de precios de la Ley de Vivienda, una decisión que en opinión de la ministra «está haciendo daño» a sus vecinos. «Podrían estar teniendo ventajas en el precio del alquiler, incluso los propietarios [tendrían] bonificaciones fiscales de hasta el 90%», censuró la dirigente antes de acusar a la presidente de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de actuar movida por el «dogmatismo ideológico».
Tanto desde el Gobierno regional como el Ayuntamiento madrileños, ambas controladas por el PP, han tachado el índice de precios propuesto por el Gobierno de «ineficaz e intervencionista». En general los territorios dirigidos por el PP —la mayoría en el mapa político actual— han descartado adoptar el índice de precios al considerarlo un «suicidio inmobiliario» que fomenta la economía sumergida.
Importan las palabras… Pero sobre todo importa el contexto, que es el que explica las declaraciones de Rodríguez. Y el contexto está marcado por una mezcla de factores, como la escasa eficacia de las medidas adoptadas durante los últimos años por el Gobierno para destensionar el mercado del alquiler residencial. Las tablas de Idealista muestran que el coste del arrendamiento llevan tiempo al alza. Su último dato, del mes pasado, sitúa la media en 13,1 euros el metro cuadrado. Hace una década, en el mismo mes de 2014, eran apenas 7,2 €/m2.
El desajuste entre oferta y demanda lleva además a que la competencia por la vivienda sea feroz en algunas provincias, con más de un centenar de aspirantes por cada piso disponible y caseros cada vez más exigentes al escoger arrendatarios. Tal es el panorama que el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha convocado una manifestación para octubre precisamente por la escalada brutal de precios y ya se habla de una medida mucho más drástica: impulsar una huelga de alquileres.
Imágenes |La Moncloa 1 y 2 y Ján Jakub Naništa (Unsplash)
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