El Ministerio de Sanidad liderado por Mónica García tiene la intención de desmantelar Muface y de integrar a los funcionarios en el Sistema Nacional de Salud (SNS), según un informe hecho público esta mañana, aunque hay análisis que afirman que no hay capacidad para ello.
Todo esto llega por un problema causado por la negativa de las principales aseguradoras de acudir al nuevo concierto. El informe incluye un recordatorio de que estas empresas privadas demandan un incremento superior al 40% respecto a las condiciones actuales de financiación.
Hace unos días nos hacíamos eco del gran caos que se ha generado en torno a Muface tras el rechazo de Adeslas, Asisa y DKV de participar en la licitación para renovar el contrato con el Gobierno. Esto es algo que dejaría a 1,5 millones de funcionarios sin recibir sanidad por parte de su mutua.
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Según el comunicado emitido ahora por el Ministerio, «el contexto actual hace que, por primera vez en muchos años, la posibilidad de incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública sea una opción tanto viable como razonable».
Así, el Ministerio propone que los 1,5 millones de funcionarios, entre los que se encuentran profesorado y policías, que usan la mutualidad, pasen al sistema público tras una prórroga de nueve meses del actual convenio.
En esos nueve meses se plantea una incorporación paulatina teniendo en cuenta a pacientes inmersos en procesos terapéuticos que necesitan de una continuidad. Este perfil de personas serán los últimos que se traspasen al sistema sanitario público.
Sanidad considera que el modelo Muface no es sostenible
En el informe, el Ministerio Sanidad argumenta, que “el modelo Muface no es sostenible” explicando que ni este ni ningún otro sistema puede funcionar si no tiene un estudio de riesgos que permita ejercer contrapesos entre los que demandan mucho el servicio asistencial y aquellos que lo usan menos, como recoge Gaceta Médica.
Como explica TVE, la incorporación de la totalidad de la población mutualista con aseguradora sanitaria privada supondría un incremento del 2,12% en el número de personas que recibirían prestación sanitaria pública. De ahí, Andalucía, Castilla y León y Extremadura están entre las Comunidades Autónomas que tendrían que incorporar a un mayor porcentaje de personas al servicio de salud público.
Cabe decir que tras el anuncio, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato de trabajadores de administraciones públicas, se ha dirigido a los ministerios de Función Pública y de Sanidad para pedir explicaciones por el informe y pidiendo al Gobierno una respuesta adecuada para dar servicios de salud a los funcionarios.
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