Lo que en España llamamos “comida basura”, en México lo llaman “comida chatarra”. Su significado viene a ser lo mismo: alimentos altos en calorías, grasas, azúcares, sodio y conservantes, pero bajos en nutrientes esenciales como vitaminas o fibra. Ahora, el gobierno de México acaba de dar un ultimátum a las escuelas: si en seis meses no se termina con este tipo de “menú”, habrá consecuencias.
La noticia. La nueva presidenta de México Claudia Sheinbaum dijo ayer que las escuelas tendrán que ofrecer bebederos y bocadillos alternativos, como tacos de frijoles, a la “comida chatarra”. “Es mucho mejor comer un taco de frijoles que una bolsa de papas fritas”, dijo Sheinbaum. “Es mucho mejor beber agua de flor de jamaica que refresco”. Además, los centros tienen seis meses para implementar la prohibición sobre la comida chatarra o se enfrentarán a fuertes multas.
De fondo: las autoridades se enfrentan a uno de los escenarios más problemáticos de obesidad infantil en el mundo, uno donde alrededor de un tercio de los niños de México tienen sobrepeso, y de acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la obesidad afecta a más del 70% de los adultos y el 40% de los niños de México.
La intrahistoria. EL país lleva tiempo tratando de poner coto al problema de la alimentación de los menores. Entre 2010 y 2020 instituyó etiquetas de advertencia en el frente de los paquetes de alimentos para advertir a los consumidores sobre los altos niveles de sal, azúcar agregada, exceso de calorías y grasas saturadas. Para que nos hagamos una idea, algunos bocadillos llevan las cuatro etiquetas de advertencia.
Regulación de 2023. El año pasado se aprobó una reforma a la Ley General de Educación que prohibía la venta y publicidad de alimentos ultraprocesados en las escuelas, todo con el objetivo de combatir problemas de salud como la obesidad y la diabetes. Aquí se incluían productos con alto contenido de grasas, azúcares y sodio.
La idea era que las escuelas mexicanas, tanto públicas como privadas, debían implementar nuevas normativas para ofrecer comidas saludables, fomentando el consumo de alimentos locales y agua potable, en lugar de refrescos o frituras. Las cooperativas y comedores escolares están obligados desde entonces a promover estilos de vida saludables, y se prohíbe la venta de alimentos que no favorezcan la salud de los estudiantes.
Respuesta tibia y datos que no engañan. El problema es que a pesar de los esfuerzos por regular este tipo de alimentos, se estima que 9 de cada 10 escuelas siguen ofreciendo comida chatarra, según organizaciones civiles. Para la agencia de la ONU para la infancia, que ha calificado la obesidad infantil allí como una emergencia, los niños de México tienen el mayor consumo de comida chatarra en América del Sur y muchos obtienen el 40% de su ingesta calórica total de ella.
De hecho, en una encuesta realizada entre 2023 y 2024 en más de 10.000 escuelas del país se reveló que en el 98% de ellas había comida chatarra, en el 95% bebidas azucaradas y en el 79% refrescos. En el 25% de las escuelas se encontraron anuncios de comida chatarra.
Nueva norma y multas. Las nuevas reglas, por tanto, apuntan a productos que se han convertido en alimentos básicos para dos o tres generaciones de niños en edad escolar mexicanos: bebidas de frutas azucaradas, papas fritas, chicharrones artificiales y cacahuates salados con chile y envueltos en soya, entre otros.
A este respecto, los administradores escolares que violen la orden pasados los seis meses se enfrentarán a multas equivalentes a entre 545 y 5.450 dólares, que podrían duplicarse por una segunda infracción. Para situarlo en perspectiva, las multas podrían representar casi un año de salario en algunos casos.
El problema del agua. El único “pero” a la propuesta viene dada por la imposibilidad de llevarla a cabo al 100%. ¿La razón? Una gran mayoría de las 255.000 escuelas de México no tienen agua potable gratuita disponible para los estudiantes. Según un informe de 2020, el esfuerzo por instalar bebederos tuvo éxito en alrededor de 10.900 escuelas del país, es decir, aproximadamente el 4%.
Además, muchas escuelas que están en zonas pobres o remotas tienen dificultades para mantener baños, conexión a Internet o electricidad aceptables. Tampoco ha quedado claro de qué forma el gobierno haría cumplir la prohibición en las aceras afuera de las escuelas donde los vendedores suelen instalar mesas de productos para vender a los niños durante el recreo (alrededor del 77% de las escuelas tienen este tipo de puestos).
Veremos, por tanto, cómo se implementa la medida, pero bajo las nuevas normas, las escuelas tendrán que eliminar gradualmente cualquier producto que contenga incluso una sola etiqueta de advertencia de sus puestos de bocadillos.
Imagen | UNAM, PXHere
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