Independiente vuelve a la cancha, a buscar a través del fútbol el puntapié inicial para empezar a descomprimir la tensión nerviosa que desde hace algo más de una semana mantiene en vilo a hinchas y dirigentes, y que solo cuando empiece a rodar la pelota se sabrá en qué medida afecta también a jugadores y cuerpo técnico.
Ante Instituto y apremiado por su posición en la tabla -último de la zona B-, el Rojo intentará olvidar durante dos horas todo lo sucedido en el partido ante Universidad de Chile por Copa Sudamericana al que todavía le quedan varias etapas jugar, en principio, en los despachos que la Conmebol posee en Luque, Paraguay. Pero todo hace prever que a los dirigidos por Julio Vaccari les será difícil desviar la mirada de lo que vaya a ocurrir a partir del martes 2 de septiembre, cuando argentinos y chilenos expongan de manera presencial ante la Unidad Disciplinaria de la institución que gobierna el fútbol sudamericano sus argumentos sobre lo ocurrido en la dramática noche de Avellaneda.
Será recién a partir de entonces que Conmebol quedará en disposición de emitir sentencia y acabar con la avalancha de rumores, versiones y suposiciones que inundan redes sociales y programas deportivos desde el momento en que la violencia dijo presente de manera salvaje. De antemano puede afirmarse que su dictamen generará polémica por una simple razón: cualquiera que sea, el o los damnificados lo leerán como una injusticia.
Para comprender la situación conviene dividir lo que se va a juzgar en dos apartados, el disciplinario y el deportivo. En el primero caben pocas dudas. Ambos equipos recibirán sanciones, quizás más fuertes para Independiente por haber sido el fallido organizador del encuentro. Las habrá económicas, con absoluta seguridad; con clausuras de estadios y obligación de disputar varios partidos sin público, muy posiblemente; y aunque hoy parece menos probable, también podría esperarse una prematura eliminación de las próximas ediciones de las copas continentales.
Menos evidente es lo que puede decidirse en el aspecto deportivo, y es ahí donde será más complicado adoptar una posición para el ente que preside Alejandro Domínguez. Las imágenes de lo ocurrido en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini dieron la vuelta al mundo y convirtieron un partido de octavos de final por la segunda copa en importancia de Sudamérica en acontecimiento mediático planetario. Las medidas a tomar serán observadas con lupa y volverán a poner en juego la credibilidad y seriedad de la Conmebol, tal como ocurrió en la final de la Copa Libertadores 2018 entre River y Boca, que acabó dirimiéndose en Madrid.
Por eso mismo, más allá de lo que puede ser un acto de estricta justicia, todo análisis previo necesita incluir el componente político (entendiendo como tal, la imagen que la institución brindará al universo del fútbol) y los matices económicos.
A priori, no existen más de cuatro opciones: eliminación de los dos clubes de la actual competencia; eliminación de uno solo de ellos, y nueva disputa o continuación del partido inconcluso. Qué gana o pierde Conmebol con cada una de ellas es el gran interrogante a develar. He aquí las alternativas:
En principio parece la más improbable de todas. Mal que le pese a la gente del Rojo, lo primero y más evidente que se vio en las pantallas de medio planeta fue la brutal agresión de sus barras hacia los pocos simpatizantes chilenos que permanecían en la tribuna Pavoni Alta mucho tiempo después que el partido fuese cancelado. El pedido de “castigo ejemplificador” que lanzó Gianni Infantino, presidente de FIFA, pocas horas más tarde se basó en esas imágenes. A Conmebol le demandaría un esfuerzo enorme explicar por qué el club al que dice pertenecer ese grupo de forajidos sale favorecido con su fallo.
Se trata de la opción que desde diferentes veredas se ha proclamado como más viable. Resultaría de cargar todas las responsabilidades al club organizador del partido y satisfacer los reclamos de castigo a los agresores que mostró la televisión. Eso sí: abriría un precedente muy peligroso. El conjunto chileno había ganado el cotejo de ida y mantenía la ventaja en el de vuelta. Beneficiar a los provocadores de los incidentes sería incongruente y también una invitación a repetir la maniobra en casos similares para asegurarse el pase de ronda en los despachos.
Muchos pensaron que esta sería la opción más lógica. Choca con el criterio habitual del ente de decidir los partidos sobre el césped y podría traerle serios perjuicios económicos a la entidad con sede en Paraguay. Los millonarios contratos televisivos y de publicidad ya firmados contemplan cuatro series de cuartos de final. La disputa de tres significa una disminución de un 25 por ciento y abriría la posibilidad de demandas.
Completar los 43 minutos restantes -o incluso anular el tramo ya jugado y empezar otra vez desde cero- en campo neutral y a puertas cerradas sería la medida más cercana a lo ocurrido con aquella final de 2018 entre River y Boca; y a su vez la más lejana a la tomada con el partido del gas pimienta entre los mismos rivales en 2015, que se dio por terminado y con fallo en favor a los de Núñez. Sería tal vez la más salomónica de las decisiones, pero podría ser vista como “blanda” por aquellos que esperan una sentencia mucho más extrema. La FIFA entre ellos.
El martes próximo habrá audiencia en la sede de Luque, y unos días más tarde se acabarán por fin los rumores y supuestas filtraciones que adelantan fallos. La polémica posterior será inevitable. Mientras prolonga la espera, Independiente vuelve a la cancha en Córdoba ante Instituto, ¿será capaz de dejar a un lado el terremoto y empezar a recuperar el terreno perdido en el torneo local? Es la otra incógnita que envuelve en estos días al sacudido Rojo de Avellaneda.
