Un año y medio después de que un juez de la Audiencia Nacional le apuntara a un ex ministro de Pedro Sánchez por haber cometido posibles delitos de corrupción mientras estaba al frente del Ministerio de Transportes, comienza el juicio en el que tendrán que declarar varios miembros del actual gobierno de España.
A partir de este martes, José Luis Abalos, el ex ministro y ex secretario de organización del PSOE -el partido que lidera el presidente Sánchez-, será juzgado por la Sala en lo penal del Tribunal Supremo ya que conservaba inmunidad parlamentaria por ser diputado, aunque dejó su banca en enero de este año.
Está acusado de haber cobrado comisiones ilegales en la compra de barbijos durante los primeros tiempos de la pandemia de covid.
Abalos habría recibido coimas, junto a su ex chofer y ex asesor, Koldo García, para priorizar la compra de barbijos que les ofrecía Víctor de Aldama, quien representaba a la empresa que habría pagado las comisiones indebidas.
El exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García (der.) en el banquillo. Foto: EFEEl juicio que comienza este martes pretende esclarecer las responsabilidades de los tres en el rosario de delitos que se les adjudican: organización criminal, malversación, tráfico de influencias, cohecho continuado y utilización de información privilegiada.
El ex ministro Abalos, por el puesto que ocupaba, podría ser el más severamente castigado. La Fiscalía Anticorrupción pide para él 24 años de cárcel. La acusación popular solicita que le den 30.
Abalos duerme en un calabozo desde noviembre del año pasado, cuando se ordenó su prisión preventiva y sin fianza.
“Aprovechando el cargo”
Para el juez Ismael Moreno, que investiga el vínculo entre Abalos, Koldo y De Aldama, “los tres convinieron que, aprovechando el cargo que ostentaba el señor Abalos en el gobierno de España, podrían favorecer, naturalmente a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían, la contratación con la Administración Pública, en cuantas ocasiones hubiera oportunidad”.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil no dio con el “botín millonario” con el que se especuló se habrían enriquecido los acusados pero sí halló indicios de favores y resarcimientos que habrían gozado el ex ministro y su ex chofer.
Abalos, quien llegó a ser la mano derecha de Pedro Sánchez dentro del Partido Socialista Obrero Español, habría tenido a su disposición un alquiler con opción a compra, por un valor muy inferior al real, de un departamento en el Paseo de la Castellana.
Entre las cuestiones a dilucidar figura, además, el alquiler de un departamento frente a Plaza de España de Madrid en el que vivía la pareja del ex ministro, Jessica Rodríguez, quien también había sido contratada en dos empresas públicas a las que no asistía a cumplir su horario de trabajo.
Diputado hasta enero
Abalos dejó de ser ministro del gabinete de Pedro Sánchez en 2021, cuando el presidente lo relevó sin mayores explicaciones. Pero regresó al Congreso con una banca, cuando Sánchez lo incluyó en las listas de diputados de las elecciones anticipadas que convocó en 2023.
En febrero de 2024, en pleno escándalo, el PSOE lo obligó a renunciar y lo expulsó del grupo parlamentario socialista. Pero Abalos no dejó su acta de diputado hasta enero de este año.
Testigos del gobierno
El juicio prevé veintitrés días de sesiones durante las que se les tomará declaración a más de 70 testigos. Entre ellos, al actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Angel Victor Torres, y a la presidenta del Parlamento, Francina Armengol.
Este no será, sin embargo, el único proceso judicial que agite el tablero político por poner en la mira a miembros de los gobiernos recientes de España.
El «caso Kitchen»
Este lunes comenzó el juicio del llamado “caso Kitchen”, así bautizado por aludir a la “cocina” de un supuesto operativo policial ilegal que se habría montado, durante el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy, para encubrir pruebas de la financiación ilegal del partido.
El foco estaba puesto en Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, quien había sido descubierto con una cuenta en Suiza en la que atesoraba 22 millones de euros. Bárcenas, desde prisión, amenazó con develar pruebas que comprometerían a todo el PP.
Habría sido en ese momento cuando el Ministerio del Interior puso en marcha una operación de espionaje, con fondos del Estado, para destruir documentos que podrían involucrar al gobierno de Rajoy: su nombre no debía aparecer en ningún lado.
El juicio durará unos tres meses. Entre los diez acusados figuran el ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su segundo, Francisco Martínez. El ex presidente Rajoy y su vice, Soraya Sáenz de Santamaría, serán llamados a declarar.
