el gobierno admite un muerto entre los manifestantes

El gobierno boliviano admitió este martes la muerte de un manifestante de 24 años durante las protestas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Según un certificado médico, informaron medios locales, la víctima recibió un disparo durante un operativo policial y militar para liberar bloqueos en La Paz, ciudad que lleva cuatro semanas sitiada por barricadas.

El gobierno expresó sus condolencias a la familia e inició una investigación, reiterando que los agentes del orden no están autorizados a usar armas de fuego ni balas de goma.

Una calma tensa y frágil se instaló el lunes por la noche sobre La Paz después de una jornada marcada por violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías, pese a que el presidente boliviano Rodrigo Paz ofreció reducir su salario en un 50 por ciento en un intento por poner fin a las protestas.

Aunque los choques disminuyeron hacia el final del día, no había señales de que los manifestantes estuvieran dispuestos a despejar las calles, y todo indica que las protestas continuarán esta semana.

Los manifestantes mantienen bloqueados desde hace casi un mes los accesos a La Paz, provocando escasez de alimentos, combustible y medicamentos.

El mandatario de centroderecha, respaldado por Estados Unidos, realizó diversos gestos para intentar desactivar la revuelta que estalló apenas seis meses después de asumir la presidencia.

El lunes, el presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva —aliado histórico del exmandatario socialista boliviano Evo Morales— habló telefónicamente con Paz y, según un comunicado de la presidencia brasileña, «reiteró su solidaridad con el gobierno y el pueblo boliviano».

Lula, uno de los líderes de izquierda más reconocidos de América Latina, pidió tanto a los manifestantes como al gobierno «priorizar el diálogo como forma de superar las diferencias», al tiempo que acordó enviar ayuda humanitaria al país.

Estados Unidos y Argentina también ofrecieron asistencia en las últimas semanas para enfrentar la escasez.

Las protestas se radicalizaron desde que sindicatos comenzaron a manifestarse a principios de mayo para reclamar aumentos salariales, suministro estable de combustible y una gestión económica más sólida. La inflación en Bolivia alcanzó el 14 por ciento interanual en abril.

Durante una intervención en la ciudad de Sucre, el presidente anunció que había decidido, «como parte de sus esfuerzos y compromiso con el país, reducir su salario en un 50 por ciento».

Actualmente, el salario mensual del mandatario ronda los 24.000 bolivianos (unos 3.500 dólares), uno de los más bajos entre los líderes latinoamericanos, aunque representa aproximadamente ocho veces el ingreso promedio de un boliviano, según estadísticas de 2024 de la OIT.

Pese al gesto, el lunes la policía volvió a enfrentarse con los manifestantes después de que miles de mineros, campesinos, obreros fabriles y otros grupos marcharan por la ciudad por tercera vez en una semana.

«¿Qué queremos? ­¡Que renuncie! ¿Cuándo? ¡­Ahora!», coreaban los manifestantes mientras descendían desde la vecina ciudad de El Alto, de mayoría indígena, hacia el centro de La Paz.

Los disturbios comenzaron cuando los manifestantes intentaron romper el cordón policial cerca del parlamento. La policía respondió con gases lacrimógenos.

Los intentos previos de acercamiento por parte de Paz, incluyendo la destitución de un impopular ministro de Trabajo y promesas de otorgar mayor participación a sindicatos y grupos indígenas en la elaboración de políticas públicas, no lograron disminuir la intensidad de las protestas.

El sábado, policías que intentaban despejar un «corredor humanitario» a través de los bloqueos hacia La Paz se enfrentaron durante horas con manifestantes armados con piedras y palos y que arrojaban cartuchos de dinamita.

El lunes, Paz —economista de formación y miembro de una familia política tradicional— volvió a pedir diálogo con las organizaciones que representan a los manifestantes, al tiempo que condenó a quienes recurren a la violencia.

Su elección el año pasado marcó el final de dos décadas de gobiernos socialistas iniciados a mediados de los años 2000 por Evo Morales, el primer presidente indígena de Bolivia.

Desde que llegó al poder, Paz, de 58 años, intentó abordar la raíz de la crisis económica —la escasez de divisas causada por los generosos subsidios al combustible—, pero no logró estabilizar el suministro energético ni frenar el avance de la inflación.

Morales, quien el año pasado intentó sin éxito regresar a la política pese a ser buscado por la policía por cargos de trata de una menor, pidió el domingo que Paz convoque nuevas elecciones en un plazo de 90 días.