el gobierno de Trump ordena a la Justicia que no investigue a Delcy Rodríguez, en la mira de la DEA

La administración Trump instruyó discretamente a los fiscales federales en Miami para que eviten continuar las investigaciones penales contra la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, un objetivo de larga data de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), según funcionarios policiales estadounidenses actuales y anteriores, en la señal más reciente del acercamiento entre la Casa Blanca y la nación rica en petróleo .

No está claro si los fiscales habían implicado a Rodríguez en algún delito o si los investigadores estaban preparando una acusación formal. Un portavoz del Departamento de Justicia declaró por correo electrónico que «nunca hubo una investigación en su contra que pudiera ser clausurada».

Sin embargo, los registros de la DEA obtenidos por Associated Press a principios de este año muestran que Rodríguez ha estado constantemente en el punto de mira de las fuerzas del orden federales desde al menos 2018, aunque nunca ha sido acusada penalmente en Estados Unidos como otros altos funcionarios venezolanos.

La directiva de suspender la investigación sobre Rodríguez tenía como objetivo evitar obstaculizar los esfuerzos del gobierno por estabilizar Venezuela tras la captura de su predecesor, Nicolás Maduro, entre otras razones, según indicó el funcionario. No quedó claro si la Casa Blanca, que remitió las preguntas al Departamento de Justicia, participó en la decisión.

“A todos se les ha dicho que se retiren”, dijo uno de los exfuncionarios.

Los exfuncionarios, que habían sido informados sobre lo sucedido, así como el funcionario actual, hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a comentar públicamente las deliberaciones internas.

Eliminar la amenaza de una posible acusación, aunque sea temporalmente, alivia la presión sobre Rodríguez, mientras la administración Trump busca trabajar con ella para estabilizar Venezuela tras el derrocamiento de Maduro y abrir el país a la inversión estadounidense.

El presidente Donald Trump elogió a Rodríguez, calificándolo de «una persona estupenda», poco después de que el ejército estadounidense trasladara a Maduro y a su esposa a Nueva York para enfrentar cargos federales por narcotráfico. Ambos se han declarado inocentes.

En los últimos meses, Estados Unidos levantó las sanciones contra Rodríguez y la reconoció como la única jefa de Estado de Venezuela, lo que le permitió restablecer vínculos con bancos occidentales y colaborar con mayor libertad con inversionistas estadounidenses interesados ​​en explotar las mayores reservas de petróleo del mundo.

A medida que se han estrechado los lazos entre ambos gobiernos, algunos han presentado la estrategia venezolana —caracterizada por bloqueos petroleros, acusaciones contra altos dirigentes y amenazas de intervención militar— como un modelo para impulsar un cambio de régimen desde dentro, mientras Estados Unidos presiona a otros adversarios históricos como Irán y Cuba.

Rodríguez y su hermano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, fueron objeto de sanciones estadounidenses durante el primer mandato de Trump por su papel en el debilitamiento de la democracia venezolana y la consolidación del régimen autoritario de Maduro.

Rodríguez “está haciendo un gran trabajo”, escribió Trump en las redes sociales a principios de marzo. “¡El petróleo está empezando a fluir, y es muy grato ver la profesionalidad y la dedicación entre ambos países!”.

En los últimos meses, Rodríguez ha organizado ceremonias con un flujo constante de empresarios petroleros estadounidenses, algunos de los cuales participan en delegaciones de alto nivel encabezadas por el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y el secretario del Interior, Doug Burgum.

En medio de tantos halagos mutuos, no se habla de elecciones, a pesar de que Rodríguez el mes pasado superó el límite de 90 días establecido por el Tribunal Supremo de Venezuela para cubrir el puesto de Maduro de forma interina.

“No lo sé”, respondió en inglés cuando un periodista estadounidense que la visitaba a principios de este mes le gritó una pregunta sobre el plazo para la celebración de las elecciones. “En algún momento”.

La senadora Jeanne Shaheen de Nuevo Hampshire, la principal demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, ha exigido que la administración explique el trato favorable que ha dado a Rodríguez, a quien califica de «figura central en el régimen represivo de Nicolás Maduro».

“Se han levantado las sanciones contra la Sra. Rodríguez sin que haya habido ningún indicio de que haya tomado medidas concretas y significativas para restablecer el orden democrático”, escribió Sheehan, junto con la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts, en una carta dirigida al secretario de Estado Marco Rubio y al secretario del Tesoro Scott Bessent la semana pasada.

Rick de la Torre, exjefe de la estación de la CIA en Caracas, dijo que la decisión de proteger a Rodríguez encaja bien con los objetivos de política exterior de la administración Trump en Venezuela.

“Es marxista de toda la vida y fue una alta dirigente de uno de los regímenes más corruptos del mundo, pero Estados Unidos le está brindando un respiro y alicientes para sentar las bases de la democracia y la inversión estadounidense”, dijo de la Torre, director ejecutivo de Tower Strategy, que asesora a empresas sobre Venezuela.

“Sin embargo, su utilidad tiene fecha de caducidad. En algún momento tendrá que rendir cuentas ante la justicia”, añadió.

La DEA había reunido un archivo de inteligencia detallado sobre Rodríguez que data de al menos 2018, y ha recibido acusaciones sobre ella que van desde narcotráfico hasta contrabando de oro, según informó la AP a principios de este año . Un informante confidencial le dijo a la DEA a principios de 2021 que Rodríguez estaba utilizando hoteles en el balneario caribeño de Isla Margarita «como tapadera para lavar dinero«, según muestran los registros.

Su nombre ha aparecido en casi una docena de investigaciones de la DEA —varias de las cuales seguían en curso este mismo año— que involucran oficinas regionales desde Paraguay y Ecuador hasta Phoenix y Nueva York. Incluso se la había vinculado con el presunto testaferro de Maduro, Alex Saab, a quien las autoridades estadounidenses arrestaron por primera vez en 2020 por cargos de lavado de dinero, según consta en los registros.

Rodríguez deportó a Saab este mes como parte de una purga de empresarios influyentes acusados ​​de haberse enriquecido mediante tratos corruptos con Maduro.

No está claro en qué investigaciones de Miami surgió el nombre de Rodríguez. Dos de los exfuncionarios dijeron que Rodríguez también fue mencionado en reuniones con investigadores en Tampa, a quienes la exfiscal general Pam Bondi encargó el año pasado investigar delitos financieros en Venezuela.

En aquel momento, Rodríguez ejercía como vicepresidente de Maduro. La normativa del Departamento de Justicia exige que el fiscal general apruebe personalmente la imputación de cualquier jefe de Estado extranjero, quienes normalmente gozan de inmunidad procesal según el derecho internacional y el derecho estadounidense.

La suspensión de las investigaciones contra Rodríguez se produce cuando la administración Trump ha frenado de manera similar las investigaciones federales en curso contra otro destacado izquierdista latinoamericano, el presidente colombiano Gustavo Petro.

La DEA también había designado a Petro como «objetivo prioritario» por sus supuestos vínculos con narcotraficantes, los cuales habían sido investigados durante meses por fiscales federales. El New York Times informó en marzo que funcionarios estadounidenses aseguraron recientemente al gobierno colombiano que Petro no enfrenta cargos en esos casos.

Duncan Levin, exfiscal que trabajó para la fiscalía estadounidense en Brooklyn, dijo que sería «profundamente preocupante» que se les ordenara a las fuerzas del orden «abandonar una investigación legítima por razones políticas o transaccionales».

«La Casa Blanca no puede usar la aplicación de la ley penal como un interruptor diplomático«, declaró Levin a AP. «Las decisiones del Departamento de Justicia deben basarse en la ley, las pruebas, las políticas y la seguridad pública, no en si un funcionario extranjero resulta útil para la administración en un momento dado».