Lima. Enviado Especial. Un dato consistente sobre la compleja realidad peruana lo indica el hecho de que, a despecho del resultado electoral, los ingresos de las principales empresas se desacelerarán en el primer año del nuevo gobierno. Un informe de la consultora Fitch Ratings caracteriza un escenario político que permanecerá fragmentado, con el consecuente correlato en la economía y los indicadores financieros. Esto implica una caída de los ingresos fiscales, entre otros inconvenientes. Es lo que economistas como Luis Alberto Arias Minaya describen como el circulo vicioso entre «la debilidad fiscal y la fragmentación política que paraliza las reformas que el país necesita con urgencia».
Una victoria de la líder de derecha, Keiko Fujimori, tranquiliza a los mercados debido a que la dirigente afirma que respaldará la inversión privada. Es lo contrario a la narrativa que ha elevado el candidato Roberto Sánchez, un firme estatista y que, según los analistas, plantea un enfoque voluntarista o de heterodoxia de izquierda que subestima las rigideces técnicas de la economía peruana. Pero el tema que mayormente preocupa a las empresas es el comportamiento del Congreso, cuyo poder muy opaco supera los límites legislativos, y la percepción de que la inestabilidad llegó para quedarse. En ese sentido, el reproche empresarial y de los mercados va contra ambos postulantes.
“La elecciones se realizan en medio de desafíos de gobernabilidad de larga data y una legislatura fragmentada. Esas condiciones limitarán la capacidad de la próxima administración para impulsar reformas estructurales y grandes proyectos de minería e infraestructura crítica para el crecimiento, independientemente de quién prevalezca”, afirma el informe.
La calificadora sostiene que el crecimiento anual de los ingresos de las empresas en el primer año y poco más del nuevo gobierno será de 3,3%, un porcentaje inferior al 5,2% registrado en 2025. En este sentido, el indicador de gasto de inversiones como parte de los ingresos de las grandes corporaciones en el Perú este año se calcula en 12,9 por ciento. Eso es mayor que en 2025, que redondeó 10 por ciento, pero en 2026 bajará a poco menos de la mitad, 6,3%.
Uno de los desafíos clave para comprender este escenario son ciertas disposiciones del Congreso, especialmente la llamada iniciativa de “gasto parlamentario” que el Tribunal Constitucional —al cual cooptó— le otorgó a los legisladores. Ese dispositivo, que prohíbe la Constitución y fue avalado e impulsado por el bloque de Keiko Fujimori, permite que los parlamentarios interfieran con el presupuesto. “Ahí está el reparto de obras en el famoso Anexo 5 del Presupuesto, como gran nido de corrupción parlamentaria”, denuncia la abogada y politóloga Rosa María Palacios en La República sobre el mecanismo de gasto público indiscriminado.
Con esa disposición, el Congreso tiene liberadas las manos para aprobar leyes de alto costo como la creación de universidades —muchos legisladores son propietarios de esos institutos—, nombramientos masivos en el sector público o exoneraciones tributarias, bajo la premisa de que «se pagarán después». Esto presiona y descuadra las proyecciones presupuestarias multianuales del país y espanta a los mercados. Para desarmar eso se requiere una reforma constitucional, pero los mismos legisladores que la aprobaron continuarán en sus bancas de diputados y muchos de ellos han saltado al flamante recinto del Senado. Difícilmente cederán esos atributos.
Las entidades empresariales del país, como la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industrias y ComexPerú, que repudian los planteamientos estatistas de Sánchez, también han reprochado a Fujimori, cuyo partido Fuerza Popular tiene la mayor bancada parlamentaria, el haber votado normas populistas sumamente costosas para el tesoro público. Al respecto, el exministro de Economía, Alfredo Thorne, advirtió recientemente: «El populismo legislativo de los últimos años ha perforado la caja fiscal de una manera que tardaremos una década en corregir».
En esa línea, Fitch sostiene que “es probable que la fragmentación del Congreso y el nuevo Senado limiten cambios políticos importantes. Las persistentes limitaciones de gobernabilidad podrían retrasar las decisiones de inversión y ralentizar la ejecución del gasto de capital”, sostiene la agencia en relación a las inversiones que las empresas realizan para mejorar o mantener activos a largo plazo.
Jorge Espada, socio de Valoro Capital, una firma de servicios financieros, citado por el medio especializado Gestión, señala que “para ir reduciendo los niveles de pobreza del país tenemos que crecer de 5% por año para arriba. Y para llegar a eso necesitamos reformas que permitan mayor inversión privada y ejecución de la inversión pública”.
Fitch reconoce en su informe la inestabilidad social que marca a una gran parte del Perú. “El descontento social viene principalmente porque hay sectores que no cubren sus necesidades básicas y no solo el 25% que está bajo la línea de pobreza”.
