La crisis social francesa por el alza del costo de vida se profundiza, en un «tour de force» entre el gobierno con sus cajas exhaustas, los sindicatos y los patrones, cuando faltan seis meses para las elecciones presidenciales. Una nueva huelga general ha sido declarada el 17 de noviembre por la CGT.
El primer ministro Sébastien Lecornu anunció hoy un aumento de 75 euros del salario mínimo (SMIC), que le pareció inaceptable a la CGT, una de las centrales obreras francesas. El gobierno anunció una revalorización del salario mínimo (SMIC) del 1,6%, situándolo en 1502 euros a partir del 1 de diciembre.
La central obrera llamó «a una huelga general y gran manifestación el próximo 17 de noviembre«, cuando el país lleva 2 meses manifestando.
«Ahora deben abrirse negociaciones en todas partes. Deben desembocar en aumentos salariales», afirmó Sophie Binet, la secretaria general de la CGT. «Mientras no aumenten los salarios, mientras no obtengamos respuesta a nuestras reivindicaciones, la movilización continuará», declaró Sophie Binet, al fin de la conferencia social celebrada en Matignon.
Sophie Binet hizo un llamamiento este lunes a «todos los trabajadores, jubilados y jóvenes» para convertir el 17 de noviembre en una nueva gran jornada de huelga y manifestación, tras la conferencia social entre todas las partes, celebrada en la residencia del primer ministro.
Una coalición sindical del sector público ya había convocado a la movilización y a la huelga para el próximo martes, con el fin de exigir, entre otras cosas, aumentos salariales, según un comunicado difundido el lunes.
Ayudas para la vida cara
En la misma intervención en Matignon, el ministro de Economía, Roland Lescure, y el ministro de Comercio, Serge Papin, anunciaron una serie de medidas de ayuda para «hacer frente a una incertidumbre histórica».
Roland Lescure anunció que el «bono de combustible» —una ayuda exenta de impuestos de hasta 1.000 euros que los empleadores pueden conceder a sus trabajadores— se prorrogará durante 2027.
El ministro precisó que dicha prórroga para 2027 se incluirá en el proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social. Ante la escalada de los precios del combustible, el Gobierno había anunciado a finales de septiembre la elevación del límite máximo de esta ayuda, otorgada por los empleadores, de 600 a 1.000 euros.
Según Serge Papin, el límite actual de 7.500 euros —a partir del cual las horas extras pasan a estar sujetas a impuestos— se elevará a 10.000 euros.
Asimismo, el Gobierno propondrá «exonerar de impuestos la cobertura del 75% del costo de los abonos de transporte público» en el marco del proyecto de ley de presupuestos para 2027. También propondrá extender a las empresas de más de 50 empleados la exención de la CSG (Contribución Social Generalizada) aplicable a la «prima de reparto de valor», un mecanismo de participación de los trabajadores en los resultados de la empresa, señaló.
La «prima de reparto de valor» pasará a estar disponible para empresas con más de 50 empleados. De este modo, se estima que cerca de 4 millones de trabajadores se beneficiarán de esta prima, frente a los 2,5 millones actuales. La contribución de las empresas al costo de los títulos de transporte también aumentará, pasando del 50% actual al 75%.
Durante su intervención, el primer ministro reconoció que las «tensiones sociales son fuertes» y que existen «inquietudes políticas sobre el futuro». Según él, la conferencia social celebrada este lunes ha permitido «trabajar en propuestas«.
Con una inflación alimentaria y de combustibles insoportable para la canasta familiar, esta crisis surge en plena campaña electoral y a seis meses de las elecciones. Un escenario bien polarizado: encabeza los sondeos la ultraderechista Marine Le Pen y le sigue la ultraizquierda populista de Francia Insumisa, y su líder Jean-Luc Mélenchon, que presentó su audaz plan de campaña el sábado. Un mundo desnuclearizado, un referéndum en las zonas en disputa en Ucrania para que la gente decida si quieren ser rusos o ucranianos y una Francia donde «hay que cambiar todo».
