En un día clave para resolver la crisis de los alquileres en España, el gobierno de coalición que lidera Pedro Sánchez acordó fraccionar los reclamos de los inquilinos y aprobar dos decretos ley que deberán ser validados por el Congreso.
Uno de los decretos postula mayor protección contra los desalojos hasta 2030, que los contratos de alquiler que estén vigentes se puedan prorrogar automáticamente por dos años y que los fondos de inversión inmobiliaria -fondos buitre- tengan prohibido comprar viviendas hasta 2028.
La presión social que desencadenó el desalojo de Maricarmen, de 87 años y en silla de ruedas, arrinconó al gobierno para solucionar la desesperante situación del 30 por ciento de los españoles que pagan un alquiler.
Desde el sábado a la noche, cientos de personas acampan en la Puerta del Sol de Madrid para exigir, entre otras medidas, poner fin a los 25 mil desalojos que se producen en España por año y terminar con la especulación voraz de los fondos buitre que acaparan más de un millón de viviendas.
La entrada en vigor de los decretos aprobados este martes por el Consejo de Ministros es inmediata, pero, para perpetuar sus efectos, es indispensable que el Parlamento los apruebe dentro de los 30 días.
El gobierno pidió al Congreso una sesión express para que los dos decretos que acordaron los socios de gobierno, PSOE y Sumar, sean tratados este viernes.
