Carlos Carvallo, el ahora expresidente del Banco Central del Paraguay, dejó su cargo este martes en medio del escándalo por la intervención por problemas de solvencia de Ueno Bank, cuya crisis afectó a miles de ahorristas y amenaza con extenderse al sector público.
La entidad comenzó a operar como banco en noviembre de 2023 y se convirtió en una de las marcas más reconocidas en el mercado local tras facilitar la bancarización de miles de personas en el vecino país, en donde alcanzó 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes.
Sin embargo, este martes, después de que expertos y congresistas pidieran durante meses información sobre la situación de la entidad, el Banco Central paraguayo dispuso, «por unanimidad», iniciar un «procedimiento de resolución», tras «constatarse una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del 50% del mínimo requerido», según un comunicado oficial.
Horas después, Carvallo, quien antes de asumir la presidencia del ente público fue presidente de la Financiera Ueno, comunicó que puso a disposición del Senado su cargo.
Liana Caballero, integrante del directorio del BCP, asumió como titular interina.
El presidente, Santiago Peña, en su primera reacción ante la polémica que sobresaltó el amanecer de los paraguayos, solicitó este martes en X la renuncia del funcionario, y subrayó que lo ocurrido «es un caso particular».
En tanto, la flamante encargada del ente público bancario dio una conferencia de prensa en la que aclaró que la ley da un plazo máximo de 15 días para restituir los fondos a los clientes. «Procedimos al cierre de la entidad, por lo tanto, ni la aplicación, ni las tarjetas, ni ningún servicio de la entidad está activo a partir de la fecha», explicó.
«Si yo le dejo (al cliente) seguir usando la tarjeta de crédito, va a generar (obligaciones) contra alguien que ya no existe, porque el banco ya no existe», argumentó.
La confirmación de que el Ueno Bank «ya no existe», alarma a los millones de ahorristas que tenían sus ahorros en dicha entidad.
Según el Banco Central de este país, el proceso contra Ueno prevé la designación de interventores de la Superintendencia de Bancos y la activación de los mecanismos del Fondo de Garantía de Depósitos, que cubre hasta 75 salarios mínimos o unos 228.300.000 guaraníes «por persona física o jurídica» afectada.
Horas después se comunicó que el primer pago de hasta 10 millones de guaraníes a quienes tengan depósitos se hará «en la brevedad».
En tanto, la preocupación se centra en las cuentas de unos 32.000 pensionados y en los 355 millones de dólares que el Instituto de Previsión Social, ente estatal, invirtió en esa entidad.
También la Administración Nacional de Electricidad resguardaba unos 46 millones de dólares de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de Taiwán, y otros 36.000 millones de guaraníes (6 millones de dólares) propios, dijo su presidente, Miguel Báez, al diario local ABC Color.
El caso de millones de ciudadanos con su dinero «paralizado» en este banco llevó a que la Empresa de Servicios Sanitarios (Essap) informara a los clientes con débito automático o pago vía Ueno que «no serán objeto de corte por falta de pago».
Mientras, la magnitud del alcance de este escándalo fue enmarcada por la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay, la que advirtió de una «semiparalización» del mercado comercial, al señalar que «dos de cada tres operaciones electrónicas se realizan a través de cuentas» de Ueno.
En el Congreso, senadores de oposición amenazaron con promover un juicio político contra Peña y su vicepresidente, Pedro Alliana tras ser acusados del «saqueo» del país y de los fondos de los jubilados, sosteniendo que lo ocurrido no puede quedar impune.
Además, la Cámara Alta aprobó en una sesión extraordinaria un proyecto de ley que fijó en hasta 40 los salarios mínimos que cada depositante podrá recibir en un plazo de 24 horas, previo al cierre del banco.
La jornada se cerró con la confirmación de que el CEO y uno de los fundadores de Ueno Bank, Miguel Vásquez, se entregó a la Justicia paraguaya tras desplegarse un cerco policial en su domicilio. Fue imputado por el delito de abuso de confianza, junto a otros altos mandos del banco.
