Tras el duro impacto por la derrota en las elecciones de medio término en los Estados Unidos, el presidente Donald Trump reactiva este jueves su intento por anular la histórica condena que recibió antes de volver a la Casa Blanca por falsificar registros comerciales vinculados al pago de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels.
Dos años y medio después del veredicto que lo convirtió en el primer exmandatario estadounidense declarado culpable de un delito penal, los abogados de Trump intentarán convencer a un tribunal de apelaciones para anular el veredicto que es un antecedente judicial sin precedentes para un presidente en ejercicio.
Los abogados del prestigioso estudio Sullivan & Cromwell comparecerán ante un panel de cinco magistrados de la División de Apelaciones de la Corte Suprema del estado de Nueva York, en Manhattan, para argumentar que el proceso estuvo presuntamente contaminado por motivaciones políticas, errores jurídicos y violaciones de la inmunidad presidencial.
En sus presentaciones judiciales, la defensa calificó el caso como «el proceso penal con mayor carga política de la historia de nuestra nación».
Los letrados sostienen que el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, del Partido Demócrata, presentó los cargos durante una campaña presidencial especialmente disputada, cuando Trump era el principal candidato republicano.
Según la defensa, los fiscales construyeron una acusación penal mediante una interpretación extraordinariamente amplia de la legislación neoyorquina, combinando infracciones menores con supuestos delitos adicionales para justificar cargos más graves.
«Este caso nunca debería haber llegado a un tribunal, y mucho menos haber terminado en una condena», argumentan los abogados.
El origen del proceso se remonta a las semanas anteriores a las elecciones presidenciales de 2016, cuando Michael Cohen, entonces abogado personal de Trump, pagó 130.000 dólares a Daniels para evitar que hiciera pública una supuesta relación sexual con el empresario.
Trump negó haber mantenido ese encuentro.
La Fiscalía sostuvo que el dinero fue posteriormente reembolsado a Cohen mediante operaciones registradas falsamente como gastos legales, con el propósito de ocultar un acuerdo que buscaba impedir la difusión de información potencialmente perjudicial para la candidatura republicana.
En mayo de 2024, después de seis semanas de juicio, un jurado popular declaró a Trump culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales en primer grado.
Cada cargo estaba relacionado con documentos utilizados para contabilizar los reembolsos efectuados a Cohen.
Sin embargo, tras su victoria electoral de noviembre de 2024, el juez Juan Merchan dictó en enero de 2025 una sentencia de exención incondicional de pena, que mantuvo la condena sin imponer prisión, multa ni libertad condicional.
La decisión respondió a las circunstancias excepcionales derivadas de la inminente investidura presidencial.
Trump calificó entonces el proceso como una «caza de brujas política» destinada a destruir su reputación e impedir su victoria electoral.
La audiencia de este jueves no implica necesariamente una decisión inmediata. Los cinco magistrados deberán evaluar los argumentos de ambas partes antes de pronunciarse.
