La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este lunes al Gobierno a continuar la construcción de un tramo del muro fronterizo en el oeste de Texas, promovido por la administración de Donald Trump incluido el parque nacional Big Bend. Así, ordenó suspender de forma cautelar el bloqueo impuesto por un tribunal de distrito y dio luz verde a la reanudación inmediata de las obras.
La decisión, argumentada en cinco páginas, dice puntualmente que se podrá reanudar la construcción del muro y la instalación de equipos de vigilancia en esta parte de la frontera con México, frenadas por una corte de un distrito de Texas.
La decisión del Gobierno de levantar un muro en esta región provocó una oleada de críticas de grupos ambientalistas y residentes de la zona, quienes presentaron la demanda inicial para detener el proyecto.
El parque nacional Big Bend tiene más de 324.000 hectáreas de tierras protegidas a lo largo de la frontera con México, que albergan especies animales amenazadas, yacimientos arqueológicos y paisajes emblemáticos.
Las organizaciones conservacionistas demandantes presentaron su caso en abril y alegaron que el Gobierno había violado la Constitución al eximir las obras del cumplimiento de decenas de leyes para acelerar la construcción de barreras fronterizas.
En el fallo de este lunes, el Tribunal Supremo argumentó que la orden del tribunal de instancia inferior – que detuvo la construcción del muro – impide al Gobierno avanzar en sus intereses «apremiantes» en materia de «seguridad e integridad» de la frontera.
«El interés del Gobierno pesa más que cualquier daño estético, recreativo y ambiental alegado por los demandantes», sentenció en su veredicto el Tribunal Supremo.
El núcleo del conflicto planteado reside en la autoridad del secretario de Seguridad Nacional para invocar la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal de 1996 (IIRIRA, por sus siglas en inglés), que permite sortear las normativas medioambientales para acelerar la construcción de infraestructura en «áreas de alta entrada ilegal».
Meses atrás, el tribunal texano había bloqueado las exenciones firmadas por la Administración argumentando que carecían de una «clara autorización del Congreso».
Respecto al daño ambiental y recreativo esgrimido por los demandantes, el fallo conocido en las últimas horas estipula que el Congreso ya estableció una «clara preferencia por la construcción expedita» sobre esos perjuicios al redactar la ley, un equilibrio que los tribunales «no pueden rechazar a su discreción».
El Centro para la Diversidad Biológica, una de las organizaciones ambientalistas que presentaron la demanda contra el muro, rechazó de inmediato la decisión.
«El Gobierno de Trump y sus contratistas están empeñados en destruir uno de los mayores parques nacionales de Estados Unidos«, dijo Laiken Jordahl, activista del Centro, en un comunicado. Y agregó: «(Los jueces) están dando el visto bueno a la destrucción permanente del lugar más salvaje de Texas y a que nos roben a todos un gran río estadounidense».
El sector de Big Bend, que abarca 832 kilómetros de la frontera, es uno de los cruces que registran menos pasos irregulares. En 2025 concentró apenas el 1,3 % de las detenciones en la frontera.
