a contrarreloj, Pedro Sánchez busca apoyos para aprobar un decreto que descomprima la crisis de los inquilinos

La Puerta del Sol de Madrid permanece, desde la noche del sábado, “indesalojable”: unas 600 personas duermen en 350 carpas para reclamarle al gobierno de Pedro Sánchez que su consejo de ministros apruebe el martes un decreto ley que proteja a los inquilinos y termine con los desalojos.

La vivienda es la principal preocupación de los españoles y el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años y en silla de ruedas, del departamento en el que vivió desde 1956 encendió la empatía ciudadana.

Cientos de personas se instalaron con carpas y bolsas de dormir en el kilómetro cero de la capital a la espera de una medida que los deje a salvo de la voracidad de los grupos de inversión inmobiliaria que, en España, son dueños de casi el 5 por ciento de las casas y departamentos.

“El gobierno está trabajado a contrarreloj para llevar el próximo martes el real decreto ley sobre vivienda”, reconoció Sánchez el domingo.

Al desgaste político que arrastra por las causas judiciales y la gestión de la crisis migratoria en Ceuta se suma ahora la presión de la calle que, conmovida por el desgarrador desalojo de Maricamen en Madrid, acorrala al jefe del gobierno.

“Pedro Sánchez, a preguntárselo: ¿Va a legislar a favor de las vidas inquilinas o va a colocarse del lado de los fondos buitre y del rentismo?”, lanzaba este lunes, cuando comenzaba a llover en la Puerta del Sol, Alicia del Río, vocera del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid que promueve la movilización y el acampe.

Desde el área socialista, la mayoritaria en la coalición de gobierno, trabajan en algunas propuestas que incluyen prohibir que los fondos de inversión inmobiliaria, los fondos buitre, puedan comprar viviendas residenciales, rebajas de impuestos a los inquilinos y a los propietarios que bajen el alquiler, regular el alquiler de temporada y ayudas para comparar la primera casa.

“Hay que poner el foco, de una vez por todas, en la accesibilidad”, decía este lunes el presidente Sánchez en un acto en Barcelona donde, desde temprano, hubo cortes de calles y protestas por la crisis de la vivienda.

“Privilegiar el uso residencial de las viviendas frente al turístico”, postulaba.

Sin embargo, Sumar, el socio minoritario en el gobierno de Sánchez, amenaza con hacer naufragar el decreto que tratará este martes el Consejo de Ministros si no contempla las reivindicaciones que el sindicato de inquilinas resume en cuatro puntos: la prórroga automática de los contratos, la prohibición de los desalojos, la congelación de los precios y la regulación de la renta de las habitaciones y del alquiler temporal.

Desde la puerta del hospital donde Maricarmen está internada desde que la desalojaron, los partidos a la izquierda del PSOE se reunieron con una pancarta con la que exigen que el gobierno apruebe el que bautizaron como “decreto Maricarmen”.

Allí estaban dos actuales ministras, que pertenecen a Sumar: Mónica García, ministra de Salud, y Sira Rego, de Juventudes e Infancia.

“No nos vamos a bajar de un decreto que no sea lo suficientemente exigente”, aseguró la ministra de Salud.

“Tenemos que congelar los precios que están absolutamente desorbitados y aprobar una prórroga con una renovación automática”, subrayó García.

Podemos tensa todavía más negociaciones: la eurodiputada Irene Montero, ex ministra del primer gobierno de coalición de Sánchez y futura candidata de Podemos a las próximas elecciones, postula que el decreto permita “expropiar las viviendas a los fondos buitre para ponerlas en alquiler social”.

De ser aprobado el martes en la reunión de gabinete, el real decreto ley tendrá 30 días para pasar por el Congreso y asegurar que su vigencia no será transitoria.

Para lograrlo, Sánchez tiene que conseguir, como mínimo, el apoyo de los partidos que permitieron su última reelección. Son los llamados “socios de investidura” que incluyen a independentistas catalanes y vascos, de izquierda y de derecha, como Junts per Catalunya, el partido del ex presidente catalán Carles Puigdemont. Junts ya anunció que no votará nada que perjudique a los propietarios de viviendas en alquiler.

El Partido Popular, líder de la oposición, ya adelantó que no negociará ningún decreto ley con Sánchez. Argumentan que el gobierno no puede dar lecciones magistrales de vivienda luego de ocho años en el poder.

“Que me avisen a partir de qué edad dejo de pagarle a mis caseros para quedarme en ella (la casa) y, a lo mejor, en la próxima manifestación de inquilinas me sumo y pido ya quedarme y surrogarme el derecho que no tengo a cambiarle las reglas del juego a las personas que me han abierto su casa y me han dejado temporalmente su propiedad porque hemos tenido un contrato. Eso pasa cuando no hay Estado de derecho”, ironizaba este lunes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

“La señora Ayuso es la que le ha puesto una alfombra roja a los fondos buitre -le recriminó la ministra de Salud García-. No hay puesto ni una sola medida para que no se desahucie a Maricarmen.”

La presidenta regional madrileña responsabiliza, además, al Ministerio del Interior por haber permitido la acampada frente a la sede de su gobierno, en la Puerta del Sol.

Según Interior, la permanencia o no de los manifestantes es una competencia de la Policía Municipal madrileña.

El domingo, pasaron por la acampada figuras como el director de cine Pedro Almodóvar, la actriz Aitana Sánchez-Gijón y el actor argentino-español Juan Diego Botto.

“Me gustaría estar allí con vosotros, acompañarlos en esa acampada y en esta lucha, pero no tengo la suerte”, dijo Maricarmen este lunes, desde su cama del hospital, en un video que envió a quienes se están manifestando.

“Desde aquí os pido a todos valor, luchar, defender lo que es vuestro -pedía Maricamen, acostada boca arriba-. Y, por favor, tened cuidado. Espero que todo esto llegue a un buen fin el día de mañana.”