El gobierno de Brasil planea destinar 15.000 millones de reales (US$ 2.800 millones) para comprar hasta 150.000 millones de reales (US$ 28.000 millones) en deudas morosas de consumidores a los bancos, como parte de la estrategia del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para aliviar la presión financiera sobre los hogares y fortalecer su intento de conseguir un cuarto mandato.
El Gobierno realizará una subasta en noviembre para adquirir carteras de deuda bancaria correspondientes a obligaciones de personas físicas de hasta 10.000 reales (US$ 1.866), con una antigüedad de entre dos años y cuatro años y medio, dijo el viernes a periodistas el ministro de Planificación, Bruno Moretti.
Lula firmará una medida provisional que autoriza la compra de esas deudas y otra que prohíbe todas las formas de apuestas online, dos situaciones que para el funcionario están relacionadas.
Las encuestas muestran una elección muy ajustada frente al senador conservador Flávio Bolsonaro, con ambos candidatos en situación de empate técnico en varios sondeos recientes.
El gobierno de Lula también aumentó los beneficios del programa Bolsa Família y tomó medidas para reducir el costo de los combustibles.
Según Moretti, el stock de deudas en mora, asociadas principalmente a tarjetas de crédito y préstamos personales no descontados directamente del salario, asciende a unos 300.000 millones de reales, es decir, unos US$ 56.000 millones.
La idea es que el Estado brasileño intervenga en el mercado comprando hasta el 50% de ese volumen —unos 150.000 millones de reales— y traslade a las familias los descuentos obtenidos en las subastas, que podrían llegar al 90% o incluso superarlo.
Según el esquema presentado, el Gobierno estaría interesado en comprar deudas vencidas de entre dos años y cuatro años y medio —antes del plazo de prescripción, que comienza a los cinco años— y por montos de hasta 10.000 reales.
El mecanismo, según Moretti, reemplazaría el modelo en el que “cada persona va al banco a intentar renegociar su propia deuda” por una operación centralizada. Es decir, el Gobierno compraría carteras a las entidades financieras y llevaría adelante la reestructuración con los deudores.
El ministro señaló que este mercado ya opera con fuertes descuentos, porque las carteras consideradas de difícil recupero suelen venderse con quitas de entre 90% y 95%. Según la estimación presentada, la compra de 150.000 millones de reales con un descuento del 90% tendría un costo fiscal de alrededor de 15.000 millones de reales.
Actualmente, dijo, estas operaciones privadas suman aproximadamente 50.000 millones de reales por año; con el programa, el Gobierno buscaría triplicar esa escala.
Los bancos presentarían sus portafolios en subastas competitivas donde resultaría ganador quien brindara el mayor descuento. «Esa reducción se transfiere de forma directa a los hogares», expresó.
Moretti señaló además que la operación podría ser ejecutada por el Tesoro Nacional o por una entidad financiera estatal, como Banco do Brasil o Caixa.
Además, defendió que la medida provisoria incluya directrices para los organismos reguladores, especialmente el Banco Central, con el objetivo de frenar abusos en el otorgamiento de crédito y evitar que las familias vuelvan a caer en situaciones de sobreendeudamiento.
Con información de Bloomberg
