El sensible mundo de Internet está cruzado en estos días por acontecimientos sin precedentes y contradictorios que al tiempo que enarbolan el respeto a una libertad de expresión irrestricta constatan la disolución de la utopía democratizadora de las redes. Uno de esos hechos ha sido la decisión de un juez de la Corte Suprema brasileña, luego avalado por la totalidad del Tribunal, para bloquear la red X del millonario sudafricano Elon Musk.
La medida impuesta por el magistrado Alexandre de Moraes, responsable en el alto tribunal de la Corte Electoral, dato importante para observar su comportamiento, se adoptó después de un largo tironeo con la aplicación y su polémico propietario. Lo que se demandaba era que X desactivara un puñado de cuentas que reivindicaban la asonada golpista de enero de 2023 y denunciaban sin pruebas un fraude en las elecciones de octubre del año anterior, que no las habría ganado el actual mandatario Lula da Silva, sino su antecesor, el ultraderechista Jair Bolsonaro .
Ese tipo de mensajes limitados a la provocación suelen ser denominados discurso de odio. De Moraes usa el término Milicias Digitales, que es como tituló la causa que instruye contra Musk. Cuando X era Twitter, había filtros para detener este tipo de comunicaciones que en su punto más agudo incluyó la clausura de la cuenta de Donald Trump debido a su insistencia en denunciar, también sin pruebas y con el mismo argumento, que perdió por fraude frente a Joe Biden.
Cuando el sudafricano compró la plataforma por 40 mil millones de dólares, su primer paso fue eliminar los filtros y despedir a los ingenieros a cargo de manejarlos. Todo se podía decir, no había límites a los mensajes más radicales, ni a los bots que inflaban cuentas de forma artificial y distribuían todo tipo de noticias falsas.
Este punto ayuda a comprender un dato más básico y que se pierde en la neblina de la polémica. Para buscar ejemplo comparativos, este conflicto no es equivalente a los Papeles del Pentágono sobre la guerra de Vietnam sustraídos clandestinamente de los archivos del gobierno de Richard Nixon. Tampoco con el enorme aporte del injustamente perseguido Julian Assange por los documentos militares secretos que publicó en su Wikileaks desde 2006.
Ambas informaciones, que soportaron una implacable ofensiva censuradora, debían llegar a la sociedad para que opere su juicio. Eso es libertad de expresión. El caso con X es diferente. El litigio es por la difusión de información falsa, en muchos casos con un trasparente interés político.
Musk es un histórico aliado de Bolsonaro, quien en su último año en la presidencia llego a entregarle una condecoración militar por sus “servicios distinguidos” al país. Esa medalla la recibió del entonces ministro de Defensa, Paulo Nogueira, investigado hoy por su participación en la conspiración para impedir que Lula tomara el poder tras su apretada victoria en octubre de 2022.
La secuencia de la batalla del multimillonario con la justicia brasileña revela que hubo oportunidad de lograr un acuerdo. El conflicto comenzó en abril por un pedido para no dar aire a las cuentas falsas. Musk se negó y luego aumentó la apuesta desactivando su oficina en Brasil, lo que ilegalizó la operación: ninguna plataforma funciona sin un representante legal. Musk lo sabía. Al hacerlo era claro que Moraes aumentaría la presión, que culminó en el bloqueo. Brasil es el cuarto mercado de X y tiene ahí 22 millones de seguidores.
Elecciones en la mira
En el contexto se debe observar que en octubre hay en Brasil unas elecciones municipales que operan a modo de un examen de medio término. La disputa de fondo será nuevamente entre Lula y Bolsonaro, aunque no participen directamente. La acción legal contra X juega claramente en contra del gobierno por el impacto frustrante que produce entre los abonados. La justicia cayó en esa trampa.
Musk no tiene prejuicios en exhibir el horizonte político de todo el asunto: “A la actual administración brasileña le gusta llevar el discurso de una democracia libre, mientras aplasta al pueblo bajo su bota”, escribió en su red.. Coherente, amplia el caso brasileño a EE.UU. Aliado vertical de Trump, sostiene que Kamala Harris haría lo mismo con X si gana en noviembre.
El sitio Lupa, la versión brasileña de chequeado, investigó que la mayoría del puñado de perfiles cuestionados por la justicia “tienen en común publicaciones falsas, ataques al sistema de votación de Brasil, insinuaciones nunca comprobadas de fraude en máquinas de votación electrónica en las elecciones de 2022 y ofensas contra Moraes”.
Uno de estos usuarios es el influencer argentino Fernando Cerimedo, un ultraderechista alineado con Bolsonaro. Durante las elecciones presidenciales de 2022 reveló un supuesto informe secreto que demostraría diferencias de votos a favor de Lula da Silva en las urnas modelo 2020, en relación a las más antiguas. “Según el argentino, en las encuestas auditadas de 2020, Lula habría alcanzado el 80% de los votos en sólo el 0,3% de los equipos. Entre las urnas “no auditadas”, es decir, entre las más antiguas, el petista habría logrado la mayor votación en el 22% de esas máquinas”. Sin embargo, no existían esas diferencias entre uno y otro sistema. Era falso, indica Lupa.
Otra de las cuentas denunciaba que uno de los atacantes en la asonada golpista del 8 de enero de 2023 en Brasilia contra las sede de los tres poderes, era un miembro infiltrado del Movimiento Sin Tierra conocido como Hugo aliado del PT. Se lo ve en un video con casco destruyendo uno de los portales de cristal de los edificios. Pero era una grabación del 5 de enero, antes de la rebelión. y publicada en un perfil de TikTtok de un fabricante de vidrio que publicitaba sus productos.
También está la abogada Paola Silveria, esposa del ex diputado Daniel Silveira. Con 29,2 miles de seguidores insistió que las urnas de octubre de 2022 fueron manipuladas y que a su marido, que acabó en la cárcel por una denuncia sin fundamentos contra la Corte, se lo sancionó porque impulsó una ley para crear “urnas electrónica auditables”.
Otro usuario, Cláudio Luz, cita nuevamente a Cerimedo, afirmando que hallaron un supuesto vacío legal en el sistema de votación. La publicación presenta una impresión de una imagen que probaría que el código fuente de la máquina de votación electrónica indicaría el nombre del elector, cuándo votó, dónde votó y por quién votó. Pero técnicamente el sistema preserva el secreto del voto. En Brasil el sufragio electrónico existe desde 1996 y nunca se cuestionó su eficiencia.
Durov y la libertad de expresión
Es interesante que este episodio haya sucedido temporalmente en simultáneo con el arresto en Francia del también multimillonario Pavel Durov, el fundador de la aplicación Telegram. Lo acusan de al menos doce cargos entre ellos pornografía infantil, acoso cibernético, crimen organizado y promoción de terrorismo.
Musk salió en rápida defensa de Durov, un ruso francés de 39 años, que falsamente sostiene que es un perseguido del Kremlin (todos los ministros de Vladimir Putin salieron a su rescate), y compartió en su cuenta fragmentos de entrevistas de ambos en las que defienden “la libertad de expresión” y argumentan en contra de las prácticas de moderación, emparentándolas con la censura.
La escritora y periodista británica, Carole Cadwalladr, quien destapó el escándalo de Cambridge Analytica sobre la manipulación de datos de millones de personas a través de sus cuentas de Facebook para influir en los resultados de las presidenciales de EE.UU. y el referéndum del Brexit, tiene una mirada filosa sobre estos dos personajes.
En un duro artículo en The Guardian reflexiona que el arresto de Durov y el desafío de Musk a las autoridades brasileñas abre la duda respecto a “si este es un momento en el cual el Estado se reafirma en las tierras baldías sin ley de Internet” o si por el contrario, como la historia la cuentan los ganadores, bastará “con tener tu propia plataforma de expresión global para controlar cual discurso sea el que se escuche”.
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