La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este jueves que en su país habrá todas las elecciones que la Constitución establece, aunque no dio una fecha precisa, y prometió que se celebrarán con una autoridad electoral «renovada».
«Habrá elecciones, todas las que manda nuestra Constitución, organizadas por una autoridad electoral renovada y con el mundo como testigo», declaró en un mensaje al país, que tuvo lugar poco antes de la primera conferencia de prensa anunciada por la líder opositora María Corina Machado, que regresó días atrás a Venezuela tras casi un año de exilio.
Además, Delcy Rodríguez aseguró que instruyó a la Policía que «ninguna persona sea detenida» sin una orden judicial, una práctica que ha sido constante durante los últimos años en el país, según denuncias de ONG.
Vestida de blanco y en un tono pausado, Rodríguez, quien en enero asumió el poder tras la captura en Caracas del entonces presidente Nicolás Maduro, defendió que el horizonte político de su país «no se mide como una fecha en el calendario», en una velada alusión al reclamo de convocar a elecciones, «sino desde una secuencia de objetivos» por alcanzar.
Entre otros, mencionó «un marco de verdadera convivencia democrática y paz, una reforma jurídica ordenada, garantía de condiciones reales de participación justa para todas las fuerzas políticas del país y unas elecciones que -aseguró- sean una solución y no un generador de conflictos irreconciliables».
En su mensaje, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), insistió en que «la elección no debe ser un problema ni hacernos retroceder hacia tiempos de confrontación que ya nadie quiere».
La oposición en Venezuela, en particular la representada por Machado y Edmundo González Urrutia, reclama la celebración de elecciones presidenciales en 2027.
El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, apoya una hoja de ruta para lograr la renovación de organismos clave como el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) en los próximos meses, lo que debería llevar a Rodríguez a declarar vacante la presidencia y a abrir un plazo de seis meses para la convocatoria de elecciones, dijo el lunes un alto funcionario del Departamento de Estado en una rueda de prensa telefónica.
La presidenta interina aseguró además que la política está garantizada en el país. «Todos tenemos derecho a pensar distinto, sin temor a represalias de ningún tipo», dijo Rodríguez. En ese sentido, indicó que instruyó «a los cuerpos de seguridad para que ninguna persona sea detenida sin orden judicial, salvo los casos de flagrante comisión de delito» y añadió que «el ejercicio responsable de la política está garantizado para todos y para todas».
Asimismo, recordó que las protestas pacíficas son un derecho constitucional siempre que estén acompañadas «del respeto a la integridad física y moral» de los funcionarios de los cuerpos de seguridad.
Las nuevas decisiones se enmarcan en un proceso de «transformación» que ordenó, luego de asumir la jefatura de Estado por orden el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tras la captura de Maduro.
Desde entonces, y en un contexto marcado por la presión de Washington, Rodríguez, que era vicepresidenta durante el gobierno de Maduro, ha ordenado la liberación de cientos presos políticos, la renovación del sistema de justicia y ha flexibilizado las restricciones en el ejercicio de la política que por años estuvo marcada por denuncias de represión y detenciones arbitrarias.
La mandataria recordó que también llevó al Parlamento una ley de amnistía que, según dijo, ha beneficiado a casi 9.000 personas y reiteró que «más de mil personas han sido puestas en libertad producto de la aplicación de esta» norma y de otros instrumentos.
Además recordó que también propuso la reforma de la ley contra el odio que, volvió a reconocer, se ha «aplicado de forma abusiva» y pidió nuevamente al Parlamento llevar a «un proceso amplio de consultas» sobre esa criticada normativa.
Según dijo, una vez que sea aprobada la reforma, «el sistema de justicia deberá revisar los casos de personas procesadas» bajo esta ley.
