La crisis estructural que atraviesa Cuba muestra ahora un nuevo e inquietante flanco del régimen castrista que la controla hace décadas. Un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), que se presentará el 7 de septiembre en Madrid, revela un deterioro alarmante de las condiciones de vida en la isla. Según el documento, el 94% de la población vive en pobreza extrema, mientras el 95% desaprueba la gestión del gobierno autocrático.
El estudio, basado en 1.318 entrevistas realizadas en las 15 provincias y 79 municipios entre junio y julio de 2026, indica que el 68% de los hogares cubanos declara ingresos mensuales inferiores a 20.000 pesos cubanos, unos 30 dólares al cambio vigente. Una cifra que evidencia la brecha entre los ingresos familiares y el costo de cubrir necesidades básicas.
La situación alimentaria es uno de los indicadores más críticos: ocho de cada diez cubanos dejaron de desayunar, almorzar o cenar al menos una vez en los seis meses previos, ya sea por falta de dinero o por escasez de alimentos.
Entre los mayores de 61 años, la proporción escala a nueve de cada diez, reflejando la vulnerabilidad de los grupos más frágiles.
Los apagones, que a veces durante más de 20 horas al día, se consolidan como el principal problema identificado por los encuestados: el 70% los señala como su mayor preocupación y la prioridad de solución más urgente.
Le siguen la crisis alimentaria (52%), el costo de la vida (45%), la salud pública -incluyendo acceso a medicamentos, otrora una bandera del régimen– (34%), los salarios (27%) y la inseguridad y violencia (24%). Apenas un 6% de los hogares puede realizar compras más allá de lo indispensable.
La desconfianza hacia las autoridades se extiende también al plano político. El 84% considera que las últimas medidas económicas anunciadas por el régimen castrista no mejorarán la situación del país.
La gestión del presidente Miguel Díaz-Canel y del primer ministro Manuel Marrero recibe solo un 3% de valoración positiva, mientras que el 95% califica como regular o malo el estado de la infraestructura, con la red eléctrica como la peor evaluada.
El informe del OCDH se suma a otros documentos recientes que retratan el agravamiento de la situación en la isla. La organización Cubalex registró 37 homicidios en julio de 2026, la cifra mensual más alta desde que inició su monitoreo hace cuatro años, y documentó 1.894 eventos violatorios de derechos humanos en el primer semestre del año, un aumento del 48% respecto al semestre anterior.
Las reformas anunciadas por el régimen del Partido Comunista buscan liberalizar y descentralizar la economía cubana, marcada por la profunda policrisis que se ha agudizado en los últimos años por motivos internos y externos.
“Cuba saldrá adelante con la implementación de las transformaciones económicas y sociales, dándole participación a todos, siempre desde una orientación hacia el bienestar del pueblo y el desarrollo del país”, aseguró Díaz-Canel al presentar el programa de 176 reformas económicas y sociales que intentan aumentar la producción de alimentos, bienes y servicios.
Para el sector privado posibilitarán que una persona natural pueda ser titular de más de una empresa, la autorización para abrir cuentas bancarias en el exterior con derecho a realizar extracciones y la posibilidad de desarrollar actividades adicionales sin abandonar el objeto principal para el cual fueron creadas. Por primera vez, permitirán la creación de mini-pymes (pequeñas y medianas empresas) en la agricultura, donde solo podían operar cooperativas.
Estas medidas han llegado en un momento en el que Cuba se encuentra sumida en una grave crisis desde hace seis años, periodo en el que el PIB de la isla se ha contraído un 15 %, según cifras oficiales.
Pero ese cuadro ha comenzado a agravarse cada vez más desde enero último, cuando el gobierno de Donald Trump comenzó a aplicar una política de máxima presión sobre Cuba con un bloqueo petrolero, al que ha sumado una serie de sanciones adicionales con el fin de lograr cambios políticos y económicos en la isla.
La merma del crudo forzó la cancelación de vuelos de las aerolíneas internacionales, lo que a su vez derivó en el cierre de varias cadenas hoteleras, encabezadas por la española Meliá. Entre enero y junio, el turismo -el pulmotor económico de la isla- se desplomó un 58% en comparación con igual periodo de 2025, según datos oficiales.
El turismo es la segunda fuente de ingresos en divisas y, hasta enero, empleaba a más de 300.000 personas en la isla de 9,4 millones de habitantes.
Con información ANSA, EFE y AP.
