el acampe de Madrid exige a Pedro Sánchez que proteja a los inquilinos de los desalojos

Ruidos de llaves, las llaves de casa, aturdieron este domingo la Puerta del Sol, el kilómetro cero de Madrid, donde cientos de manifestantes pasaron la noche en carpas para protestar por los desalojos, el precio de los alquileres y la falta de viviendas que acaparan los fondos buitre.

El disparador fue la imagen de la que habla toda España: el desalojo de Maricarmen Abascal, de 87 años, forzada a abandonar en una camilla el departamento en el que vivió durante siete décadas.

Ocurrió el miércoles, cuando el fondo de inversión inmobiliaria que compró los 60 metros cuadrados que Maricarmen y su familia alquilaban desde 1956, la obligó a dejar el 6 A de la calle Alcalde Sainz de Baranda, a tres cuadras del Parque del Retiro.

Pagaba 500 euros por mes porque el contrato, que se firmó durante el franquismo, daba beneficios casi vitalicios a los inquilinos. Su jubilación es de 1.450 euros y el fondo buitre le pedían 1.650.

Desde el miércoles, cuando fue desalojada, Maricarmen duerme en el hospital Gregorio Marañón de Madrid. La internaron con un cuadro severo de agotamiento y no se sabe cuándo le darán el alta. Cuando eso ocurra, ella, que del disgusto dejó de caminar y está en silla de ruedas, no tendrá dónde ir a vivir.

“No he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya”, dice Maricarmen en el video que envió a través del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.

Fue el sindicato el que organizó la marcha que circuló por las calles de la capital el sábado a la tarde y que terminó en acampada en la Puerta del Sol, frente a la Real Casa de Correos, sede del gobierno regional madrileño.

Allí, sobre el empedrado que se conoce como kilómetro cero por ser el punto de partida de las principales rutas que unen la capital de España con el resto del país, se montaron carpas y bolsas de dormir.

Según los manifestantes, no se moverán, en principio, hasta el martes, día en el que el consejo de ministros promete aprobar un real decreto ley sobre vivienda.

El desalojo de Maricarmen urge al gobierno de Pedro Sánchez a insistir con un real decreto ley que no logró aprobar antes del verano.

El real decreto ley es de aplicación inmediata pero debe ser ratificado por el Parlamento en el plazo de 30 días. Si no se consigue, cae.

En la Puerta del Sol, eran casi las dos de la madrugada cuando, por altoparlante, se celebró la primera asamblea.

“El martes es un día importante -gritaba una de las integrantes del sindicato de inquilinas-. Hay un consejo de ministros y vamos a ver si este gobierno, que se autodenomina progresista, es capaz de hacerle caso a esta chispa que se ha encendido y si es capaz de ponerse de una vez por todas del lado de la gente y no del lado de los especuladores”.

“O cae el rentismo o cae el gobierno”, afirmaban desde el sindicato.

En España, el 4 por ciento de las viviendas están en manos de fondos de inversión que poseen y administran, cada uno, más de 50 propiedades. En total, manejan más de un millón de propiedades.

En un acto partidario, el presidente Pedro Sánchez se refirió al tema este domingo: “El gobierno está trabajado a contrarreloj para llevar el próximo martes el real decreto ley sobre vivienda y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento nacional, por Maricarmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda”.

“Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad”, subrayó.

En España existe una ley de vivienda, aprobada en 2023, se fijó como objetivo contener el precio de los alquileres. Las comunidades autónomas no están obligadas a cumplirla en su totalidad, aunque sí deberían designar cuáles son sus zonas tensionadas para regular los valores y que los precios no se disparen.

Abiertamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se jacta de no aplicarla.

“La medida más importante de todas para que no haya ninguna Maricarmen más es contratos indefinidos. Que no nos puedan echar. Somos el 30 por cientos de la población los inquilinos y las inquilinas. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre”, dijo Alicia Del Río, vocera del sindicato sobre la propuesta que ya tiene nombre: decreto Maricarmen.

Los inquilinos reclaman contratos de alquiler indefinidos, impedir los desalojos de personas vulnerables sin una alternativa habitacional, prórrogas en los alquileres vigentes y congelación de los precios actuales.

“No nos vale cualquier real decreto”, dijo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, referente de Sumar, el socio minoritario en la coalición del gobierno.

“Queremos un real decreto que le meta mano a los fondos buitre, que diga que ya está bien de esos fondos de inversión, que no tributan impuestos en nuestro país y que se están forrando”, dijo Díaz, quien el martes se sentará a negociar el decreto con los socialistas de Sánchez.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, señaló que quisieron comprar la vivienda de Maricarmen pero que la empresa propietaria, Urbagestión, se negó. Desde el fondo de inversión inmobiliaria desmintieron esa gestión.

Luego del desalojo y ante la repercusión social y mediática que cobró el caso, Urbagestión le propuso al ayuntamiento ceder el usufructo del departamento a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid pero el municipio no lo aceptó porque no reúne los requisitos para hacerlo.

La Comunidad de Madrid le ofreció a Maricarmen una plaza en una residencia para mayores en Alcalá de Henares, inaceptable para ella.

El día de su desalojo, hubo una manifestación en la puerta del ático que la Comunidad de Madrid compró por 6,3 millones de euros para el uso personal y profesional de su presidenta. Ante el escándalo, el ático se puso en venta pero no hay quien lo compre.

En la madrugada de este domingo, en la acampada de la Puerta del Sol, frente a la sede del gobierno regional, los manifestantes gritaban: “¡Ayuso, payasa, vete a tu casa!”.