La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú del domingo 7 de junio, que disputan la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, no se define solo entre ambas tendencias, sino entre fujimorismo y antifujimorismo, las corrientes que han dividido al país en torno a un apellido que ha marcado la política peruana desde hace más de 30 años.
Tras históricas manifestaciones en las últimas décadas, que llegaron a reunir a decenas de miles de personas, los comicios de este año han mostrado, sin embargo, un menor activismo del antifujimorismo, que apenas salió a las calles el último sábado para rechazar a la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
Esto fue evidente durante la campaña para la primera vuelta celebrada el 12 de abril, donde no hubo ninguna manifestación ni protesta masiva específica contra el fujimorismo, a pesar de que todos los sondeos ya indicaban que Keiko iba a ser la candidata más votada y pasaría a la segunda vuelta presidencial.
Antes de las elecciones, el «antivoto» a Fujimori, marcado por aquellos que señalan que de ningún modo votarían por ella, era del 66 %, pero a pocos días de la segunda vuelta bajó hasta el 44 %.
En Perú siempre se ha señalado que la fuerza que definía las elecciones presidenciales era el antifujimorismo, que fue decisivo cuando Keiko perdió en segunda vuelta ante Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021), en las dos últimas por tan solo unos 40.000 votos de diferencia.
El movimiento, liderado por los colectivos civiles ‘No a Keiko’ y ‘Fujimori nunca más’, alcanzó tal impacto en la política peruana que se llegó a afirmar que era el «partido político más importante» del país, que solo se activaba para cada elección.
Antes de la segunda vuelta electoral de 2021, el antifujimorismo salió a las calles en más de veinte ciudades para plantear la «defensa de la democracia» y rechazar la reivindicación que la candidata siempre ha hecho del gobierno de su progenitor, quien fue condenado por delitos de corrupción y lesa humanidad.
Keiko Fujimori asegura hasta ahora que durante el mandato de su padre, que fue reelegido dos veces a pesar de que en abril de 1992 dio un golpe de Estado, se cometieron «errores», como califica a los delitos por los que se emitieron sentencias judiciales por violaciones a los derechos humanos y corrupción.
La candidata reivindica un legado ampliamente repetido por sus seguidores: Alberto Fujimori «pacificó al país», en referencia a la derrota del grupo subversivo Sendero Luminoso, y estabilizó la economía nacional tras la hiperinflación generada durante el primer gobierno del también ya fallecido Alan García (1985-1990). Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos.
Durante el actual proceso electoral, el antifujimorismo tan solo convocó para el pasado sábado una manifestación que tuvo como epicentro a la Plaza San Martín, en el centro histórico de Lima, donde se reunieron grupos sociales, civiles y políticos para rechazar nuevamente la posibilidad de que la hija del exmandatario gobierne al país.
Sin embargo, los sondeos de opinión publicados en los últimos días señalaron que Fujimori tiene una ventaja de entre unos 3 % en voto válido sobre Sánchez, con su bastión en Lima y el Callao, que en total reúnen a casi un tercio de la población del país.
El gerente general de la encuestadora CPI, Omar Castro, comentó que en esta ocasión «no se ha activado el antivoto a Fujimori», un fenómeno al que se ha sumado una aparente «decepción» en un sector de la ciudadanía hacia las propuestas de izquierda tras la elección de Castillo en 2021, quien a fines del año siguiente fue destituido y apresado tras también intentar dar un golpe de Estado similar al de Fujimori.
