El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump reiteró este domingo su petición ante la Corte Suprema para implementar nuevas restricciones al voto por correo de cara a las elecciones de mitad de mandato.
La petición se presentó después de que la jueza federal de distrito Indira Talwani ampliara una orden que impide que el Servicio Postal haga cumplir la orden ejecutiva de Trump para los comicios de noviembre.
El forcejeo legal ocurre incluso mientras los estados ya comienzan a enviar boletas por correo, lo que le deja poco tiempo al gobierno para introducir grandes cambios en las reglas de votación por esa vía.
“Ya han comenzado a enviarse boletas por correo en Carolina del Norte, y más estados iniciarán el proceso de envío mientras la orden judicial siga vigente, incluidos Alabama el 9 de septiembre y al menos cinco estados en la semana del 13 de septiembre”, expresó el procurador general John Sauer en la petición.
“Una vez que esos sobres con boletas ingresan al flujo postal, no hay forma de recuperarlos. Y aunque la orden judicial permite que el Servicio Postal y los estados sigan tomando medidas para garantizar que sus sobres cumplan con los requisitos de la norma… cada día que la orden judicial permanece vigente corre el riesgo de sembrar confusión y caos, porque la orden hace que esos pasos preparatorios sean voluntarios, en lugar de obligatorios”.
Es la tercera vez que el gobierno le pide al máximo tribunal que intervenga. La Corte Suprema ha permitido que el plan avance, pero no ha resuelto si es legal.
La batalla jurídica podría tener repercusiones importantes para las elecciones de este año, en las que está en juego el control del Congreso. Casi un tercio de los votantes en Estados Unidos emiten su voto por correo.
Estados gobernados por demócratas y grupos por los derechos electorales sostienen que los cambios son inconstitucionales. Funcionarios electorales argumentan que no hay tiempo suficiente para revisar sus sistemas con el fin de cumplir con las nuevas directrices del Servicio Postal.
El gobierno de Trump ha dicho que las restricciones son cambios de sentido común que están dentro de su autoridad para regular el correo.
“En pocas palabras, la mejor manera de abordar los temores de los encuestados sobre su incapacidad para cumplir con la norma es conceder una suspensión administrativa inmediata de la orden, seguida de una suspensión total mientras se realiza una revisión adicional”, expresó Sauer. “Eso eliminará el manto de incertidumbre indebida que el tribunal de distrito ha proyectado sobre la norma, dejando claro a todas las partes implicadas que el cumplimiento de la norma no es opcional y debe comenzar sin más demora”.
En su petición, el gobierno añadió que la elegibilidad para el voto por correo y el voto en ausencia seguirá rigiéndose por la legislación estatal, y que funcionarios estatales y locales determinarán quién es elegible para usar el método y qué boletas son elegibles para ser contabilizadas. “El Servicio Postal no desempeñará ningún papel en la determinación de la elegibilidad de los votantes, el mantenimiento de los padrones electorales ni el recuento de votos”, agregó.
La ACLU dijo que la norma del Servicio Postal es inconstitucional e ilegal.
“Con menos de 60 días para las elecciones de noviembre, no hay ni un ápice de evidencia de que los estados puedan cumplirla sin privar de sus derechos a los votantes que dependen de las boletas por correo”, dijo Sophia Lin Lakin, directora del Proyecto de Derechos Electorales de la ACLU. “En pocas palabras, este gobierno está corriendo a la Corte Suprema para exigir el derecho a aplicar una norma que no tiene otro propósito que crear caos, socavar la integridad electoral y arrebatar a los votantes elegibles de su derecho esencial a hacer oír su voz en nuestra democracia”.
Desde hace tiempo Trump ha intentado limitar el voto por correo, aunque él mismo suele utilizar ese método para emitir su propio voto. Ha culpado falsamente a la votación por correo de su derrota electoral de 2020 ante el demócrata Joe Biden, difundiendo afirmaciones infundadas de haber sido víctima de un fraude. Pero hasta ahora no ha podido cambiar el añejo procedimiento de votación.
