La economía ha sido el tema principal para los votantes en cuatro de las seis elecciones de mitad de mandato de este siglo, y todo apunta a que en 2026 será la quinta de siete.
Más allá del costo de vida, la guerra en Irán y los aranceles, Estados Unidos se enfrenta a una serie de desafíos económicos a largo plazo de gran envergadura, desde la creciente deuda federal hasta los efectos de la inteligencia artificial.
Sin embargo, muchos estadounidenses siguen subestimando una amenaza potencial para nuestro futuro económico:
el deseo claramente expresado por el presidente Trump de interferir e incluso usurpar las elecciones de mitad de mandato.
El 3 de noviembre podría ser una prueba decisiva para el estado de derecho en este país, y tanto nuestra democracia como nuestra prosperidad están en juego.
Existe la posibilidad —algunos dirían que la probabilidad— de que las elecciones de mitad de mandato se desarrollen sin problemas y con honestidad, y que los ganadores asuman sus cargos de manera directa.
También existe la posibilidad de que las elecciones, como tantas otras cosas en los últimos dos años, sean, en el mejor de los casos, caóticas y, en el peor, ilegales.
Desde amplificar falsas acusaciones de fraude y recortar las defensas contra la injerencia extranjera en nuestras elecciones hasta intentar presionar a los estados para que utilicen una base de datos propensa a errores para depurar los registros de votantes, la administración Trump ya ha puesto obstáculos a unas elecciones de mitad de mandato justas y libres.
Existe un temor generalizado de que Trump y sus aliados puedan ir más allá, incluso enviando agentes federales armados a los centros de votación, confiscando urnas y explotando un vacío legal relacionado con el secretario de la Cámara de Representantes que podría permitirles negarse a admitir a los miembros demócratas debidamente elegidos cuando el nuevo Congreso se reúna el 3 de enero.
Si la administración Trump emprende un esfuerzo por manipular el resultado de las elecciones de mitad de mandato, el impacto económico podría sentirse de inmediato y podría perdurar mucho después de que finalice la presidencia de Trump.
Con la excepción del pujante sector de la IA, la inversión corporativa ya es débil.
La Federación Nacional de Empresas Independientes (NFIB) mide la incertidumbre de las pequeñas empresas un 32 % por encima de su promedio histórico.
Parece un mal momento para añadir mucha más inestabilidad al panorama.
Riesgos
Los riesgos a corto plazo derivados de la injerencia electoral resultan aún más preocupantes si consideramos la posibilidad de que la disputa por los resultados no se limite necesariamente a los tribunales.
Trump se ha negado explícitamente a descartar la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección en relación con las elecciones de 2026.
A partir de finales de 2025, el despliegue masivo de agentes de inmigración en Minneapolis le costó a la ciudad, a sus empresas y a sus residentes unos 700 millones de dólares.
El caos prolongado tras las elecciones, sumado a una agresiva injerencia federal, podría generar perturbaciones similares a nivel nacional.
Cualquier intento de socavar las elecciones acabará por resolverse, ya sea mediante acuerdos políticos, fallos judiciales controvertidos, el uso de la fuerza o una combinación de estos.
Sin embargo, el impacto económico perdurará más allá de cualquier crisis política inmediata.
El Estado de derecho, sustentado por una tradición de elecciones libres y la transferencia pacífica del poder, respalda las decisiones empresariales y atrae a empresas extranjeras a invertir.
Es la base de la posición del dólar como moneda de reserva mundial.
Fortalece la confianza de los inversores en la plena solvencia de Estados Unidos y reduce los tipos de interés de nuestra deuda.
En otras palabras, la integridad de nuestras elecciones ha sido una de las claves de la prosperidad estadounidense.
Estados Unidos aún no ha visto su economía resentida por la falta de confianza en su sistema legal.
«Podemos convivir con una inflación elevada», declaró un ejecutivo turco al Financial Times el año pasado, «pero nuestro mayor obstáculo para invertir es la falta de Estado de derecho».
Un informe del Departamento de Estado de 2024 identificó de manera similar los problemas relacionados con el Estado de derecho —incluida la falta de respeto a los derechos de propiedad, la represión de la crítica y las investigaciones y detenciones arbitrarias— como importantes impedimentos para el clima de negocios en China.
Estados Unidos no necesita convertirse en Turquía o China para sentir las repercusiones económicas de un estado de derecho debilitado.
El economista John Maynard Keynes escribió sobre el «espíritu animal» que impulsa a las personas a participar en la actividad del mercado.
Este espíritu animal de los estadounidenses se ha visto reforzado durante mucho tiempo por la convicción de que su país es el mejor lugar del mundo para iniciar o invertir en un negocio.
Una elección impugnada o anulada podría poner en entredicho esta percepción.
Cuando hablo con líderes empresariales y políticos, incluso muchos de los que reconocen la amenaza que representan las elecciones parecen considerar esa posibilidad remota.
No suelen tomarse en serio los ataques de Trump contra el voto.
En otras palabras, los mercados no están reflejando en los precios lo que yo considero un riesgo significativo.
Trump logra en 2026 lo que no pudo con respecto a las elecciones de 2020, o incluso si provoca un caos generalizado al acercarse a su objetivo, podría generar graves perturbaciones en los mercados de bonos y acciones.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años alcanzó recientemente el 5,36%, superior al registrado tras la crisis financiera de 2008, en parte debido a la preocupación por la trayectoria política del país.
El caos electoral podría aumentar la inquietud de los inversores sobre la capacidad de nuestro sistema político para abordar nuestros problemas fiscales, impulsando aún más los rendimientos.
Esto se traduciría en mayores costos de servicio de la deuda para el gobierno y mayores tasas hipotecarias y facturas de tarjetas de crédito para los consumidores, exacerbando nuestros ya considerables desafíos.
He vivido toda mi vida como ciudadano de una república constitucional que garantiza derechos y protecciones, y me gustaría seguir haciéndolo.
Imagino que la mayoría de los estadounidenses, independientemente de sus inclinaciones políticas, sienten lo mismo.
En las próximas semanas, los líderes empresariales y de todos los sectores de nuestra sociedad deberían colaborar con los funcionarios electos estatales y locales para proteger el proceso político que constituye la base de nuestro sistema constitucional.
Pueden hacerlo mediante declaraciones claras e imparciales de apoyo a la integridad electoral, respaldando a organizaciones no partidistas que protegen nuestras elecciones y ejerciendo influencia discreta para disuadir a quienes pudieran estar considerando medidas para perturbar o anular las elecciones de mitad de mandato.
En más de seis décadas dedicadas a la formulación de políticas económicas, jamás imaginé tener que escribir un artículo como este.
Si actuamos ahora, aún podemos proteger a nuestro gobierno, a nuestra gente y a nuestra economía, y podemos preservar los beneficios que nos corresponden a todos, independientemente de por quién votemos, cuando las elecciones estadounidenses son justas y libres.
Rubin es asesor sénior de Centerview Partners y fue secretario del Tesoro de los Estados Unidos entre 1995 y 1999.
