La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos anunció el lunes que está revocando normas que limitan las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de centrales eléctricas alimentadas con carbón y gas natural, una medida que según la agencia eliminará más de 300.000 millones de dólares en costos para la industria y ayudará a “desatar” a la energía estadounidense.
El cambio de norma, propuesto el año pasado, representa un giro fundamental respecto de los esfuerzos de los presidentes demócratas Joe Biden y Barack Obama por abordar el cambio climático y reducir la contaminación industrial.
Grupos ambientalistas condenaron el cambio, diciendo que perjudicará la salud de los estadounidenses y degradará aún más el medio ambiente. Funcionarios de la agencia (conocida como la EPA por sus siglas en inglés) dijeron que el cambio permitirá a las empresas de servicios públicos tomar decisiones para sus contribuyentes en lugar de verse obligadas a cerrar plantas antiguas o ineficientes.
La norma seguramente enfrentará demandas judiciales. En una acción relacionada, la EPA propuso una norma para impedirle a futuras administraciones regular las emisiones de gases de las centrales eléctricas. La propuesta se produce tras la acción de la EPA este año de revocar una determinación científica que ha sido la base central de la acción nacional para regular las emisiones de gases y combatir el cambio climático.
La medida de febrero eliminó todas las normas de emisiones de gases de efecto invernadero para autos y camiones. El nuevo plan aplicaría una lógica similar a las regulaciones climáticas sobre fuentes estacionarias como las centrales eléctricas.
Los anuncios se produjeron mientras el jefe de la EPA, Lee Zeldin, el secretario del Interior, Doug Burgum, y el secretario de Energía, Chris Wright, organizan una reunión ministerial del G20 sobre “abundancia energética” en Houston. El anuncio de la norma el mismo día es tanto un reconocimiento del importante papel que el Texas desempeña en la industria energética como un posible desaire a aliados europeos y otros aliados internacionales que han impulsado políticas ambientalmente amigables que el gobierno de Trump ha buscado deshacer.
El presidente republicano Donald Trump calificó el cambio climático como “la mayor estafa jamás perpetrada en el mundo” en un discurso ante las Naciones Unidas el año pasado, y su gobierno retiró a Estados Unidos —por segunda vez— del acuerdo climático de París de 2015, que establece metas voluntarias para frenar las emisiones que calientan el planeta.
Trump ha presumido de la abundancia energética de Estados Unidos incluso mientras la guerra con Irán continúa perturbando los mercados mundiales de combustibles y los precios de la gasolina superan los 4,31 dólares por galón, más de un dólar por encima de hace un año.
El entonces presidente de EE. UU., Joe Biden, en Washington D. C. en agosto de 2022. Foto EFELa media busca cumplir la promesa de Trump de “desatar la energía estadounidense” y facilitar que las empresas de servicios públicos suministren electricidad a hogares y negocios.
La norma sobre centrales eléctricas figura entre casi tres docenas de regulaciones ambientales que Zeldin puso en la mira a inicios de 2025, cuando anunció “el día de desregulación más trascendental en la historia estadounidense”.
Zeldin sostuvo al proponer las nuevas normas el año pasado que estaban destinadas a poner fin a la “guerra contra gran parte de nuestro suministro energético interno” de las administraciones de Biden y Obama.
Grupos ambientalistas y de salud pública condenaron la medida como retrocesos peligrosos y prometieron impugnarla en los tribunales.
“Desmantelar las protecciones contra la contaminación de las centrales eléctricas tendrá costos enormes para la salud, la seguridad y el bienestar de las familias en todo el país”, declaró Vickie Patton, asesora jurídica general del Environmental Defense Fund. “La gente en todo Estados Unidos ya está sufriendo por un calor récord, inundaciones y tormentas más peligrosas, y costos de seguros disparados”.
La EPA tiene la responsabilidad legal de proteger al público de la contaminación dañina, señaló Patton, agregando que “existen tecnologías limpias, asequibles y confiables para abastecer de energía nuestros hogares y negocios”.
Las centrales eléctricas alimentadas con carbón, gas y petróleo son responsables de aproximadamente una cuarta parte de la contaminación climática total del país, solo por detrás del sector del transporte. La contaminación de las centrales eléctricas es una de las mayores fuentes de contaminación que altera el clima en el mundo.
Las normas que el gobierno de Trump desea eliminar podrían evitar unas 30.000 muertes y ahorrar 275.000 millones de dólares cada año según un examen de The Associated Press del año pasado que incluyó evaluaciones previas de la propia agencia y una amplia gama de otras investigaciones.
Incluso un desmantelamiento parcial de las normas implicaría más contaminantes como smog, mercurio y plomo y, especialmente, más diminutas partículas en el aire que pueden alojarse en los pulmones y causar problemas de salud, concluyó el análisis de AP. También significaría mayores emisiones de gases de efecto invernadero, lo que llevaría el calentamiento de la Tierra a niveles más mortales.
El lecho seco y agrietado de un lago, camino a Boulder Harbour, en el lago Mead —afectado por la sequía—, en Boulder City, Nevada. Foto AFPBiden, demócrata, había hecho de la lucha contra el cambio climático un sello distintivo de su presidencia. Las centrales eléctricas a carbón habrían sido obligadas a capturar las emisiones de sus chimeneas o a cerrar bajo una estricta norma de la EPA emitida en 2024. Esas normas ahora están siendo borradas.
En su propuesta del año pasado, la EPA de Trump argumentó que el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero procedentes de centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles “no contribuyen de manera significativa a una contaminación peligrosa” ni al cambio climático y, por lo tanto, no cumplen un umbral establecido en la Ley de Aire Limpio para una acción regulatoria. Las emisiones de gases de efecto invernadero de las plantas a carbón y gas “son una parte pequeña y decreciente de las emisiones globales”, indicó la EPA.
Zeldin, republicano y excongresista por Nueva York, afirmó que las normas de la era Biden estaban diseñadas para “asfixiar nuestra economía con el fin de proteger el medio ambiente”, con la intención de regular a la industria del carbón “hasta hacerla desaparecer”.
La industria del carbón y grupos que representan a centrales eléctricas alimentadas con carbón han denunciado la norma de Biden como un “exceso” de la EPA y han instado a su revocación. Levantar la norma protegerá la confiabilidad de la red y bajará los costos de electricidad en momentos de alta demanda por centros de datos, inteligencia artificial y manufactura avanzada, según America’s Power, una organización partidaria del uso del carbón.
