La Corte Suprema de Estados Unidos levantó el viernes las restricciones sobre una controvertida base de datos federal de votantes antes de las elecciones legislativas de noviembre, lo que le concedió al presidente Donald Trump una victoria temporal en su agresiva campaña contra el voto de no ciudadanos.
Por seis votos contra tres, la mayoría conservadora del máximo tribunal suspendió una orden de una corte inferior que impedía al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ampliar el uso de un sistema para ayudar a los estados a identificar posibles no ciudadanos incluidos en los padrones electorales. Los tres jueces de tendencia liberal del tribunal votaron en contra.
La orden de emergencia permite, por ahora, que los estados utilicen el programa llamado Verificación Sistemática de Extranjeros para la Concesión de Derechos (SAVE, por sus siglas en inglés), en sus esfuerzos por verificar la elegibilidad de los votantes en sus padrones.
Pero, debido a que la ley vigente impide que la mayoría de los estados depuren sistemáticamente a los votantes de sus listas dentro de los 90 días previos a una elección, es probable que el impacto inmediato en las próximas elecciones de mitad de mandato sea limitado. Además, el uso del programa SAVE por parte de los estados es voluntario.
La orden del tribunal deja en suspenso la decisión tomada en junio por una jueza federal que había considerado ilegal la versión recientemente renovada de SAVE por parte del gobierno republicano. La jueza de distrito Sparkle L. Sooknanan había bloqueado el uso de la herramienta, al señalar que violaba los derechos de privacidad de los estadounidenses y podía provocar que se eliminara erróneamente a votantes de los padrones.
Un tribunal federal de apelaciones dejó vigente su orden. Pero la mayoría del Tribunal Supremo determinó que una ley de 1996 permite explícitamente que el Departamento de Seguridad Nacional obtenga información sobre ciudadanía e inmigración de otras agencias federales. El gobierno federal también tiene “la obligación de responder” a los estados que buscan verificar la ciudadanía.
“La orden impide que el gobierno federal utilice el programa que considera más adecuado para la tarea”, escribió la mayoría en la orden no firmada.
La jueza Ketanji Brown Jackson discrepó, con el respaldo de las juezas Elena Kagan y Sonia Sotomayor. Jackson escribió que, desde hace tiempo, se considera que la base de datos está amparada por las leyes federales de privacidad, y que existen riesgos reales de que registros legítimos de votantes puedan ser revocados por error.
“El daño causado por imponer cargas o privar del derecho al voto incluso a unos pocos votantes legales supera el daño inexistente que sufre el gobierno cuando se le impide realizar una acción para la que probablemente carece de autoridad”, escribió Jackson.
El programa SAVE se creó en virtud de una ley de inmigración que ordena al Departamento de Seguridad Nacional que colabore con agencias federales, estatales y locales para evitar que no ciudadanos obtengan beneficios gubernamentales.
El gobierno de Trump tomó medidas el año pasado para ampliar de manera significativa sus capacidades de búsqueda. Desde entonces, se han examinado al menos 67 millones de registros mediante el programa, pero los críticos temen que termine depurando a votantes válidos de los padrones.
Algunos inscritos ya han sido señalados erróneamente. En el condado de Travis, Texas, por ejemplo, las autoridades investigaron a 97 votantes marcados por SAVE como aparentes no ciudadanos y descubrieron que al menos el 10% de ellos -y probablemente hasta el 21%- eran ciudadanos de Estados Unidos. El condado instó a la Corte Suprema a rechazar la apelación del gobierno, mientras que el estado de Texas presentó su propio escrito en defensa de la base de datos.
Aunque el uso del programa SAVE ha estado bloqueado durante meses, el gobierno sostuvo en documentos judiciales que funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional han seguido utilizando datos de la Administración del Seguro Social “en ciertos casos para verificar información y ayudar a determinar si pudo haberse producido voto ilegal”.
El Departamento de Seguridad Nacional inició en agosto su propia investigación para encontrar votantes no ciudadanos en los padrones estatales, según la declaración de un denunciante federal que afirmó que el esfuerzo es apresurado, está lleno de errores y podría violar leyes estatales. El Departamento de Seguridad Nacional ha defendido esa investigación al afirmar que se realiza “de manera diligente y profesional”.
El esfuerzo por crear una lista nacional de votantes figura entre numerosas medidas que Trump ha tomado durante su segundo mandato para intentar reformar la manera en que se administran las elecciones. La mayoría de esas medidas han sido bloqueadas por diversos tribunales, en parte porque la Constitución otorga a los estados y al Congreso la autoridad para fijar las reglas electorales, pero no concede ese poder al presidente.
La Corte Suprema rechazó a mediados de septiembre un intento del mandatario de restringir los procedimientos de votación por correo antes de las elecciones de mitad de mandato.
Las investigaciones muestran que el voto de no ciudadanos, que ya es ilegal y punible como un posible delito grave que podría conducir a la deportación, es excepcionalmente raro. Pero Trump se ha mantenido obsesionado con la idea de que enormes cantidades de no ciudadanos están votando en contiendas en Estados Unidos.
