La Comisión Europea presenta este martes una propuesta de reforma de Frontex, su agencia guardafronteras, para ampliar sus competencias y aumentar masivamente su presupuesto y personal para que se convierta en una maquinaria de deportación de inmigrantes irregulares y solicitantes de asilo que vean rechazada su solicitud. Europa lleva desde hace años deportando aproximadamente a un tercio de quienes reciben una orden de expulsión. El resto termina quedándose en los países europeos de forma irregular porque es imposible deportarlos, bien porque sus gobiernos lo nos aceptan, bien porque ni siquiera los reconoce como nacionales para evitar la deportación.
A pesar de los intentos europeos desde hace años, con políticas de palo y de zanahoria para muchos países que no cooperación en política migratoria con la Unión Europea, estos siguen arrastrando los pies, en parte porque lo que reciben en divisas por remesas de sus nacionales en el extranjero supera de largo a lo que les ofrece la Unión Europea por cooperar impidiendo salidas de nacionales y aceptando sus deportaciones.
La iniciativa del comisario europeo de Interior, el muy conservador Magnus Brunner, llega justo después de que los gobiernos europeos, por mayoría cualificada y con voto en contra de países como España y Francia, aprobaran la nueva legislación que permite deportar a migrantes a centros de retorno (que es como las instituciones europeas llaman a los futuros campos de concentración) que algunos gobiernos europeos quieren abrir en países africanos y cuya legalidad estudia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Las políticas migratorias son en buena parte de competencia nacional, no europea, pero Bruselas quiere centralizar y concentrar más poderes en Frontex para que la agencia coordine y organice las deportaciones de migrantes irregulares. Brunner apunta a la creación de un nuevo centro europeo de coordinación de deportaciones, aunque las instituciones los llaman “retornos”, como si quienes son expulsados se fueran generalmente de forma voluntaria.
Frontex ya ejecuta algunas operaciones, como organizar vuelos conjuntos de deportación y ayudar, a pedido nacional, a las autoridades nacionales a identificar migrantes. Pero las decisiones administrativas y judiciales sobre a quien se deporta siguen siendo nacionales.
Frontex ha ido ganando protagonismo en los últimos años. Los datos que maneja la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, aseguran que de los 139.270 migrantes irregulares deportados desde países de la Unión Europea en 2025, Frontex participó en algo más de 63.000 deportaciones. La Comisión Europea quiere centralizar y ampliar esas actividades. Por eso plantea que de 1.206 millones de euros al año la agencia pase a tener casi 2.000 millones al año de presupuesto en el período 2028-2034 y que su personal se multiplique por más de 10 para alcanzar las 30.000 personas.
La Comisión Europea quiere, además, que Frontex asuma competencias y se dote de personal y tecnología para hacer vigilancia de las fronteras europeas y sus zonas exteriores, que intercambie directamente información con países de origen y tránsito de migrantes (sin pasar por los gobiernos europeos) y que colabore más estrechamente con Europol, la agencia que coordina a las policías europeas.
La reforma también plantea que Frontex tenga medios y competencias para vigilar redes sociales para detectar con anticipación movimientos migratorios y que advierta de posibles situaciones de crisis.
Algunos gobiernos se resisten, además, a usar Frontex por el historial de la agencia, implicada en graves violaciones de derechos humanos de migrantes en el Mar Egeo en los últimos años. Fabrice Leggeri, su anterior director general y ahora eurodiputado por el partido de la ultraderechista francesa Marine Le Pen, está procesado en Francia desde mayo por crímenes contra la humanidad por esas actividades ilegales de Frontex.
La ampliación de las competencias y recursos de Frontex llega a la vez que nuevas advertencias de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE, que advierte de problemas recurrentes por no garantizar el respeto a los derechos humanos durante las deportaciones. La agencia de derechos humanos asegura que se usan en exceso medidas de inmovilización sin que se haya hecho un examen individualizado de su necesidad. También advierte de que Frontex no identifica correctamente a personas vulnerables, que separa a familias y que faltan desde intérpretes hasta personal médico.
Esta agencia exige que los observadores de derechos humanos que trabajan vigilando las actividades de Frontex dependan de ella y no de la propia Frontex.
