los recortes de José Antonio Kast reavivan el temor a la «impunidad» entre las víctimas de dictadura de Pinochet

Un recorte cercano al millón dólares en el programa que coordina la búsqueda de los detenidos desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) ha encendido las alarmas entre familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos en Chile, que temen sea un giro del nuevo gobierno hacia políticas de olvido e impunidad.

Una angustia proyectada en el grito «¡Ya no tenemos tiempo para encontrarlos!» y sostenida en otros inquietantes indicios, como la decisión del Ejecutivo de pedir que no se alegue en tribunales contra las solicitudes de beneficios carcelarios para criminales de lesa humanidad.

O también los estrechos vínculos que tienen con el exdictador los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, y el de Defensa, Fernando Barros, dos de los pilares del gabinete que lidera el presidente ultraderechista José Antonio Kast, cuya familia mantuvo igualmente lazos cercanos con Pinochet.

«Tenemos una incertidumbre tremenda porque no sabemos qué va a pasar con la búsqueda de nuestros familiares, este es un Gobierno que no da esas garantías», afirma a EFE Mónica Monsalves desde Cerro Chena, lugar donde fusilaron a su padre en 1973 y donde se realizan excavaciones para buscar un posible cementerio clandestino de la dictadura.

Y es que la reducción presupuestaria afecta sobre todo al programa que aloja el Plan Nacional de Búsqueda, iniciativa impulsada en 2023 para la conmemoración de los 50 años del golpe militar y que busca esclarecer el destino final de las víctimas de desaparición forzada.

El recorte, sumado a los cambios de personal cualificado, «compromete su continuidad y priorización», recalcan los familiares.

Como Monsalves en Chena, Paola Tognola comparte tanto la búsqueda de desaparecidos en Tocopilla, en el norte del país, como la inquietud.

«No tenemos claridad de qué va a pasar el próximo año. Si bien nos dicen que tengamos tranquilidad, tenemos el temor de que nos comiencen de nuevo a cerrar las puertas», señala en respuesta al anuncio del Gobierno de que los fondos solo están garantizados para 2026.

Margarita Romero, presidenta de la Agrupación de Familiares de Colonia Dignidad, añade que los dos primeros meses de este nuevo Gobierno «evidencian un proceso de desmantelamiento progresivo de las políticas de verdad, justicia y memoria, claras señales que configuran un preocupante nuevo ciclo de impunidad que vuelve a dañar a las víctimas y sus familias».

Una perspectiva que niega a EFE el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, quien afirma que el Ejecutivo ha sido «enfático» respecto de la continuidad del Plan y que se coordinan diligencias con el Poder Judicial.

«Sabemos que es una política de Estado que debemos apoyar», afirma.

Las críticas también crecieron tras la reciente liberación de un exagente de la policía política de Pinochet, César Manríquez, condenado por la desaparición forzada de 86 personas, torturas sistemáticas y una ejecución, delitos acreditados por la Justicia.

Manríquez, que acumula 57 sentencias por persecución y asesinato de opositores políticos, se benefició de un fallo dividido de la Corte Suprema que aceptó liberarlo por una supuesta «enajenación mental».

El caso «evidenció falencias metodológicas graves en informes médicos utilizados para justificar beneficios judiciales», denuncia Francisco Ugas, jefe jurídico de Estudio Caucoto Abogados, contrario a la decisión de que el estado no alegue ante la Corte Supremo.

«Cuando existen sospechas de simulación o antecedentes técnicos insuficientes, el organismo debe recurrir y agotar todas las instancias. Existen señales que ponen en duda la continuidad de programas fundamentales para la investigación y sanción de crímenes de lesa humanidad», subraya.

El abogado recalca también que «el Derecho Internacional prohíbe indultos y medidas excepcionales que impliquen impunidad para condenados» por este tipo de delitos.

Hasta abril de 2026, la Unidad de Programas de Derechos Humanos (UPDH), dependiente del estado, participaba en 430 causas criminales, consolidándose como el organismo más relevante en la persecución judicial de delitos de lesa humanidad.

Los posibles indulto a criminales de la dictadura como Miguel Krassnoff, exagente sentenciado a más de mil años de prisión, que Kast dijo en campaña valorar, son la penúltima gran sombra que preocupa a las familias.

Sobre todo porque en el gabinete están ministros como Rabat, que integró el equipo jurídico que defendió a Pinochet en el juicio por la Operación Colombo y en el Caso Riggs, investigaciones vinculadas al asesinato de 119 personas y a la malversación de fondos públicos.

Y Barros, quien también estuvo ligado al exdictador al actuar como su abogado y vocero durante su detención en Londres en 1998.

«¿Qué justicia reparatoria va a haber cuando usted tiene un viejito que está gagá (senil)? Eso ya más bien no es justicia, es venganza.», afirmó Barros en una entrevista reciente.