La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, reveló que había logrado un acuerdo con los legisladores de ese estado para avanzar en la aprobación de una ley que habilite el suicidio asistido para pacientes terminales y explicó que se basaba en los principios de «la compasión y la gracia» para apoyar el proyecto.
La demócrata Hochul explicó su postura en una columna de opinión que publicó recientemente en el diario Times Union, donde marcó sus diferencias con la postura de la iglesia local que rechaza la iniciativa.
El polémico proyecto, que podría reglamentarse en los primeros días de enero, solo se aplicará a los pacientes terminales que tengan una esperanza de vida inferior a seis meses, de acuerdo a lo informado por la prensa neoyorkina.
Con este acuerdo reconocido por Hochul se agregarán requisitos específicos para lograr la autorización de la eutanasia asistida en comparación con el borrador inicial.
Si la norma termina de promulgarse el mes próximo, los pacientes estarán habilitados legalmente para pedir el servicio con medicamentos recetados para concretar su suicidio.
En ese sentido, la gobernadora Hochul dijo haber «llegado a una conclusión» a favor de la aprobación del proyecto y apuntó: «Creo en la compasión y la gracia, virtudes que incluyen permitir que quienes sufren un dolor inimaginable terminen sus vidas con cierto grado de consuelo».
El cardenal Timothy Dolan y el obispo Hicks de Nueva York cuestionaron duramente a la iniciativa y consideraron que el apoyo explícito de la gobernadora implica que «está abandonando a sus ciudadanos más vulnerables, no solo diciéndoles a los enfermos y discapacitados que el suicidio es aceptable, sino que lo fomenta».
La nueva norma exigirá que el paciente terminal presente su solicitud por escrito ante dos testigos y su médico. También pedirá la confirmación escrita de un médico forense de que al paciente le quedan menos de seis meses de vida y de un psicólogo que certifique su capacidad mental.
Ante la importancia de esa decisión, la gobernadora pidió agregar un párrafo al proyecto en el que se otorgue una plazo de cinco días adicionales tras la legalización de la solicitud para cualquier cambio que pudiera disponer el peticionante.
Con información de agencia Ansa.
