Bajo presión, el nuevo alcalde de París, Emmanuel Grégoire, anunció este viernes un millonario plan para responder a las denuncias de presuntos abusos sexuales en las escuelas, que llevaron a la suspensión de 31 supervisores desde inicios de año.
El regidor socialista, de 48 años, asumió el cargo el pasado domingo con estos abusos como su «primera lucha», después que sus rivales responsabilizaran de la situación durante la campaña a su predecesora, Anne Hidalgo.
En París, el ayuntamiento es el encargado de contratar y formar a los supervisores que cuidan y realizan actividades con los niños después de las clases en las escuelas públicas, antes de que sus padres puedan ir a recogerlos.
«Hay que revisarlo todo desde el principio con un objetivo: tolerancia cero«, declaró el alcalde socialista, quien en noviembre confesó que él mismo fue víctima de abusos cuando era niño en el marco de una actividad extraescolar.
Desde inicios de 2026, 78 monitores fueron suspendidos, entre ellos 31 por sospechas de violencia sexual, detalló Grégoire, que prometió «transparencia total» a las familias, cuya «ira», en su opinión, «es legítima».
De los suspendidos este año por violencia física o sexual, nueve trabajaban en la misma escuela infantil. Los padres de alumnos han acusado a la dirección del centro de no informarles de sus sospechas.
La «inmensa mayoría de casos» de violencia sexual «remontan a 2024 y, sobre todo, a 2025», principalmente en escuelas infantiles, explicó. El año pasado, la alcaldía apartó a 16 supervisores por sospechas, según cifras de la alcaldía.
«Si hubo un error colectivo, fue tratar estos casos como incidentes aislados cuando en realidad reflejan un riesgo sistémico, y quizá incluso un código de silencio sistémico«, reconoció el regidor al diario Le Monde.
Los alumnos de educación infantil eran especialmente vulnerables y casi todos los presuntos agresores eran hombres, según el alcalde.
París prevé destinar 20 millones de euros (23 millones de dólares) para el plan, que incluye una mejor selección y formación de los monitores, canales más claros para denunciar los abusos, y transparencia con los padres.
Grégoire, que recibió el lunes a las asociaciones de padres y madres, precisó que publicarán cada trimestre estadísticas sobre casos y suspensiones de monitores, y que comunicarán a las familias el resultado y detalles de los procedimientos abiertos.
«Es un comienzo. Se han retomado algunas de nuestras propuestas, pero faltan medidas de urgencia», dijo a AFP Barka Zerouali, confundadora del colectivo #MeTooEcole e impulsora de una petición que recabó más de 22.300 firmas.
En Francia, el movimiento feminista #MeToo, que puso de relieve los casos de agresiones sexuales a mujeres, también permitió romper el tabú en sectores de la sociedad como el cine y en otros colectivos, como los niños.
En 2021, la Comisión Independiente sobre los Abusos Sexuales en la Iglesia (Ciase) estimó que unos 216.000 menores fueron víctimas de sacerdotes y religiosos entre 1950 y 2020, cifra que sube a 330.000 si se cuentan a los empleados de instituciones religiosas.
Uno de los casos más sonados en los últimos años fue el de Betharram. Más de 200 antiguos alumnos de esta escuela católica del suroeste de Francia denunciaron agresiones físicas y sexuales durante décadas.
