«Justicia socialista” es el lema público del colonizado Poder Judicial en Venezuela, brazo legalista del régimen autoritario que ahora encabeza Nicolás Maduro. El heredero de Hugo Chávez – cabeza visible de un régimen político con sólidas ramificaciones en todas las instituciones- quiere dejar atrás la elección del 28 de julio, calificada como fraude por una oposición que defiende el triunfo de Edmundo González, el aupado por María Corina Machado. Y que la Corte lo consagre ganador.
Ambos opositores son catalogados por Maduro como “prófugos de la justicia, asesinos, traidores a la patria y fascistas”, señalamientos que pueden valer 20 años de cárcel. “Lo que diga el Tribunal Supremo será ley de la República, será santa sentencia y la inmensa mayoría de venezolanos lo acatará y la vida seguirá”, proclamó Maduro en el propio TSJ.
Pero ya el Tribunal ha dado su fallo:
“Desde el TSJ felicitamos al Jefe de Estado Nicolás Maduro por su reelección para el periodo presidencial 2025- 2031. El Poder Judicial felicita al pueblo venezolano por desarrollar un proceso electoral en paz, transparente, eficiente, auditable y ejemplo en el mundo”, celebró en la red X el lunes 29 de julio.
Ese jornada el Consejo Nacional Electoral proclamó ganador a Maduro, lo que desató una ola de protestas y represión. En Venezuela ningún juez o fiscal se atreve a contrariar una orden del Ejecutivo, mucho menos de Maduro aunque sea para perseguir opositores. Ya dos fiscales están presos por no procesar a unos manifestantes.
Esta estrecha relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo está retratada en varios informes. Ya en 2021 la “Misión de determinación de los hechos” sobre Venezuela, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, concluía que el actual TSJ fue compuesto con magistrados nombrados fuera de disposiciones constitucionales.
En diciembre de 2015 el chavismo perdió la Asamblea Nacional (Congreso), y respondió designando a dedo 13 magistrados principales y 21 suplentes para el período 2015-2027. Esos jueces le arrebatarían el poder al Legislativo para dárselo a Maduro y a una Asamblea Constituyente. El presidente terminó gobernando por decreto y a través de la Sala Constitucional del propio TSJ. Eso desató otra fase de la persistente crisis política.
La líder opositora venezolana María Corina Machado en una manifestación de apoyo a Edmundo González, en Caracas. Foto EFEUno de los magistrados elegidos en diciembre de 2015 reconoció que su selección respondió a que “asumieron que él sería leal al Gobierno”. Dijo que de 32 magistrados que componen el Tribunal Supremo de Justicia, “29 fueron seleccionados entre los círculos chavistas”, recoge ese informe.
«Cargos de confianza»
Además de encargarse del Poder Judicial, el TSJ controla la constitucionalidad de las leyes y otras disposiciones legales cuando lo solicita el presidente de la República, explica. De este modo esmerila otros poderes del Estado y se ha puesto a resguardo de cualquier intento de injerencia por parte de otras entidades.
En septiembre de 2018, el nuevo Fiscal General Tarek William Saab –otro militante chavista- eliminó la carrera fiscal y estableció que todos los fiscales ocupan “cargos de confianza”, de libre nombramiento y remoción.
“El ingreso al Ministerio Público no es meritocrático, sino que depende en gran medida de factores personales e influencias políticas partidistas”, dice la Misión. Así, los procedimientos disciplinarios contra fiscales afectan especialmente “a aquellos que investigan a funcionarios públicos, políticos, o de seguridad, así como violaciones de derechos humanos en el contexto de protestas políticas”.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH también documenta esas manchas. La independencia judicial está socavada porque jueces y fiscales no son titulares, trabajan en condiciones precarias y bajo interferencia política, lo que incluye “las estrechas relaciones que existen entre los miembros del TSJ con el Gobierno y el partido gobernante”, señala su informe de julio de 2020.
Esta situación se agrava cada año que pasa. Las autoridades judiciales han sido cómplices de abusos al emitir órdenes de detención para arrestos ilegales, y no proteger a las víctimas de torturas, señala en otro informe –de 2023- la ONG Human Rights Watch. “En Venezuela no existen garantías judiciales y se vive en la práctica sin derecho, porque aunque los derechos estén consagrados, no se pueden ejercer”, dijo el abogado Tulio Álvarez, al medio NTN24.
“La tiranía judicial sirve de escenario para resolverle los problemas al régimen, estamos en una situación de tiranía judicial”, resume. La Sala Constitucional y la Sala Electoral “no son parciales, son ilegítimos, representan un departamento jurídico de un régimen autoritario”, apunta Álvarez.
