El presidente boliviano Rodrigo Paz anticipó el lunes que reducirá su salario y el de sus ministros a la mitad y anunció un perdón para las multas tributarias de los trabajadores informales en un intento por destrabar las protestas que llevan adelante varios sindicatos que exigen su renuncia.
La Paz ingresó a su cuarta semana de bloqueos que han provocado desabastecimiento de alimentos y combustible y han disparado los precios. El intento del gobierno de abrir un “corredor humanitario” para permitir el paso de suministros básicos y vehículos atrapados en las rutas no dio resultado debido a la acción de algunos “grupos violentos” que atacaron a policías y militares, según informes del gobierno y la policía.
“Bolivia está en un momento delicado. Está en quiebra. Una minoría no puede gobernar. Hay que hablar, pero no bajo la presión del hambre. Estoy apostando por el diálogo y volveré a convocarlos”, dijo Paz en la sureña ciudad de Sucre. El anuncio de ajustes en su gabinete para incorporar a sectores sociales tampoco bajó la presión.
La Central Obrera Boliviana (COB), los sindicatos de campesinos y juntas vecinales que lideran las protestas no concurrieron a dialogar el domingo. Cuatro personas han fallecido, tres por falta de atención médica debido a los cortes y una cuarta el sábado supuestamente durante un operativo policial. La Fiscalía anunció investigaciones.
El mandatario no tiene un partido propio ni una alianza legislativa fuerte y ha descartado utilizar la fuerza pública ante un posible agravamiento del conflicto. Tampoco ha declarado el estado de excepción como reclaman sectores empresariales y apostó por el diálogo, que no ha prosperado. El conflicto mantiene polarizado al país entre quienes exigen la dimisión del mandatario y otros que lo respaldan y demandan mano firme para frenar las protestas.
Para el obispo católico Giovanni Arana, que oficia de mediador junto a organizaciones de derechos humanos y el Defensor del Pueblo, el intento de facilitar un diálogo “ha caído en saco roto”.
El expresidente Evo Morales (2006-2019) ha propuesto convocar a nuevas elecciones. El gobierno lo acusa de alentar y financiar las protestas, pero analistas creen que el político que enfrenta cargos con la justicia ya no tiene poder de convocatoria y que busca utilizar el conflicto para levantar cabeza.
Una nueva marcha se dirigía el lunes al centro de La Paz, que ha sido escenario de violentos choques entre manifestantes y la policía que custodia la plaza Murillo, donde están las sedes del Ejecutivo y el Legislativo.
En las estaciones de servicio se formaban largas colas de vehículos que buscaban combustible. “Tampoco hay seguridad para trabajar por los ataques de los motorizados a nuestros afiliados”, dijo el dirigente del transporte público Edson Valdez.
Según la Administradora de Caminos el país registraba el lunes 54 puntos de bloqueos, la mayoría en La Paz.
Varios analistas coincidieron en que la mayoría de los movilizados votaron por Paz desencantados por 20 años de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) y atraídos por su discurso de ajustes graduales para superar la peor crisis económica de los últimos 40 años. “Hemos votado por Paz… y nos ha traicionado”, dijo la dirigente agraria Esther Chura mientras participaba de una marcha a La Paz.
El problema ya no es reivindicativo, es político, dijo el exgobernador de La Paz y sociólogo Félix Patzi. Paz debe redefinir su proyecto de gobierno incorporando a esos sectores sociales que protestan, agregó.
