Para justificar los ataques marítimos de su administración y su creciente campaña de presión sobre Venezuela, el presidente Donald Trump ha recurrido regularmente a afirmaciones que distorsionan las circunstancias, conllevan contradicciones y tergiversan el lenguaje.
Trump afirma que un «conflicto armado» legitima la matanza de personas a bordo de los buques, pero expertos en derecho de la guerra afirman que no se cumplen los requisitos para que exista una guerra.
El gobierno actúa como si el término venezolano «Cartel de los Soles» para referirse a soldados corrompidos por el dinero del narcotráfico fuera un cártel real.
Ha reinterpretado las drogas como un «arma» y las ha catalogado como «terrorismo».
¿El argumento principal para usar la fuerza armada?
Sobredosis causadas por fentanilo proveniente de México.
¿El objetivo de los ataques?
Embarcaciones sospechosas de transportar cocaína desde Sudamérica.
¿La presunta participación de un presidente venezolano en el narcotráfico?
¿Un ex presidente de Honduras condenado en un tribunal estadounidense por hacer exactamente lo mismo?
Argumentos
Trump tiene un largo historial de declaraciones falsas o engañosas.
Pero la gran cantidad de ellas en los ataques a embarcaciones de su administración y la campaña de presión sobre Venezuela ha sido excepcional.
El patrón se remonta a febrero, cuando, por orden de Trump, el secretario de Estado Marco Rubio designó a ocho cárteles de la droga y grupos criminales latinoamericanos como «organizaciones terroristas», incluyendo el Tren de Aragua, una pandilla carcelaria venezolana.
El presidente venezolano Hugo Chávez saluda a sus partidarios durante un recorrido de campaña por un barrio de Caracas, el 21 de noviembre de 2006. Chávez, expresidente de Venezuela, influyó significativamente en la industria petrolera del país durante su mandato, de 1999 a 2013. (Tyler Hicks/The New York Times)Desde entonces, el equipo de Trump ha insistido en calificar a estos grupos y a sus presuntos miembros de «narcoterroristas».
En términos sencillos, los terroristas son fanáticos que usan la violencia para promover alguna causa ideológica o religiosa.
Los cárteles de la droga son empresas sin escrúpulos que buscan lucrarse suministrando un producto ilícito, a pesar de estar prohibido.
En marzo, Trump declaró que podía invocar una ley de deportación en tiempos de guerra contra venezolanos sospechosos de estar en Tren de Aragua —y deportarlos sumariamente a una prisión notoria en El Salvador— porque, dijo, Nicolás Maduro, el líder de Venezuela, estaba ordenando a esa pandilla llevar a cabo una “invasión”.
Pero las agencias de inteligencia estadounidenses creen lo contrario:
que la evidencia muestra que la pandilla no está sujeta al control de Maduro, está en desacuerdo con su gobierno y carece de la organización para obedecer órdenes efectivamente.
Y aunque los tribunales federales dijeron que no tenían la capacidad de cuestionar la afirmación de Trump de que la pandilla era un brazo del gobierno de Maduro, dictaminaron que la inmigración ilegal simplemente no era una “invasión” en tiempos de guerra, por lo que la ley de deportación no se aplicaba.
En julio, el Departamento del Tesoro designó formalmente al «Cártel de los Soles» como organización terrorista y declaró a Maduro como su líder.
El mes pasado, el Departamento de Estado hizo lo mismo.
Con base en esto, el gobierno suele calificar a Maduro de líder de un cártel.
Pero «Cartel de los Soles» no se refiere a un cártel de la droga real.
Es un término coloquial venezolano, que data de la década de 1990, para referirse a los militares que aceptan sobornos de narcotraficantes y es esencialmente una forma peyorativa de referirse al gobierno venezolano como inusualmente corrupto.
Orden
También en julio, Trump envió una orden al secretario de Defensa, Pete Hegseth, a quien la administración llama «secretario de Guerra».
La orden le instruía a Hegseth a comenzar a atacar con fuerza letal a las embarcaciones de narcotráfico vinculadas a cárteles en aguas internacionales.
El 2 de septiembre, los militares atacaron la primera embarcación de este tipo.
Llevaba a 11 personas, quienes, según Trump, eran miembros del Tren de Aragua. Trump también publicó un video que muestra uno de los ataques, lo que sugiere una operación simple y limpia.
Trump declaró al Congreso que el ataque fue en «defensa propia».
Pero resultó que el buque se dirigía a un lugar asociado con el transbordo a Europa y había regresado, aparentemente asustado por una aeronave militar, antes de que comenzara el ataque, lo que plantea la pregunta de si representaba una amenaza inminente.
También se reveló que el buque había sufrido múltiples impactos, no solo el que se muestra en el video, y que uno posterior mató a dos sobrevivientes iniciales.
Los hombres habían subido al casco volcado y saludado mientras un avión de vigilancia sobrevolaba el lugar antes de que un almirante ordenara un segundo ataque.
Incluso en un conflicto armado, matar a náufragos que están fuera de combate es un crimen de guerra.
En informes al Congreso, el almirante justificó el segundo ataque alegando que los hombres podrían haberse comunicado con narcoterroristas, pero luego admitió que no había otras embarcaciones en los alrededores ni señales de que tuvieran radios, según personas familiarizadas con los informes.
También se dice que argumentó que parte del presunto cargamento de cocaína podría haber quedado bajo el casco, en cuyo caso, lo que él llamó un «arma» aún estaba presente.
A mediados de septiembre, el asesor antiterrorista de Trump intentó otro argumento.
Sostuvo que, dado que la administración había etiquetado a los cárteles como «organizaciones terroristas extranjeras» (OTF), era legal usar la fuerza militar contra ellos.
Sin embargo, la ley que permite tales designaciones busca cortar la financiación y el apoyo a dichos grupos.
No autoriza ataques militares contra ellos.
Ante la impugnación de esta medida, las autoridades optaron por usar un término diferente para los cárteles y pandillas cuyos presuntos miembros, según afirmaban, los militares podían abatir legalmente:
OTD, que significa «organizaciones terroristas designadas«.
Ese término es inventado y no proviene de la ley.
Después de un segundo ataque en barco, la administración le dijo al Congreso que Trump había “determinado” que Estados Unidos estaba en un conflicto armado formal con los cárteles de la droga y que las tripulaciones de los barcos eran “combatientes”, no civiles, contra quienes sería un asesinato o un crimen de guerra atacar.
Es difícil encontrar a alguien con conocimientos sobre derecho de los conflictos armados fuera de la administración que esté de acuerdo.
Las personas no pierden su condición de civiles por cometer delitos.
La cocaína es una droga recreativa ilegal, no un arma ni una bomba, y enviarla a consumidores estadounidenses que desean comprarla puede ser un delito, pero no constituye un ataque armado.
Presionada para que explique qué puede justificar las ejecuciones extrajudiciales de presuntos traficantes de drogas, la administración Trump ha citado un aumento en las muertes por sobredosis en la última década.
Pero ese aumento, que comenzó a disminuir después de 2023, se debió principalmente al fentanilo, que se fabrica en laboratorios de México con precursores químicos de China.
Estados Unidos está atacando barcos procedentes de Sudamérica que transportan cocaína, suponiendo que la información que justifica los ataques sea correcta.
Autodefensa
La administración Trump también ha declarado que Estados Unidos puede usar la fuerza armada en la «autodefensa colectiva» de países como Colombia y México, cuyas fuerzas de seguridad a veces se enfrentan a tiroteos con sicarios de cárteles.
Sin embargo, una nación debe solicitar asistencia antes de que otra pueda usar la fuerza en su defensa colectiva.
En lugar de pedirle a Estados Unidos que haga estallar barcos, los presidentes de ambos países han condenado los ataques.
Una importante justificación para la promesa del gobierno de expulsar a Maduro del poder es que, en 2020, fue acusado formalmente de conspirar para exportar cocaína a Estados Unidos.
Sin embargo, hace tres semanas, Trump indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien había sido declarado culpable el año pasado de conspirar para exportar cocaína a Estados Unidos a gran escala.
El lunes, Trump firmó una orden ejecutiva que designa el fentanilo como «arma de destrucción masiva».
Sin embargo, ese término tiene un significado legal:
un arma química, biológica o radiológica, o un explosivo capaz de matar a muchas personas en un incidente con múltiples víctimas.
El año pasado, alrededor de 48.000 estadounidenses que consumieron drogas ilegales murieron por sobredosis relacionadas con el fentanilo.
Sin embargo, se trató de muertes individuales, no de un evento con un gran número de víctimas.
El martes, Trump declaró en redes sociales que las fuerzas navales estadounidenses en Venezuela implementarían un “BLOQUEO TOTAL Y COMPLETO DE TODOS LOS BUQUES PETROLEROS SANCIONADOS”.
Un bloqueo es un acto de guerra, por lo que la declaración generó titulares impactantes.
Pero el término también significa algo específico:
impedir que todos los buques entren o salgan de los puertos de una nación enemiga.
La amenaza de interceptar a un puñado de petroleros que ya fueron sancionados por ayudar a Irán a vender su petróleo, dejando a otros buques libres para transitar, es una operación policial, no un «bloqueo».
c.2025 The New York Times Company
