Un excomandante militar venezolano, acusado de ordenar torturas y que había adoptado una nueva vida como actor de televisión en el sur de Florida, ha sido deportado, según las autoridades de inmigración estadounidenses, interrumpiendo el caso de sus acusadores en un tribunal federal.
El comandante, Rafael José Quero Silva, un ex teniente coronel de la Guardia Nacional de Venezuela, fue deportado este mes, según informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en un comunicado el miércoles.
Quero Silva dirigió una unidad militar de notoria represión en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela, incluso durante la represión de las protestas antigubernamentales en 2013 y 2014.
Posteriormente, llegó a Estados Unidos y permaneció allí más tiempo del permitido por su visa, según el ICE.
En 2018, venezolanos residentes en el país descubrieron que había rehecho su vida en los suburbios de Miami como extra en la telenovela en español «Mi Familia Perfecta».
El ICE detuvo a Quero Silva en febrero de 2025, y más tarde ese mismo año, cinco personas lo demandaron en un tribunal federal, alegando que soldados los habían torturado, disparado o golpeado bajo el mando de Quero Silva en medio de la represión gubernamental contra las protestas.
La deportación de este mes provocó un giro inesperado en la demanda.
Almudena Bernabeu, abogada internacional de derechos humanos que representa a los demandantes, expresó su decepción por no tener la oportunidad de un juicio completo.
Sin embargo, Bernabeu afirmó que sus clientes seguirán buscando una indemnización y la oportunidad de dejar constancia de sus experiencias.
“Lucharemos para que se haga justicia, aunque sea en ausencia”, dijo Bernabéu.
“Es muy importante que sus historias sean escuchadas”.
El abogado de Quero Silva, Eduardo X. Pereira, no respondió a la solicitud de comentarios realizada el jueves por la tarde.
Si la demanda, presentada en el Distrito Sur de Florida, hubiera prosperado, habría sido la primera vez que un oficial militar venezolano hubiera sido juzgado en Estados Unidos tras ser acusado de abusos cometidos bajo el gobierno de Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela.
Después de que Maduro asumiera el poder tras unas elecciones muy disputadas en 2013, los venezolanos que cuestionaban los resultados protestaron durante meses, incluso en Barquisimeto, una ciudad de 1,2 millones de habitantes en el noroeste de Venezuela.
Las manifestaciones se tornaron violentas y se cobraron al menos 40 vidas en todo el país, incluidos nueve miembros de las fuerzas de seguridad, y supusieron un punto de inflexión en la disposición del nuevo gobierno a reprimir la disidencia.
Organizaciones de derechos humanos documentaron casos de redadas agresivas por parte de soldados en Barquisimeto, que incluyeron el uso de gases lacrimógenos y la falta de órdenes de registro en al menos 12 complejos residenciales cerrados.
Caso
La demanda presentada en Estados Unidos contra Quero Silva acusaba a los soldados bajo su mando de disparar gases lacrimógenos y balas de goma contra complejos de departamentos; prender fuego al tejado de un edificio; romper ventanas de apartamentos; y dañar edificios y automóviles.
Una demandante afirmó que su departamento había sido atacado porque solía prestar ayuda a los manifestantes.
Según la demanda, Quero Silva solía estar al frente, supervisando estas redadas militares.
Los demandantes lo conocían y afirmaron haberlo reconocido mientras estaban detenidos o participaban en protestas, un hecho inusual en casos de derechos humanos donde las víctimas buscan que los perpetradores rindan cuentas.
Quero Silva regresa a una Venezuela que ha cambiado drásticamente desde que la dejó.
El ejército estadounidense detuvo a Maduro en un complejo en la capital, Caracas, en una operación este año, y anunció que enfrentaría cargos por narcotráfico en Estados Unidos.
Posteriormente, la administración Trump respaldó al vicepresidente de Maduro como nuevo líder interino del país, y el presidente Donald Trump declaró que la supervisión estadounidense podría durar años.
Posteriormente, dos fuertes terremotos azotaron el norte de Venezuela este verano, devastando el país y poniendo de manifiesto hasta qué punto los servicios de emergencia, la atención médica y otros sectores críticos de la nación habían sido debilitados por la corrupción y la mala gestión durante muchos años.
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