La consulta pública es una de las instancias previstas dentro de la evaluación ambiental minera en San Juan. El mecanismo permite que ciudadanos, instituciones y organizaciones accedan a los Informes de Impacto Ambiental (IIA) de los proyectos mineros y presenten observaciones antes de que la autoridad competente emita la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
La evaluación ambiental constituye una etapa obligatoria para los proyectos de minería en San Juan. En ese marco, el Decreto 007/2024 del Ministerio de Minería provincial, establece procedimientos destinados a garantizar el acceso a la información pública ambiental y la participación ciudadana durante el análisis de cada iniciativa.
La normativa señala que toda persona tiene derecho a acceder de manera libre y gratuita a la información ambiental relacionada con proyectos mineros, sin necesidad de justificar interés alguno. Este principio busca que la comunidad pueda conocer los alcances de cada propuesta y contar con información disponible antes de que se adopte una decisión ambiental.
La consulta pública: El proceso
La consulta pública comienza una vez que el titular del proyecto presenta el Informe de Impacto Ambiental. A partir de ese momento, la documentación queda disponible para su revisión durante un plazo que varía según la magnitud del emprendimiento: cinco días hábiles para proyectos pequeños, diez días para proyectos medianos y veinte días para proyectos grandes.
Durante ese período, las personas interesadas pueden registrarse, acceder al expediente y presentar observaciones, consultas u objeciones por escrito. Todas las intervenciones realizadas son incorporadas al expediente administrativo y deben ser respondidas por los responsables del proyecto.
Las observaciones recibidas forman parte de los antecedentes considerados durante el proceso de evaluación ambiental y son analizadas antes de la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental. Este procedimiento se integra con los estudios técnicos y los dictámenes elaborados por las áreas competentes y no es vinculante.
La normativa también establece que durante el período de consulta debe llevarse un registro de las personas que acceden a la documentación, consignando datos como nombre, documento, fecha y firma. De esta manera, queda formalmente documentada la participación desarrollada durante la instancia de consulta pública.
El Decreto 007/2024 incorpora principios vinculados a la sustentabilidad, la responsabilidad ambiental, la interdisciplinariedad y el acceso a la información pública. Estas disposiciones se encuentran alineadas con la legislación nacional vigente y con compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de participación ciudadana ambiental.
De esta forma, la consulta pública se consolida como una herramienta prevista dentro de la evaluación ambiental minera, permitiendo que la comunidad tenga acceso a la información de los proyectos y participe del proceso previo a la definición ambiental que adopte la autoridad competente.
