El ministro de Producción, Gustavo Fernández, encabezó la delegación sanjuanina, que que estuvo presente en un multitudinario encuentro, y junto a su par de Mendoza Rodolfo Vargas Arizu fijaron una posición clara sobre las resientes medidas desregulatorias adoptadas. Ambos resaltaron la necesidad del camino de simplificación adoptado referido a la mayor parte del anuncio. Pero durante este el encuentro vitivinícola realizado en Mendoza, insistieron, junto a las cámaras, asociaciones y entidades técnicas de Cuyo, que algunos de los cambios propuestos por el Gobierno nacional como la voluntariedad del Certificado de Ingreso de Uvas (CIU), no solo que no han sido requeridos por el sector en ninguna de las etapas de su cadena, sino que representan un riesgo grave a la pérdida de trazabilidad y riesgos a la calidad de nuestros vinos.
Por la provincia participaron el Ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández y el secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno. En tanto por el sector privado, participaron el presidente de la Cámara Vitivinícola, Gustavo Samper, el referente de Bodegas Argentinas, Mario Pulenta. Estuvo también el diputado electo y ex vicepresidente del INV, Abel Cicconi, además de Alfredo Olivera y Eduardo Garcés por la Federación de Viñateros y Pedro Pelegrina por el Consejo de Enólogos.
La reunión contó además con la presencia del presidente del INV Carlos Tizio, representantes de la secretaría de agricultura de la Nación, autoridades mendocinas y de numerosas cámaras y asociaciones de la vecina provincia vinculadas a la industria vitivinícola.
Durante el encuentro hubo un consenso unánime: solicitar que el CIU continúe siendo obligatorio, al considerarlo una herramienta esencial para asegurar trazabilidad y ordenamiento de toda la cadena vitivinícola.
En la oportunidad , el ministro Gustavo Fernández, en sintonía con los planteos casi unánimes de los presentes, le expresó al ministro nacional de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el beneplácito por la simplificación haciendo un análisis de los alcances de la normativa eliminada, pero al mismo tiempo marcando los impactos negativos que tendría dejar voluntariamente la emisión del CIU, más aún en el contexto de crisis que vive la industria. “Para asegurar la libertad de mercado necesitamos información y orden, y el CIU obligatorio es una herramienta que da trazabilidad a la producción y protege a los productores que son el eslabón débil de un cadena”, señaló Fernández durante la reunión.
La posición sanjuanina destacó que flexibilizar el sistema restaría un elemento de trazabilidad fundamental y profundizaría asimetrías entre los actores de la industria, afectando especialmente a los pequeños y medianos productores, por lo que su obligatoriedad es importante para preservar el equilibrio y la competitividad del sector vitivinícola.
Todos los actores presentes, tanto de San Juan como de Mendoza, solicitaron mantener la obligatoriedad del CIU y evitar cualquier cambio que pueda afectar la transparencia y la sustentabilidad de la vitivinicultura argentina.
El Ministerio Struzeneguer escuchó las posiciones y sin adelantar o confirmar cambios se comprometió a analizar las sugerencias recibidas.
