La guerra contra el tabaco no ha terminado en España. A lo largo de las últimas décadas las autoridades han alejado a los fumadores de los restaurantes, oficinas, hospitales, escuelas y estadios, han convertido el tabaco en un vicio más caro vía impuestos y sobre todo se han asegurado de que cualquier ciudadano que se lleve un pitillo a los labios sepa los riesgos a los que expone su organismo. El Gobierno no da por finalizada sin embargo la ofensiva y, en sintonía con las directrices de la Unión Europea, acaba de aprobar un real decreto centrado en el tabaco. Eso sí, en esta ocasión centra el foco en un aspecto muy concreto: los residuos que genera.
No es su único frente, pero uno de los objetivos de la nueva norma es que deje de ser una estampa habitual encontrarse con calles y playas «sembradas» de colillas.
De tabaco y leyes. Si de algo sabe la industria tabacalera en España es de legislación. Desde los años 80 se han aprobado varias normas que han intentado regular (y acotar) el consumo de tabaco, incluida la bautizada «Ley Antitabaco» de 2010. Ahora el sector tendrá que familiarizarse con un nuevo Real Decreto.
Para ser más precisos, el 1093/2024, una norma publicada el miércoles en el BOE y que entre otras cuestiones regula la gestión de los residuos que generan tanto el tabaco como específicamente los filtros. En este caso el acento se pone, más que en la salud de los fumadores o quienes los rodean, en el cuidado del entorno. «Se trata de uno de los diez productos de plástico de un solo uso que más frecuentemente aparece en las playas de la UE», señala el Ministerio de Transición Ecológica.
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¿Fabricas? Reciclas. El decreto recoge varias medidas, pero una de las más relevantes es que exige a los fabricantes de tabaco que se hagan cargo de la basura que genera su consumo. Para ser precisos, el ministerio habla de que cumplan con «sus obligaciones financieras en relación con la gestión de los residuos», una tarea que puede asumir cada empresa por libre o en conjunto, como colectivo.
¿En qué consiste esa obligación? El departamento de Teresa Ribera detalla que los fabricantes deben «financiar la limpieza de los vertidos de basura dispersa». Y eso, aclara, incluye tanto la recogida de los residuos arrojados a «los sistemas públicos de gestión» como los que acaban en las redes saneamiento y depuración.
El Gobierno va más allá y, además de la «recogida» de desechos, habla de su «tratamiento». También de labores de concienciación y estudios. En aquellos casos en los que la recogida de la basura dependa de sistemas de RAP (Responsabilidad Ampliada del Productor), el modelo que se usa ya para los envases domésticos, las tabacaleras tendrán que llegar a acuerdos para costear la gestión de su basura.
Otra tarea: prevención. No es la única misión que se encomienda a las empresas del sector. El ministerio aclara que a partir de 2030 los fabricantes, al menos los que superen una cuota anual del 2,5%, deberán elaborar «programas de prevención y ecodiseño». El objetivo está claro: reducir la carga de plástico de sus productos y su «abandono como basura dispersa». De hecho la propia norma señala la necesidad de «concretar» dónde suelen acumularse esos residuos.
Hay más. Como parte de esa cruzada contra las colillas, el decreto establece un objetivo a medio plazo. Más bien una obligación. En cinco años los cubos de basura de las calles o plazas tendrán que permitir separar «los residuos de productos del tabaco con filtros y los filtros». El empeño vuelve a ser el mismo otra vez: evitar que las colillas acaben contaminando los arenales, donde como recuerda el Gobierno ya son uno de los residuos más frecuentes… y problemáticos.
¿Adiós a fumar en la playa? Depende. El decreto da carta blanca a los ayuntamientos para que puedan limitar el consumo de tabaco en sus playas, si así lo consideran. En caso de que decidan hacerlo y lo trasladen a sus ordenanzas, los fumadores que se salten la norma se arriesgarán a una multa. En Barcelona ya han tomado una medida similar y en Galicia incluso hay una «red de playas sin humo».
El ministerio cita en concreto el artículo 18.1.l de la ley 7/2022, que habla precisamente sobre «frenar» la generación de basura en las playas y reconoce la capacidad de los ayuntamientos para «regular las limitaciones» en los arenales. La nueva norma recoge de forma expresa que está en manos de cada ayuntamiento «establecer limitaciones» a los fumadores en las playas si así lo desean.
¿Algo más? Sí. La norma que ha acaba de recibir luz verde del Consejo de Ministros esta semana contempla la posibilidad de ir más allá para reducir el impacto del tabaco en el entorno. Y eso pasa, en palabras de Transición Ecológica, por abrir la puerta a que en el futuro puedan marcarse «objetivos de prevención» e incluso «criterios o condiciones para el diseño» de los productos. Si los estudios lo aconsejan, tampoco descarta que se adopte una recogida de «basura separada».
Con un ojo en las costas. «Esta directiva forma parte de los esfuerzos de la UE para la prevención y la lucha contra la basura marina y se centra en los productos de plástico de un solo uso que más frecuentemente aparecen en las playas, entre los que se encuentran los productos del tabaco que contienen plástico», reivindica el Gobierno: «Se pretende reducir el enorme impacto medioambiental causado por estos residuos, que se desechan de manera incontrolada en el medio ambiente».
Cartel informativo de la FCTC, de la Organización Mundial de la Salud.
¿Tan grave es? Hay algunos datos que nos ayudan a hacernos una idea. Un estudio publicado en Science of the Total Environment advertía que el 75% de los fumadores arroja sus colillas al suelo tras acabar con su cigarrillo, e insistía en el impacto que ese hábito tiene en el entorno. «Esos residuos se dispersan libremente en el medio ambiente, no son biodegradables, contienen 15.000 hebras de fibras y más de 7.000 sustancias químicas tóxicas que se liberan al medio marino». Hay cálculos que señalan que solo en España se generan 2.720 t de colillas al año.
La Organización Mundial de la Salud aporta otro dato revelador. Según sus cálculos, cada año se desechan alrededor de 4,5 billones de colillas. Y como una imagen dice más que mil palabras, pone un ejemplo práctico de qué supone esa cantidad: permitirían llenar unos 60.000 contenedores de transporte y cargar 30 buques. El organismo recalca también que, aunque una sola colilla pueda parecer insignificante, su suma total supone un auténtico reto. «Las colillas y sus filtros liberan sustancias tóxicas y microplásticos en el medio ambiente», recalca.
El sector mueve ficha. El Gonierno no es el única que ha movido ficha. Para cumplir con las pautas del nuevo decreto, la industria tabaquera se ha organizado en torno a una asociación a la que ha llamado Ávora. Su creación, reivindican las empresas, es una demostración del «compromiso del sector con el cumplimiento de sus responsabilidades medioambientales». Uno de sus objetivos, de hecho, es «asumir los costes asociados a la limpieza, transporte y tratamiento de residuos» y «reforzar” las campañas de educación para reducir el impacto de las colillas.
«El propósito es disminuir el impacto ambiental de los residuos de filtros de tabaco, que contienen plástico, alineándose con la directiva SUP de la Unión Europea, destinada a reducir el impacto medioambiental de algunos productos plásticos», aclara la industria, que recuerda que a lo largo de los últimos seis años ha desarrollado varias campañas de concienciación precisamente para «promover la correcta eliminación de colillas» e incluso ha llegado a distribuir más de 205.000 ceniceros portátiles y reutilizables en espacios públicos repartidos por España.
Imágenes | Brian Yurasits (Unsplash), Sajjad Zabihi (Unsplash) y WHO
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