Mientras España contiene el aliento para que ese goteo de víctimas llegue a su fin tras la mayor catástrofe en lo que va de siglo ocurrida en el país, muchos se preguntan cómo ha sido posible un desastre de esta magnitud en tan poco tiempo. Eliminando de la ecuación lo intangible de la naturaleza, algunos datos comienzan a aflorar y dar contexto al drama que se está viviendo. Por ejemplo, el hecho de que desde hace 20 años una zona se reconociera como “crítica” para las inundaciones, y se levantara «ladrillo» conociendo el dato. Curiosamente, coincidiendo con la burbuja inmobiliaria y financiera que estalló en 2008 y 2009.
La noticia. Lo contaba ayer Datadista a través de los números obtenidos por el sistema europeo de emergencias por satélite Copernicus EMS. La zona inundada por la DANA en la provincia de Valencia alcanza hasta las 15.633 hectáreas, con una población afectada que asciende a las 190.000 personas, 17.597 edificaciones residenciales implicadas y 3.249 km de calles y carreteras inundadas.
Sin embargo y tirando del hilo, el medio ha encontrado algo muy interesante a través del análisis de todos los edificios para uso residencial publicados por el Catastro (y ubicados en la zona delimitada de forma preliminar por Copernicus EMS): más de las 75.000 viviendas están afectadas por la DANA, y desde 1950, casi un tercio se construyó este siglo. Irónicamente, se levantó ladrillo cuando se sabía que esas zonas eran extremadamente críticas.
El Plan de 2003. Nos referimos al Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA), un instrumento de planificación territorial diseñado para gestionar y mitigar los riesgos asociados a las inundaciones en la región. Aprobado inicialmente en 2003 (y luego revisado en 2015), el plan establece directrices y medidas para prevenir y reducir los daños que las inundaciones pueden causar en personas, bienes y el medio ambiente.
¿Cuáles? Los objetivos principales del PATRICOVA incluyen desde entonces los siguientes puntos:
- Evaluar y conocer los riesgos de inundación en el territorio de la Comunitat Valenciana.
- Incorporar la variable de inundabilidad en los planes, programas y proyectos territoriales y urbanísticos.
- Coordinar acciones entre las administraciones públicas y agentes sociales para minimizar las consecuencias negativas de las inundaciones.
- Orientar los desarrollos urbanísticos hacia áreas no inundables o de menor peligrosidad, promoviendo modelos territoriales más eficientes.
- Gestionar las zonas inundables dentro del sistema de Infraestructura Verde, favoreciendo la conservación y mejora de los paisajes naturales y culturales relacionados con el agua.
En definitiva, el PATRICOVA clasifica el territorio en diferentes niveles de peligrosidad de inundación y establece limitaciones y recomendaciones para el uso del suelo en función de estos niveles. Además, supuestamente promueve la realización de estudios de inundabilidad y la implementación de medidas estructurales y no estructurales para la defensa contra inundaciones.
Ahora, el trabajo de Datadista pone en duda muchas de estas acciones, ya que buena parte de las edificaciones de las zonas afectadas (tres de cada diez viviendas) se levantaron en «zonas inundables» conociéndose que así lo eran.
Zona cero y construcción. De hecho, de acuerdo a los mapas que presentan en Datadista, la zona cero de la catástrofe se sitúa en el cinturón sur del área metropolitana de Valencia, un espacio donde viven más de 200.000 personas. La misma es una zona situada en un área inundable, ya que recibe las precipitaciones generadas en el interior de la provincia, que desembocan principalmente en la Albufera de Valencia y en el mar a través del nuevo cauce del río Turia.
Precisamente una parte importante de las inundaciones de la DANA se dieron por una inundación fluvial, provocada por las escorrentías producidas en barrancos y lugares más elevados, espacios donde un tren de tormentas se autorregeneró durante horas. Resultado: una precipitación acumulada en 24 horas de 618 litros por metro cuadrado, con una precipitación máxima en una hora de 179,4 l/m² y un pico de 42 l/m² en solo 10 minutos, un récord absoluto de lluvia en España en una hora.
Construir en zona críticas. La pregunta que nos viene a la cabeza viendo los datos del medio es clara: ¿Por qué se permite construir en “zonas inundables”? A nivel nacional debemos acudir al Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH), un conjunto de normas que regula la gestión, protección y uso del dominio público hidráulico, incluyendo en la ecuación los ríos, arroyos y otras corrientes de agua continentales. Su objetivo es garantizar la conservación y el uso sostenible de los recursos hídricos y minimizar los riesgos asociados a fenómenos como las inundaciones.
Su última actualización tuvo lugar el año pasado, en 2023, y seguía permitiendo la construcción de viviendas en zonas inundables, siempre que, en función de su riesgo y peligrosidad, se adoptaran medidas para mitigar el riesgo y mejorar la seguridad. A este respecto, el Consorcio de Compensación de Seguros dispone de una guía explicativa sobre cómo implementar estas medidas, ya que alrededor de tres millones de españoles viven en zonas de alto riesgo de inundación.
Un problema «enquistado. Contaba El País que España tiene más de 26.000 km de ríos con zonas inundables donde viven 2,7 millones de personas. Lo ocurrido en Valencia ha evidenciado la necesidad de medidas estructurales y la revisión de planes de gestión como el del Júcar. ¿El problema? La expansión urbanística descontrolada desde los años 60, que permitió la construcción en áreas inundables.
«Esto ocurrió hasta prácticamente el año 2015, cuando la última versión de la ley del suelo obligó a los ayuntamientos a elaborar un informe de inundabilidad con mapas de riesgo de inundación y a declarar como no urbanizables esos suelos”, explica Jorge Olcina al medio, catedrático de la Universidad de Alicante de Ordenación del Territorio.
Aunque, como decíamos, desde 2003 y su revisión en 2015 la ley exige informes de inundabilidad, todavía hay municipios con planes antiguos que no contemplan restricciones. A este respecto, el catedrático resaltaba que «todos los planes de más de 15 años deben actualizarse para incorporar normativas actuales».
Imagen | Patricova, IGN
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