El Departamento del Tesoro de Estados Unidos amplió este jueves las sanciones contra el régimen cubano al incluir al presidente Miguel Díaz-Canel y a familiares cercanos, así como a miembros de la familia Castro y a organizaciones consideradas pilares del sistema de control del Estado cubano.
Como presidente, Díaz-Canel es el rostro institucional del sistema, la figura visible de un poder dictatorial que lleva mandando en Cuba 67 años.
La medida anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) agrega a cinco personas y cinco entidades a la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), lo que implica el bloqueo de bienes e intereses sujetos a jurisdicción estadounidense y restricciones para realizar transacciones con personas o empresas norteamericanas.
Entre los sancionados figura el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, su esposa Lis Cuesta Peraza y su hijastro Manuel Anido Cuesta e hijo de Lis. Además aparecen en la lista Raúl Alejandro Castro Calis, hijo del coronel cubano Alejandro Castro Espín, ambos son nieto e hijo respectivamente de Raúl Castro.
La inclusión de Díaz-Canel y varios miembros de su entorno representa una de las acciones más directas tomadas por Washington contra la estructura de poder cubana desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.
Además de las sanciones personales, el gobierno de Trump apunta esta vez contra organizaciones consideradas fundamentales en la estructura política, militar y económica de la isla.
Entre ellas se encuentran los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) creados en 1960 y considerado uno de los principales mecanismos de movilización y vigilancia política del régimen y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), organismo encargado de las relaciones con grupos de solidaridad internacional y creado desde el 30 de diciembre de 1960.
La lista incluye al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) fundado a solo meses del triunfo revolucionario de 1959, a la empresa Minera La Victoria S.A. fundada 14 de agosto de 2020 y dedicada a la extracción de minerales metálicos no ferrosos, así como a la agencia de viajes Amistur Cuba S.A. creada el 19 de enero de 1996.
El Gobierno cubano condenó las sanciones financieras de EE.UU. y aseguró que toda acción dirigida a «construir un escenario de conflicto» está destinada al «fracaso». El canciller cubano, Bruno Rodríguez, aseguró en redes sociales que la «vil inclusión» de Díaz-Canel, parte de su familia y otras personas e instituciones cubanas en la lista de sancionados es «la última muestra del plan intervencionista estadounidense» para presentar a La Habana «como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos».
«Cada acción estadounidense dirigida a construir un escenario de conflicto entre los dos países estará destinada al fracaso. Cada amenaza contra la independencia y soberanía de Cuba tendrá como respuesta más unidad y determinación de nuestro pueblo», concluyó el ministro
Estados Unidos mantiene un embargo contra la isla comunista desde 1962, y bajo el segundo mandato de Donald Trump el cerco ha ido aumentando.
Washington está combinando las sanciones económicas contra figuras y empresas del régimen, las medidas jurídicas, como la histórica inculpación de Raúl Castro, de 95 años, por el abatimiento de dos avionetas en 1996, y un bloqueo petrolero de facto desde principios de año.
Cuba vive su peor crisis económica y humanitaria desde el triunfo de la Revolución castrista de 1959. Washington y La Habana mantienen negociaciones para una salida a la crisis, que por ahora no arroja frutos.
Washington acusa a Cuba, situada a 90 millas de Florida, de ser una amenaza a su seguridad, mientras que La Habana asegura estar dispuesta a negociar sin renunciar lo que considera su soberanía.
