BAHÍA DE GUANTÁNAMO, Cuba — Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 dejaron el World Trade Center en ruinas, miles de muertos y una nación conmocionada y temerosa de lo que pudiera suceder después.
Mediante una serie de acciones secretas, la administración de George W. Bush trazó un nuevo rumbo para intentar prevenir más ataques.
Decenas de presuntos terroristas fueron trasladados clandestinamente a lugares secretos durante años.
Muchos fueron torturados por interrogadores de la CIA.
Sin derecho a guardar silencio.
Sin los Convenios de Ginebra.
Khalid Sheikh Mohammed, quien más tarde sería acusado de idear el complot, fue desnudado, abusado analmente y sometido a la tortura del ahogamiento simulado 183 veces.
Un psicólogo amenazó con matar a su hijo si morían más niños en ataques de Al Qaeda.
La agencia mantuvo a sus cautivos en régimen de aislamiento mientras los interrogaba cientos de veces, adoctrinándolos de hecho para que creyeran que si no hablaban, serían torturados aún más.
Ahora, 25 años después, los costos y las concesiones que se hicieron entonces todavía resuenan en la angustiosa espera de un juicio en un tribunal militar lejano, donde el legado de la tortura planea sobre el caso del 11 de septiembre.
Los jueces militares han desestimado todas las confesiones clave en los casos de pena de muerte en la Bahía de Guantánamo, Cuba, porque los acusados fueron torturados por la CIA.
Khalid Shaikh Mohammed en septiembre, en una foto facilitada por sus abogados.La quinta y última sentencia se dictó a principios del mes pasado.
Semanas después, el Tribunal Supremo rechazó revisar el acuerdo alcanzado entre la fiscalía y Mohammed, junto con otros dos acusados de conspiración.
Los presos habrían recibido cadena perpetua a cambio de admitir públicamente su participación específica en la trama.
¿Cambio?
¿Podría ser este un punto de inflexión para las familias de las víctimas del 11 de septiembre, que han esperado tanto tiempo por un día de justicia?
El juez fijó recientemente la fecha del juicio para el 5 de junio de 2028.
“Creo que es un momento importante”, dijo Jessica Trant, cuyo padre, Dan, corredor de bolsa, murió en el World Trade Center.
“Un juicio al menos nos daría la oportunidad de escuchar las pruebas, afrontar lo sucedido y tal vez recuperar un poco del poder que hemos perdido por el camino”.
Dicho esto, Trant añadió:
«También sé que el hecho de que estemos avanzando hacia un juicio no significa que realmente lo vayamos a tener».
John Ryan, excomandante del grupo de trabajo en la zona cero y jefe de la policía de la Autoridad Portuaria, afirmó que dos años era demasiado tiempo de espera.
Le preocupa que los abogados que han estado trabajando en el caso como defensores en casos de pena capital puedan envejecer o que surja otro problema.
“Adelantemos la fecha del juicio para evitar imprevistos”, dijo.
“Esto también beneficiaría a los familiares mayores que desean ver justicia en vida”.
Pero el otro caso de pena de muerte en Guantánamo avanza primero:
la selección del jurado comenzó el mes pasado en el juicio de un hombre saudí acusado de tener un papel clave en el atentado suicida contra un buque de guerra de la Armada estadounidense en un puerto de Yemen el 12 de octubre de 2000.
Diecisiete marineros estadounidenses murieron en el ataque de Qaeda y decenas más resultaron heridos.
Agentes de la policía militar caminando desde la puerta de control del Campamento 6, un edificio penitenciario situado en la zona de detención de la Bahía de Guantánamo, en 2019. Foto Doug Mills/The New York TimesLas audiencias recientes en ese caso se centraron en determinar si el acusado, Abd al-Rahim al-Nashiri, está demasiado traumatizado por las torturas que sufrió mientras estuvo bajo custodia de la CIA entre 2002 y 2006 como para ser sometido a juicio.
A continuación, analizamos cinco decisiones cruciales que nos han llevado hasta este día.
Decisión nº 1: Se produce el pecado original.
Mohammed fue capturado en Pakistán en marzo de 2003 y trasladado a una prisión secreta de la CIA en Polonia, conocida como centro de detención clandestino.
Allí, entre otras cosas, fue sometido a la tortura del ahogamiento simulado en una búsqueda desesperada del paradero de Osama bin Laden y de información sobre otras posibles células durmientes y complots.
Podríamos llamarlo el pecado original.
Estados Unidos podría haberlo trasladado a Guantánamo, donde el ejército mantenía detenidos a unos 650 prisioneros de más de 40 países en aquel entonces.
O podría haber sido enviado a Estados Unidos.
“Desde el principio dijo:
‘Llévenme a Nueva York, denme un abogado y con gusto hablaré con ustedes’”, declaró Rita Radostitz, una de sus abogadas, ante el tribunal en septiembre de 2021.
“Pero en lugar de hacer eso, en lugar de aceptar su oferta, el gobierno optó por un camino diferente”.
Pero la CIA no puede operar en territorio estadounidense.
Camp Justice, en la bahía de Guantánamo, donde se celebran los procesos ante comisiones militares para los detenidos acusados de crímenes de guerra. Foto Erin Schaff/The New York TimesEstados Unidos lo llevó en una odisea de tres años y medio a través de prisiones controladas por Estados Unidos, desde Europa del Este hasta Afganistán, donde estuvo incomunicado y, según su abogado, fue interrogado cientos de veces, a veces hasta tres veces al día.
Decisión n.º 2: Los «equipos de investigación» federales ayudarían a reunir pruebas para los casos.
En 2006, se reveló la existencia del sistema penitenciario, hasta entonces secreto, y Bush ordenó el traslado de los acusados a Guantánamo para ser juzgados.
Lo que los prisioneros habían contado a los interrogadores estadounidenses cientos de veces en los centros de detención clandestinos era innegablemente obtenido bajo coacción y sería inadmisible en cualquier tribunal estadounidense.
Los abogados del gobierno de Bush decidieron que, para someterlos a juicio, se necesitarían nuevas pruebas.
Por ello, se convocó a agentes federales, denominados «equipos limpios», a Guantánamo para obtener nuevas confesiones.
En esta ocasión, en enero de 2007, se les comunicó a los presos que su participación era voluntaria.
Los prisioneros fueron llevados con los ojos vendados y grilletes a un antiguo centro de detención secreto de la CIA en Guantánamo para ser interrogados.
La administración Bush también optó por omitir algunos aspectos clave:
a los prisioneros aún no se les había permitido consultar con abogados, y no se les informó que sus cientos de declaraciones anteriores no podían usarse en su contra.
Estas decisiones resultarían catastróficas dos décadas después.
Las audiencias en el caso de Mohammed y otros cuatro hombres también acusados de conspiración apenas habían comenzado cuando Barack Obama fue elegido en 2008.
El nuevo presidente suspendió los procedimientos en Guantánamo.
El fiscal general Eric Holder anunció, tras un período de análisis, que la administración Obama había optado por juzgar a los acusados del 11 de septiembre en un tribunal civil federal de Nueva York.
Decisión número 3: El equipo de Obama retrasó las transferencias.
La administración Obama no trasladó de inmediato a los acusados a Nueva York ni a ningún otro lugar donde se celebrara el juicio, incluso cuando los fiscales civiles concluyeron que no podían utilizar las llamadas confesiones del equipo limpio.
Los fiscales federales consideraban que las pruebas no serían admisibles porque los agentes que interrogaron a los hombres en Guantánamo no les habían leído sus derechos (la advertencia de Miranda).
La decisión de juzgar a los hombres en Nueva York provocó una protesta política, y el Congreso prohibió el uso de fondos federales para trasladarlos a Estados Unidos para ser juzgados.
El caso fue devuelto a Guantánamo, y los fiscales militares optaron por un camino diferente.
Intentarían utilizar las confesiones del equipo de investigación, que ahora han sido rechazadas por tres jueces militares y un tribunal militar de apelaciones debido a los años de tortura y aislamiento que sufrieron los prisioneros.
Aún resentido en 2024, Holder culpó a «los políticos y oportunistas que cuestionaron mi decisión de presentar demandas ante los tribunales federales».
Añadió: «De no haber sido por sus maquinaciones políticas, Khalid Sheikh Mohammed sería ahora solo un mal recuerdo».
Decisión n.º 4: Los fiscales pasaron años defendiendo las confesiones.
En 2018, el primer juez militar del caso, el coronel James L. Pohl del Ejército, suprimió las confesiones del equipo de investigación de los entonces cinco acusados en el caso del 11 de septiembre.
(Desde entonces, se determinó que uno de ellos no estaba mentalmente apto para ser juzgado).
El juez dictaminó que el marco establecido por los fiscales para proteger los secretos de la CIA era injusto.
La información proporcionada a los abogados defensores, según el juez, les negaba la «particularidad y los matices necesarios para presentar un relato rico y vívido del período de tres a cuatro años bajo custodia de la CIA».
Los fiscales apelaron, declarando que las declaraciones de 2007 eran pruebas cruciales para el juicio por la pena capital.
Años de litigio examinaron el programa de violencia y aislamiento de la CIA, culminando el mes pasado cuando el juez militar desestimó las declaraciones del cuarto y último acusado del 11 de septiembre.
Decisión 5: Se llegó a un acuerdo con la fiscalía, pero posteriormente se anuló.
En el verano de 2024, el secretario de Defensa, Lloyd J. Austin III, se retractó de los acuerdos de culpabilidad que, según los fiscales, eran «el mejor camino hacia la resolución definitiva y la justicia en este caso».
Los fiscales habían negociado discretamente durante años con Mohammed y otros dos acusados.
A cambio de cadena perpetua, los acusados admitirían abiertamente su participación específica en el complot de secuestro que causó la muerte de 2976 personas y renunciarían a casi todas las vías de apelación posteriores a la condena.
Los fiscales presentarían su caso ante un jurado militar. Los prisioneros accedieron a responder preguntas escritas de los familiares de los fallecidos mediante un proceso conocido como justicia restaurativa.
Pero Austin afirmó desconocer el acuerdo y optó por revocarlo.
Esa decisión dio lugar a dos años más de litigio.
Los tribunales inferiores dictaminaron que Austin actuó demasiado tarde para rescindir el contrato; posteriormente, un tribunal civil dictaminó que tenía la facultad para hacerlo.
El 19 de octubre, la Corte Suprema decidió no cuestionar la autoridad de Austin para tomar esa decisión.
Por el momento, el juicio de Mohammed y los demás sigue en pie y está previsto que comience el 5 de junio de 2028.
Tom Resta ha ido a Guantánamo cuatro veces para presenciar los procedimientos y no tiene ninguna fe en que se mantenga la fecha del juicio.
“Se suponía que el juicio comenzaría en 2021”, dijo Resta, cuyo hermano John y su cuñada Sylvia murieron en el World Trade Center.
Ella estaba embarazada de siete meses.
c.2026 The New York Times Company
