El Gobierno venezolano ha ordenado a todos los cuerpos policiales la búsqueda inmediata y captura de cualquier persona involucrada en la promoción o apoyo a un supuesto ataque armado de Estados Unidos contra el país, según establece el Artículo 5 del Decreto N° 5.200 que declara el Estado de Conmoción Exterior en Venezuela.
Al mediodía local de este lunes, en varios lugares de Caracas, se establecieron puntos de control para revisar los teléfonos celulares de las personas, a quienes se les obligaba a descender de sus automóviles.
El texto del decreto del estado de excepción fue publicado en Gaceta Oficial con la firma del depuesto gobernante Nicolás Maduro y con fecha 3 de enero, el día que fue capturado en Caracas tras una serie de ataques estadounidenses contra instalaciones militares venezolanas.
El decreto declara un Estado de Conmoción Exterior por 90 días prorrogables, moviliza totalmente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, militariza infraestructuras críticas como servicios públicos y la industria petrolera, y otorga al Ejecutivo facultades extraordinarias, incluyendo requisición de bienes, cierre de fronteras y posible suspensión de manifestaciones.
El decreto de estado de emergencia está vigente desde el sábado, pero fue publicado este lunes.
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El decreto ordena la implementación inmediata de todos los planes de defensa nacional en estricto apego a la Constitución, la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación.
El texto faculta a los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) y a los cuerpos de seguridad para identificar, localizar y capturar a cualquier ciudadano que haya colaborado con potencias extranjeras.
El gobierno calificó la operación estadounidense como una «agresión imperialista» y una «violación de la soberanía», por lo que cualquier ayuda interna se procesa bajo cargos de traición.
El artículo principal declara el paso inmediato a la «lucha armada» para proteger las instituciones republicanas y los derechos de la población frente a lo que denominan una «guerra colonial».
El decreto ordena el despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación en todos los estados y municipios, permitiendo controles estrictos sobre la movilidad y la seguridad interna para neutralizar posibles «focos de traición» o espionaje.
Y autoriza al Estado a tomar control absoluto de refinerías, sistemas eléctricos y puertos, permitiendo la requisa de bienes y servicios privados si se consideran necesarios para la defensa nacional
La orden de arresto específica responde a las filtraciones en medios estadounidenses sobre una fuente interna (un «activo» de la CIA dentro del círculo de Maduro) que habría facilitado las coordenadas exactas para la incursión de la Fuerza Delta.
El decreto utiliza este argumento para justificar una purga y búsqueda activa dentro de las instituciones del Estado, bajo la premisa de que la seguridad nacional ha sido comprometida por «agentes infiltrados».
Este tipo de discurso combativo por parte de las autoridades venezolanas a cargo del pais tras la caída de Maduro encontraron en Donald Trump una seria advertencia. Si la presidenta en funciones no colabora con Estados Unidos «su suerte será peor que la de Maduro».
Dicho esto, la presidenta interina Delcy Rodríguez emitió un comunicado el domingo, invitando a Estados Unidos al diálogo.
