Cuando Francia se prepara para otro «sábado negro» de movilizaciones este fin de semana frente a una insurrección y protestas que no finalizan, el gobierno francés analiza la posibilidad de prohibir y bloquear temporariamente las redes sociales y sus contenidos, a través de los cuales se organizan los saqueos.
El gobierno va a aplicar un procedimiento de urgencia, que permite solicitar el bloqueo de redes sociales que no retiren, en el plazo de una hora, contenidos que inciten a «la insurrección o al armamento contra el Estado».
El ministro del interior Laurent Nuñez explicó el mecanismo, tras precisar que hay pruebas de que los saqueos y vandalismo son coordinados a través de las redes.
«No se trata de una prohibición de las redes sociales, sino que permite eliminar un mensaje o un contenido», aclaró el ministro del Interior.
«En términos generales, estamos ampliando la normativa que ya existe para el terrorismo, la pornografía infantil y el tráfico de estupefacientes. La extendemos en este caso a los llamamientos a la violencia, especialmente en el contexto de manifestaciones. Por tanto, será posible eliminar un contenido de una red social en un plazo de 24 horas, o incluso en una hora, si dicho llamamiento incita a la insurrección», explicó.
Una vidriera tapiada en París y una inscripción que reza: «Ya vaciada», en relación a los saqueos del 17 de octubre. Foto: REUTERS «El 17 de octubre surgieron problemas con las redes sociales y estamos sacando las conclusiones pertinentes», añadió Laurent Nuñez en RTL, refiriéndose a la jornada de movilización de estudiantes de secundaria -protestando también contra el alto costo de la vida-, que fue la que registró mayores desórdenes.
«Hay violentos y saqueadores que han salido al espacio público para robar en negocios. Se han coordinado, han recibido instrucciones y se han comunicado a través de las redes sociales», dijo.
«Si las plataformas no retiran los llamamientos a la insurrección, se podrá proceder a su desindexación», precisó también el ministro. Eso implicaría llegar al punto de ocultar por completo una red social, eliminándola de las tiendas de aplicaciones y de los resultados de los motores de búsqueda.
Las redes y la democracia
Desde Marsella, el presidente Emmanuel Macron arremetió esta semana contra «las redes sociales, que dañan nuestras democracias», describiendo estas plataformas como «instrumentos para movilizar lo peor» durante las manifestaciones, ya que generan «una especie de desrealización de la violencia».
«Se han utilizado -especialmente el día 17 de octubre- para atraer a personas, jóvenes o no tanto, a lugares donde se han producido actos delictivos, ataques y saqueos», afirmó el jefe del Estado, lamentando «la gran confusión actual, una especie de excitación permanente y una fascinación por la violencia».
Cabe señalar que el tema del bloqueo de las redes sociales ha surgido en varias ocasiones durante los últimos días.
El medio digital Blast publicó una información exclusiva al respecto el sábado 24 de octubre. Este medio de investigación tuvo acceso a una carta que Sébastien Lecornu habría enviado dos días antes a los directivos de los cuatro grandes operadores franceses (Orange, Bouygues Telecom, Free y SFR).
La movilización de sindicatos y estudiantes del sábado 24 fue masiva en París y terminó con choques entre algunos grupos violentos y la policía. Foto: EFE En esencia, el ministro les pedía que estuvieran preparados para un bloqueo temporal de las aplicaciones Snapchat, TikTok e Instagram, en caso de que se produjeran nuevos actos violentos al margen de las manifestaciones del 24 de octubre.
Siempre según Blast, aunque el gobierno deseaba un bloqueo limitado a las redes móviles 4G y 5G, y a zonas geográficas específicas, los operadores respondieron que no podían implementar tal segmentación a corto plazo.
En el pasado, TikTok ya fue objeto de prohibición en Francia -concretamente en los territorios de ultramar- durante los mortíferos disturbios ocurridos en Nueva Caledonia en 2024. En el mes de mayo, la red social permaneció suspendida por orden del gobierno durante cerca de quince días. Se trató de una medida controvertida, impugnada ante el Consejo de Estado por asociaciones de defensa de las libertades.
Al no poder recurrir a la ley del 3 de abril de 1955 sobre el estado de emergencia -que solo permite el bloqueo de un sitio o una red en caso de incitación «a la comisión de actos terroristas o apología de los mismos»-, el gobierno se basó entonces en la «teoría de las circunstancias excepcionales». Una doctrina jurisprudencial que permite a la administración apartarse de la legalidad ordinaria en situaciones de crisis. Este criterio fue validado por el Consejo de Estado durante la pandemia de Covid-19.
Las plataformas estarían obligadas a retirar dichos contenidos en un plazo de 24 horas. De lo contrario, se enfrentarían a un «bloqueo» o a la «eliminación de los resultados de búsqueda».
La aprobación en el Senado
El gobierno logró el martes, en el Senado, la aprobación de una medida que abre la puerta al bloqueo en redes sociales de contenidos que inciten a la violencia.
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, considera esta medida una respuesta a los destrozos cometidos al margen de las manifestaciones del 17 de octubre. «En este preciso momento, circulan llamamientos para el próximo sábado que constituyen incitaciones a la insurrección. Es este tipo de contenido el que queremos retirar», explicó el ministro ante los senadores, durante el examen del proyecto de ley «quien rompe, paga» («casseurs-payeurs»).
Una enmienda a este texto, presentada el lunes y modificada a última hora por el gobierno, fue aprobada durante la noche en la cámara alta por 219 votos a favor frente a 115 en contra.
La medida contempla ampliar el ámbito de actuación de la plataforma Pharos -donde se denuncian contenidos ilícitos en Internet- para permitir que la autoridad administrativa solicite la retirada de contenidos «susceptibles de causar una grave alteración del orden público», especialmente cuando inciten a daños materiales, actos de violencia o insurrección.
«Se trata de desarmar a los delincuentes y el uso que hacen de las redes», celebró el senador del partido Los Republicanos (LR), Damien Michallet. La derecha, la mayor parte de los centristas y la Agrupación Nacional (Rassemblement National) apoyaron la medida.
La izquierda se opuso firmemente. El ecologista Thomas Dossus denunció un «obstáculo desproporcionado a la libertad de expresión».
El comunista Fabien Gay consideró que este mecanismo podría facilitar «el control de los movimientos sociales» si cayera en manos de un «régimen autoritario». Algunos legisladores de LR y del centro también expresaron sus dudas sobre la «proporcionalidad» de la medida.
«No estamos hablando de cerrar las redes sociales. Simplemente hablamos de utilizar el sistema Pharos para eliminar contenidos», intentó aclarar Laurent Nuñez.
En su proyecto de ley -conocido como «que los alborotadores paguen»-, el gobierno también logró la aprobación de otra medida muy criticada: permitir que el prefecto imponga prohibiciones individuales de manifestarse a los perfiles más violentos, incluso sin que exista una condena previa.
En caso de ataque terrorista, existe un procedimiento para bloquear la telefonía e internet, salvo para la policía y los servicios de emergencia.¿Por qué no aplicar este procedimiento en caso de incidentes violentos, que se asemejan al terrorismo?
